El PSOE logra aprobar una iniciativa para proteger a menores frente a redes sociales y exige cumplir la estrategia regional
La Asamblea Regional ha aprobado una iniciativa del Grupo Parlamentario Socialista para exigir al Gobierno de Fernando López Miras medidas urgentes de protección de la salud mental de niños, niñas y adolescentes frente al impacto de las redes sociales, así como el cumplimiento íntegro de la Estrategia de Mejora de Salud Mental 2023-2026 de la Región de Murcia. La moción ha salido adelante con el respaldo de la mayoría del arco parlamentario y la abstención del Partido Popular.
La viceportavoz socialista Marisol Sánchez ha advertido de que cada vez más jóvenes están “desbordados emocionalmente” en un entorno digital que favorece la comparación constante, la ansiedad, la baja autoestima y la exposición permanente a contenidos diseñados para retener su atención. La iniciativa aprobada reclama al Ejecutivo autonómico que deje de retrasar recursos previstos en la estrategia regional y que adopte medidas de prevención y protección ante los riesgos digitales que afectan a menores y adolescentes.
Uno de los datos más preocupantes señalados por Sánchez afecta directamente a la Región de Murcia: uno de cada tres adolescentes realiza un uso problemático de las redes sociales. Además, según la encuesta ESTUDES 2023 citada por la diputada socialista, el 22,5% de los escolares murcianos de entre 14 y 18 años presenta riesgo elevado de uso problemático de internet, una cifra que asciende al 27,8% entre las chicas.
El PSOE sostiene que estos datos exigen una respuesta pública inmediata, especialmente cuando la propia Estrategia de Mejora de Salud Mental 2023-2026 contempla recursos que todavía no se han materializado. Marisol Sánchez ha denunciado que el Gobierno regional mantiene pendientes de cubrir 10 nuevas plazas de Psiquiatría y 24 puestos de Psicología Clínica, pese a estar previstas en dicha estrategia.
“Ante esta situación, el Gobierno regional sigue incumpliendo la Estrategia de Mejora de Salud Mental 2023-2026, manteniendo paralizada la creación de plazas previstas para profesionales especializados”, ha denunciado la viceportavoz socialista.
Uno de cada tres adolescentes y una atención psicológica insuficiente
La iniciativa socialista coloca en el centro del debate una realidad que ya afecta a miles de familias: el uso intensivo de redes sociales, la exposición temprana a plataformas digitales y la falta de recursos suficientes para atender los problemas de salud mental juvenil. La adolescencia es una etapa especialmente vulnerable, marcada por la construcción de la identidad, la necesidad de pertenencia, la comparación social y la presión del grupo. En ese contexto, el entorno digital puede amplificar inseguridades, angustias y conductas de riesgo.
Sánchez ha puesto el foco en problemas emocionales vinculados al uso excesivo de redes sociales, entre ellos ansiedad, depresión, trastornos del sueño, adicción digital, baja autoestima, distorsión de la imagen corporal y fenómenos como el FOMO, el miedo a perderse experiencias sociales. La exposición constante a imágenes idealizadas, métricas de aprobación y contenidos personalizados puede generar una presión difícil de gestionar para menores que todavía no cuentan con herramientas emocionales suficientes.
La diputada socialista ha recordado también datos de UNICEF según los cuales en España el acceso al móvil se produce ya a los 10,8 años de media, mientras que el 95,5% de los adolescentes utiliza al menos una red social y más del 75% está presente en tres o más plataformas.
Estos datos dibujan una realidad muy clara: la vida digital de los menores no es un fenómeno marginal ni una cuestión limitada al ámbito privado de cada familia. Forma parte de su socialización, de su ocio, de su comunicación y, en muchos casos, de su exposición a riesgos emocionales, comerciales y algorítmicos. Por eso, el PSOE reclama que las administraciones actúen desde sus competencias y no trasladen toda la responsabilidad a padres, madres o centros educativos.
La moción aprobada contempla dos líneas de actuación. Por un lado, insta al Gobierno de España a adoptar medidas legislativas que garanticen la protección de menores en entornos digitales. Por otro, exige al Gobierno regional el cumplimiento íntegro de la Estrategia de Salud Mental antes de finalizar 2026, así como el impulso de medidas autonómicas de prevención y protección frente a los riesgos digitales que afectan a niños y jóvenes.
