El PCAN exige a López Miras una unidad de daño cerebral en el Rosell

El PCAN exige a López Miras una unidad de daño cerebral en el Rosell

Los cantonales denuncian siete años de promesas incumplidas para atender ictus y traumatismos graves en Cartagena

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El Partido Cantonal de Cartagena (PCAN) ha reclamado al presidente regional, Fernando López Miras, que incluya en los Presupuestos autonómicos de 2026 la creación de una unidad de daño cerebral en el Hospital Santa María del Rosell de Cartagena.

La formación cantonal denuncia que la Consejería de Salud lleva siete años prometiendo este servicio sanitario sin que haya llegado a ponerse en marcha, pese a tratarse —según subrayan— de una unidad fundamental para la atención inmediata de pacientes con ictus, traumatismos craneoencefálicos o hipoxias.

El PCAN recuerda además que el actual consejero de Salud, Juan José Pedreño, llegó a incluir la unidad en los presupuestos sanitarios de 2022, 2023 y 2024 sin que el proyecto llegara a materializarse.

“La mentira repetida muchas veces parece que se convierte en verdad. Pero no”, sostiene el comunicado difundido por la formación política.

El PCAN denuncia desigualdad sanitaria con Murcia

Desde el Partido Cantonal critican que este servicio sanitario sí funcione desde 2016 en el Hospital Virgen de la Arrixaca de Murcia mientras Cartagena continúa sin disponer de una unidad específica de daño cerebral.

La formación considera que esta situación refleja un nuevo ejemplo de “discriminación” hacia la comarca de Cartagena por parte de la Administración autonómica, también en materia sanitaria.

“Como en otras tantísimas cuestiones de la Administración autonómica, la Comarca de Cartagena queda relegada a un segundo plano incluso en el ámbito sanitario”, sostiene el comunicado.

El PCAN subraya además la importancia de una actuación temprana en este tipo de patologías, señalando que la rapidez en la atención resulta clave tanto para la supervivencia como para la recuperación funcional de los pacientes afectados.

Según expone la formación, la puesta en marcha de esta unidad sanitaria tendría un coste aproximado de 900.000 euros e implicaría la incorporación de distintos perfiles profesionales especializados en rehabilitación neurológica y atención integral.

Entre ellos figurarían especialistas en Medicina Física y Rehabilitación, neurología, fisioterapia, terapia ocupacional, logopedia, psicología, enfermería y personal administrativo.

El Rosell contaría con áreas de rehabilitación y hospitalización

El proyecto sanitario anunciado en distintas ocasiones por la Consejería contemplaba habilitar en la tercera planta del Hospital del Rosell áreas específicas de hospitalización, fisioterapia, descanso de pacientes, cuidados de enfermería y reeducación virtual.

La unidad estaría destinada a pacientes con accidentes cerebrovasculares y otras patologías neurológicas que provocan afectaciones cognitivas, emocionales, conductuales o físicas.

El comunicado recuerda además que, según datos de la Sociedad Española de Neurología, la incidencia de estas enfermedades aumentará un 27% en los próximos 25 años.

El ictus constituye actualmente la segunda causa de muerte en España y la primera causa de discapacidad adquirida en personas adultas.

El PCAN también advierte del incremento de casos entre población relativamente joven, señalando que en las dos últimas décadas los ictus entre personas de 20 a 64 años han aumentado un 25%.

Los cantonales acusan al Gobierno regional de incumplir la Ley del Rosell

El secretario de organización del Partido Cantonal, Antonio Conesa, acusó además al Gobierno regional de incumplir la Ley 3/2016, que obliga a que el Hospital Santa María del Rosell disponga de todos los servicios propios de un hospital general.

“Desde la Comunidad Autónoma no sólo incumplen la Ley 3/2016, sino que además se pasan por el arco del triunfo sus propios compromisos en materia sanitaria”, afirmó Conesa en el comunicado remitido a los medios.

El dirigente cantonal calificó además de “continua” la falta de respeto hacia Cartagena por parte del Ejecutivo autonómico en materia sanitaria.

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