El calor que sí estaba presupuestado

El calor que sí estaba presupuestado

«No hay nada más obsceno que prometer aulas dignas, tener dinero consignado y dejar que el verano llegue antes que las soluciones«

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Hay problemas que se entienden mejor sin una sola tabla. Basta con imaginar a un niño intentando atender una explicación a las doce de la mañana, en junio, dentro de un aula donde el aire pesa, el sudor cae por la frente y el ventilador, si lo hay, solo mueve calor. Basta con pensar en una profesora tratando de mantener la atención de una clase que ya no escucha, no porque no quiera, sino porque el cuerpo ha empezado a pedir algo mucho más básico que aprender: respirar, hidratarse, salir de allí.

Eso es lo que ocurre cada año en demasiados colegios e institutos de la Región de Murcia. No es una sorpresa meteorológica. No es un accidente. No es una fatalidad bíblica. Es una decisión política acumulada durante años. O, para ser más exactos, una cadena de decisiones aplazadas, partidas no ejecutadas, créditos reducidos, obras que no llegan, anuncios que se evaporan y responsabilidades que siempre terminan desplazándose hacia otro sitio.

El calor en las aulas se ha convertido en uno de esos problemas que la administración trata como si fuera nuevo cada vez que vuelve. Llega mayo, suben las temperaturas, las familias protestan, los sindicatos miden grados, los equipos directivos activan protocolos, algún consejero habla de normativa, algún presidente anuncia millones para el futuro y, cuando baja la espuma mediática, todo vuelve a quedar en el mismo lugar: pendiente.

La investigación publicada por LasNoticiasRM.es aporta un dato que debería cerrar de una vez la puerta de las excusas. Entre 2022 y 2025, las partidas relacionadas con climatización, eficiencia energética, cubiertas, reconversión bioclimática, instalaciones fotovoltaicas y confort térmico en centros educativos públicos tuvieron un crédito definitivo de 43,86 millones de euros. De esa cantidad, solo 14,45 millones se ejecutaron. Apenas un 32,9%. Dicho de forma sencilla: casi dos de cada tres euros previstos para actuaciones vinculadas al calor en las aulas no llegaron a ejecutarse.

Y aquí está la clave moral del asunto. No estamos hablando solo de que falte dinero. Estamos hablando de dinero previsto que no llegó a convertirse en solución. De presupuesto que existía sobre el papel mientras los niños seguían en aulas recalentadas. De fondos que podían haber ayudado a cambiar cubiertas, mejorar aislamientos, adaptar instalaciones eléctricas, instalar sistemas de climatización o acelerar actuaciones de eficiencia energética, pero que quedaron a medio camino entre el anuncio y la realidad.

El verano no llega de repente

La Región de Murcia no descubre el calor cada junio. Lo conoce desde siempre. Sabe que mayo puede convertirse en julio sin pedir permiso. Sabe que septiembre también aprieta. Sabe que muchos centros públicos son edificios antiguos, mal aislados, con instalaciones eléctricas que no soportan equipos modernos y con aulas orientadas al sol durante horas. Sabe, además, que el cambio climático no está haciendo este problema más leve, sino más frecuente y más duro.

Por eso resulta tan irritante escuchar año tras año el mismo repertorio de justificaciones. Que si la normativa técnica. Que si los fondos europeos. Que si las competencias. Que si los ayuntamientos. Que si los centros antiguos. Que si los expedientes. Que si hace falta tiempo. Todo eso puede formar parte de la complejidad administrativa, pero no puede servir como coartada permanente para explicar por qué un problema conocido sigue sin resolverse.