Redes diseñadas para enganchar y menores sin suficiente protección
La iniciativa llega después de conocerse una reciente sentencia dictada por un jurado de Los Ángeles, en California, que declaró culpables a Meta, propietaria de Instagram, Facebook y WhatsApp, y a Google, dueña de YouTube, por diseñar plataformas orientadas a generar adicción entre adolescentes y no advertir adecuadamente de sus riesgos para la salud mental, según ha recordado el PSOE en la Asamblea.
Sánchez también ha citado el primer ensayo científico en España sobre redes sociales y menores, liderado por la Comunidad de Madrid, cuyas conclusiones apuntan a que plataformas como Instagram, TikTok y YouTube influyen directamente en los niveles de inseguridad y ansiedad de los adolescentes.
El debate ya no gira únicamente en torno al tiempo que los menores pasan delante de una pantalla. La cuestión de fondo es cómo están diseñadas esas plataformas, qué contenidos priorizan, cómo funcionan sus algoritmos, qué datos recopilan, qué estímulos ofrecen y qué capacidad tienen los menores para resistir entornos pensados para prolongar su permanencia. La tecnología no es neutra cuando su modelo de negocio depende de captar atención de forma constante.
Por eso, la protección de la salud mental juvenil requiere una respuesta amplia. No basta con recomendar a las familias que limiten horarios o retiren móviles. Hace falta educación digital, prevención en centros escolares, recursos sanitarios, orientación a familias, investigación, regulación, responsabilidad de las plataformas y profesionales suficientes para atender a quienes ya presentan síntomas de malestar emocional.
En la Región de Murcia, el PSOE insiste en que el Gobierno de López Miras no puede reclamar preocupación por la salud mental mientras mantiene sin cubrir plazas previstas en su propia estrategia. La falta de psiquiatras y psicólogos clínicos dificulta la atención temprana, alarga esperas y deja a muchos jóvenes sin una respuesta adecuada cuando empiezan los problemas.
La salud mental infantil y juvenil necesita profesionales, coordinación y continuidad. Los centros educativos pueden detectar señales de alerta, las familias pueden acompañar y pedir ayuda, pero si el sistema sanitario no dispone de recursos suficientes, la prevención se queda corta y los problemas pueden agravarse.
Una generación que no puede esperar
Marisol Sánchez ha cerrado su intervención con una llamada a la responsabilidad colectiva. “No podemos permanecer impasibles mientras nuestras hijas e hijos crecen en un entorno digital inseguro. Toda la sociedad en su conjunto debe involucrarse en este tema, es algo que los padres y madres de nuestra generación nos debemos y les debemos a nuestros hijos e hijas y en lo que ya vamos tarde”, ha afirmado.
La aprobación de la iniciativa obliga ahora al Gobierno regional a responder. El PSOE exige que se cubran las 34 plazas pendientes de Psiquiatría y Psicología Clínica previstas en la Estrategia de Mejora de Salud Mental 2023-2026 y que se activen políticas específicas de protección frente a los riesgos digitales. La abstención del PP deja al Ejecutivo de López Miras ante una moción aprobada que reclama hechos, no nuevas declaraciones.
La Región de Murcia afronta un problema creciente que combina salud pública, educación, tecnología, igualdad y protección de la infancia. Los datos sobre uso problemático de internet y redes sociales entre adolescentes murcianos no permiten mirar hacia otro lado. Tampoco lo permite la falta de profesionales suficientes para atender la demanda en salud mental.
La crisis de bienestar emocional entre los jóvenes no se resolverá con alarmismo ni con prohibiciones simples. Necesita políticas serias, recursos públicos y una mirada que entienda el mundo digital en el que ya viven los menores. Pero la primera obligación del Gobierno regional es cumplir su propia estrategia y dotar al sistema de los profesionales que prometió.
Mientras uno de cada tres adolescentes murcianos presenta un uso problemático de redes sociales y miles de familias buscan respuestas ante ansiedad, dependencia digital, problemas de sueño o baja autoestima, la Región no puede permitirse que 10 plazas de Psiquiatría y 24 de Psicología Clínica sigan pendientes. La salud mental juvenil no admite más retrasos: cada plaza sin cubrir es una oportunidad perdida para atender antes, prevenir mejor y proteger a una generación que ya está pidiendo ayuda.
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