Caridad Rives reprocha al PP que reclame ahora medidas que no adoptó durante siete años de Gobierno en España
El PSOE ha acusado al Partido Popular de intentar reescribir su propia gestión en materia penitenciaria a cuenta de la situación del Centro Penitenciario Murcia II. La diputada socialista en el Congreso Caridad Rives ha respondido a las declaraciones de la diputada popular María Casajús y ha calificado su posición como un ejercicio de “amnesia política”, al atribuir al actual Gobierno problemas que, según sostiene, se originaron y consolidaron durante los años en los que el PP tuvo responsabilidades directas en el Ministerio del Interior.
Rives ha recordado que Murcia II fue inaugurada en 2011 y que el Partido Popular gobernó España durante los siete años posteriores, un periodo en el que, según la dirigente socialista, pudo reforzar plantillas, abrir módulos y corregir las deficiencias que ahora denuncia desde la oposición. La diputada ha considerado “profundamente contradictorio” que el PP reclame ahora con vehemencia actuaciones que, según afirma, “ignoró sistemáticamente cuando se tenía la capacidad de actuar”.
La respuesta socialista se produce después de que el PP señalara la situación del centro penitenciario y reclamara más medios. Para Rives, la crítica popular no puede desligarse de la trayectoria de gestión del propio partido en Instituciones Penitenciarias. La diputada sostiene que la actual situación del sistema penitenciario español es “infinitamente mejor” que la existente durante los gobiernos del PP, a los que atribuye años de abandono bajo la dirección de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias encabezada por Ángel Yuste y durante los mandatos de los ministros del Interior Jorge Fernández Díaz y Juan Ignacio Zoido.
El eje de la crítica del PSOE se centra en la responsabilidad política acumulada durante años. Rives no niega que existan problemas en Murcia II, pero rechaza que el PP pueda presentarlos como una realidad ajena a su etapa de Gobierno. En su opinión, el debate debe partir de un dato básico: el centro penitenciario abrió sus puertas antes de una larga etapa de Gobierno popular en España, durante la cual se pudieron adoptar decisiones estructurales sobre personal, organización y funcionamiento.
Plantillas penitenciarias y reproche por las plazas no cubiertas
Uno de los puntos centrales de la denuncia socialista es la evolución de las plantillas penitenciarias. Rives ha reprochado al PP que exija incorporaciones inmediatas de funcionarios sin explicar que el acceso a la Administración Penitenciaria no se produce de forma automática. Según ha señalado, la incorporación de nuevos efectivos exige superar una oposición, realizar una formación específica y completar un periodo de prácticas, un proceso que puede prolongarse aproximadamente dos años hasta la incorporación efectiva al servicio.
La diputada ha ironizado con que la Administración Penitenciaria “no puede acudir al SEPE para cubrir vacantes de forma instantánea” y ha advertido de que, si la diputada popular desconoce esa realidad, debería informarse antes de formular determinadas afirmaciones. Si la conoce, ha añadido Rives, sus declaraciones serían “aún más difíciles de justificar”. Con este argumento, el PSOE busca desmontar la idea de que el déficit de personal pueda resolverse con una decisión inmediata y sin tener en cuenta los plazos administrativos y selectivos de los cuerpos penitenciarios.
Rives ha aportado además una comparación entre las etapas de Gobierno de Mariano Rajoy y Pedro Sánchez. Según los datos trasladados por la diputada socialista, durante los siete años de Gobierno de Rajoy se incorporaron únicamente 1.584 funcionarios del Cuerpo de Ayudantes de Instituciones Penitenciarias, una cifra que, según afirma, ni siquiera permitió compensar las jubilaciones registradas en ese periodo. Frente a ello, sostiene que durante los gobiernos de Pedro Sánchez se han incorporado 7.569 funcionarios de Instituciones Penitenciarias.
Para la diputada socialista, esa diferencia evidencia que el deterioro de las plantillas no nació de forma repentina, sino que responde a una política de recursos humanos insuficiente durante los años de Gobierno del PP. Rives ha afirmado que, si hoy faltan funcionarios en Murcia II, buena parte de los aproximadamente 300 efectivos cuya ausencia denuncia Casajús serían consecuencia de las plazas que el Partido Popular dejó de convocar y cubrir cuando gobernaba.
El PSOE enmarca esta discusión en un debate más amplio sobre la seguridad, las condiciones laborales y la capacidad de los centros penitenciarios para funcionar con garantías. La falta de personal en prisiones no afecta únicamente a la organización interna de los centros, sino también a la seguridad de los funcionarios, del personal laboral y de las personas internas. Por eso, la disputa política sobre Murcia II conecta directamente con una cuestión sensible para la Región de Murcia: la dotación real de servicios públicos esenciales dependientes del Estado.
Oferta pública de empleo y protección como agentes de la autoridad
Rives ha defendido que el Gobierno de España está actuando para reforzar los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado y las instituciones penitenciarias. En esa línea, ha destacado la aprobación de una oferta de empleo público que, según la nota socialista, incluye una tasa de reposición del 125 por ciento y nuevas plazas para Policía Nacional y Guardia Civil, además de una oferta específica para Instituciones Penitenciarias.
La diputada ha señalado que la oferta de empleo público de este año contempla 1.223 plazas de acceso libre para los distintos cuerpos de Instituciones Penitenciarias, de las que 1.050 corresponden al Cuerpo de Ayudantes de Instituciones Penitenciarias. Según Rives, se trata de una de las mayores ofertas de los últimos años y forma parte del proceso de recuperación de efectivos tras el déficit heredado.
La dirigente socialista también ha vinculado la respuesta del Gobierno con el reconocimiento legal de los funcionarios penitenciarios como agentes de la autoridad. Según ha explicado, se están ultimando los pasos para reconocer ese carácter a efectos legales y para reforzar la protección de quienes trabajan en los centros penitenciarios. El texto al que se refiere Rives establece además que el personal laboral gozará de la misma protección penal que el personal funcionario, con el objetivo de garantizar la seguridad de todas las personas que desarrollan su labor en las prisiones.
En ese mismo sentido, Rives ha destacado la reciente aprobación del dictamen de la Proposición de Ley impulsada por el PSOE para reconocer como agentes de la autoridad al personal funcionario de los cuerpos penitenciarios, así como para protegerlos en aplicación de los principios de indemnidad y presunción de veracidad. La medida busca reforzar jurídicamente a un colectivo que lleva años reclamando mayor seguridad y reconocimiento institucional.
La posición del PSOE combina así dos mensajes: por un lado, responsabilizar al PP de no haber abordado durante sus años de Gobierno los déficits que ahora denuncia; por otro, presentar las ofertas de empleo público y las reformas legales en marcha como una respuesta concreta a las necesidades del sistema penitenciario. Rives ha cerrado su intervención con un reproche directo al Partido Popular, al afirmar que quienes tuvieron la responsabilidad de solucionar el problema durante siete años y no lo hicieron tienen “poca autoridad moral” para dar lecciones ahora.
El debate sobre Murcia II queda, por tanto, situado en un terreno político de doble lectura. Por un lado, la situación del centro penitenciario exige soluciones efectivas, más personal y mejores garantías para quienes trabajan en él. Por otro, el PSOE sostiene que esas soluciones no pueden utilizarse como arma arrojadiza por parte de un PP que, según Caridad Rives, dejó sin cubrir durante años parte de las necesidades que hoy denuncia públicamente.
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