La comunidad educativa lleva tiempo diciendo lo mismo. Familias, estudiantes y sindicatos han denunciado temperaturas por encima de los límites razonables y han reclamado un plan urgente de climatización, no simples recortes horarios o protocolos de emergencia. En marzo de 2026, FAPA Juan González y FEMAE ya alertaban del impacto del calor sobre la salud, la concentración y el rendimiento del alumnado, mientras reclamaban una respuesta estructural y no medidas improvisadas. (Cadena SER)

La palabra “protocolo” se ha convertido en el refugio perfecto de la administración que llega tarde. Un protocolo sirve para gestionar una emergencia, no para sustituir una política pública. Adelantar la salida de clase cuando el aula ya es insoportable no es una solución; es la prueba del fracaso. Suspender actividad lectiva porque no se puede permanecer dentro del centro no es prevención; es rendición. Y convertir a las AMPAS en financiadoras de aparatos de aire acondicionado es una forma muy elegante de privatizar la dignidad.

Porque eso también está ocurriendo. Allí donde la administración no llega, las familias hacen rifas, colectas, aportaciones o presionan al ayuntamiento de turno. Quien puede, compra. Quien no puede, espera. Así nace una desigualdad silenciosa dentro de la propia escuela pública: centros con comunidades educativas capaces de movilizar recursos y centros donde simplemente se aguanta. La educación pública deja entonces de depender solo del derecho reconocido y empieza a depender del músculo económico de cada barrio, de cada pedanía, de cada AMPA.

No hay nada más contrario a la igualdad que un ventilador comprado por desesperación.

El dinero que no llegó al aula

La cifra global de ejecución ya es suficientemente grave, pero la evolución anual la hace todavía más difícil de justificar. La ejecución de estas partidas bajó del 40,2% en 2022 al 26,8% en 2025. Es decir, cuanto más evidente era el problema, menos porcentaje de fondos se ejecutaba. No hablamos de una administración que, ante una emergencia creciente, acelera. Hablamos de una maquinaria que va más lenta justo cuando debería pisar el acelerador.

En 2025, tres partidas especialmente significativas resumen el problema. El proyecto de “Climatización eficiencia energética” 46850 tenía 2,04 millones de euros de crédito definitivo y solo ejecutó 217.899,93 euros. Otro proyecto de “Climatización eficiencia energética”, el 46851, tenía 1,19 millones y ejecutó 0 euros. La línea FEDER de eficiencia energética en centros educativos tenía 1,48 millones y también ejecutó 0 euros. Tres partidas clave, 4,72 millones previstos, apenas 217.899,93 euros ejecutados.

Estos datos son importantes porque desmontan el argumento del “estamos en ello” cuando se utiliza como escudo genérico. Estar en ello no basta si el resultado contable es tan pobre. Estar en ello no enfría un aula. Estar en ello no arregla una instalación eléctrica. Estar en ello no evita que un equipo directivo tenga que decidir si manda a los alumnos a casa. Estar en ello no sirve de nada cuando el calor ya está dentro.

La segunda parte de la investigación añade una capa aún más incómoda: no solo se ejecutó poco, sino que también se redujo crédito inicialmente previsto en distintas partidas. En algunos casos, proyectos que empezaron el año con dinero acabaron con crédito definitivo cero. La CARM puede explicar, si quiere, que hubo reprogramaciones, cambios de anualidad, ajustes técnicos o modificaciones presupuestarias. Pero la foto política sigue siendo la misma: partidas vinculadas a centros educativos perdieron crédito mientras los colegios seguían esperando soluciones.

Y esto es lo que convierte el asunto en algo más profundo que una discusión presupuestaria. Cuando una partida no se ejecuta, el daño no se queda en una casilla del Excel. Se traslada a una clase. A una niña con dolor de cabeza. A un docente agotado. A una familia que reorganiza su jornada porque se suspenden las clases. A un colegio que intenta sobrevivir con persianas bajadas, botellas de agua, ventiladores y paciencia.

La administración suele hablar de millones como si las cifras, por sí solas, fueran políticas públicas. Pero un millón anunciado no es un aula climatizada. Un crédito definitivo no es una obra terminada. Una rueda de prensa no baja la temperatura. La diferencia entre prometer y ejecutar se mide en grados, en horas lectivas perdidas y en desigualdad.

La infancia no puede esperar a la próxima legislatura

Hay algo profundamente injusto en pedir paciencia a quienes no tienen capacidad de decisión. Los niños y niñas no votan presupuestos. No redactan pliegos. No adjudican obras. No deciden si una partida se ejecuta o se reduce. Solo sufren las consecuencias. Y lo hacen en un espacio que debería ser seguro, protegido y pensado para aprender.

La escuela pública no es solo un edificio donde se imparten asignaturas. Es uno de los pocos lugares donde la sociedad promete igualdad. Allí debería importar menos el código postal, la renta familiar o la capacidad de presión de una asociación de madres y padres. Pero cuando los centros no están adaptados al calor, esa promesa se rompe un poco más. El alumnado de un colegio con mejores recursos soporta menos calor. El de otro espera. El de una pedanía se resigna. El de una familia con menos capacidad económica depende exclusivamente de que la administración cumpla.

Por eso este debate no va de aire acondicionado como capricho. Va de salud, de aprendizaje y de justicia social. Va de si aceptamos que estudiar a más de 30 grados es normal. Va de si consideramos razonable que en una de las comunidades más cálidas de España se sigan construyendo o manteniendo centros sin una respuesta térmica suficiente. Va de si la educación pública se planifica mirando el clima real de la Región de Murcia o si se sigue funcionando con la inercia de otro tiempo.

El Gobierno regional ha defendido que desde 2020 se han invertido decenas de millones para mejorar las condiciones térmicas y energéticas de centros educativos, y ha destacado actuaciones con placas solares, aislamiento, aerotermia o climatización en determinados edificios. También ha anunciado nuevos planes y millones futuros. Pero el problema no es solo cuánto se anuncia, sino cuánto llega de verdad y cuándo llega. (Cadena SER)

Mientras tanto, la movilización social continúa. En junio de 2026, colectivos de la comunidad educativa volvieron a reclamar un plan integral de climatización y denunciaron temperaturas superiores a 27 grados antes incluso del inicio de la jornada, con aulas que durante las clases superan los 30 grados. También criticaron que la respuesta institucional se limite a reducir horarios en episodios de calor extremo, una medida que consideran insuficiente y perjudicial para el derecho a la educación. (Cadena SER)

Esa es la consecuencia más clara de no haber invertido a tiempo el dinero prometido: el problema deja de ser técnico y se convierte en una fractura de confianza. Las familias ya no creen los anuncios porque los han escuchado demasiadas veces. Los docentes ya no esperan grandes planes porque cada curso vuelven a abrir las ventanas y comprobar que el aire no corre. Los alumnos aprenden una lección que no aparece en ningún currículo: que las promesas públicas pueden quedarse en papel mojado, incluso cuando afectan a algo tan básico como poder dar clase sin asfixiarse.

El calor en las aulas no es inevitable. Inevitable es que haga calor en la Región de Murcia. Lo que no es inevitable es que los centros educativos sigan sin estar preparados. Lo que no es inevitable es ejecutar solo un tercio de los fondos localizados. Lo que no es inevitable es que partidas con dinero terminen a cero. Lo que no es inevitable es que cada año se repita el mismo ritual de indignación, anuncio y olvido.

Gobernar no consiste en esperar a que llegue la ola de calor para activar un protocolo. Gobernar consiste en haber hecho antes lo necesario para que ese protocolo no sea la única respuesta. Y cuando durante años se presupuestan millones que no se ejecutan, cuando se reducen créditos inicialmente previstos y cuando las aulas siguen igual, el problema ya no es el termómetro. El problema es la prioridad política.

El calor en las aulas de la Región de Murcia no solo quema. También ilumina. Ilumina la distancia entre el discurso y los hechos. Entre el presupuesto y la ejecución. Entre la propaganda y la vida cotidiana. Entre el aire acondicionado de los despachos donde se anuncian planes y el aire espeso de las aulas donde esos planes no llegan.

Y esa distancia, medida en euros no ejecutados y en grados soportados por niños y docentes, es la verdadera temperatura de la gestión pública.

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