Los socialistas alertan de 1.720 contratos menores en seis meses y vinculan el gasto con la crisis económica del Ayuntamiento de Cartagena
El Grupo Municipal Socialista de Cartagena ha denunciado que el Gobierno de Noelia Arroyo ha tramitado 1.720 contratos menores durante los seis primeros meses del año por un importe superior a 7,5 millones de euros, una cifra que, a juicio del PSOE, evidencia la falta de planificación económica del Ayuntamiento y el recurso creciente a adjudicaciones directas en lugar de procedimientos con concurrencia competitiva.
El concejal socialista Pedro Contreras ha cargado contra la gestión del Partido Popular y ha advertido de que el uso masivo de contratos menores agrava la situación económica municipal en un momento en el que, según su grupo, las cuentas del Ayuntamiento atraviesan una crisis marcada por déficit, remanente negativo de tesorería, reconocimientos extrajudiciales de crédito y facturas con reparos de la Intervención General Municipal.
“Hay que recordar que los contratos menores se adjudican a dedo, es decir, sin concurrencia competitiva y, por tanto, en detrimento de una planificación adecuada y de los principios de publicidad, concurrencia, libre competencia y transparencia. Si la gestión económica fuera adecuada, el número de contratos menores sería mucho más reducido, pero hay quien utiliza esta fórmula para crear una red clientelar”, ha denunciado Contreras, según la nota remitida por el PSOE de Cartagena.
La acusación socialista sitúa de nuevo en el centro del debate político el modelo de contratación municipal y la capacidad del Gobierno local para ordenar el gasto. Los contratos menores son una figura legal prevista para suministros, servicios u obras de importe limitado, pero su utilización intensiva suele generar controversia política cuando sustituye a una planificación ordinaria mediante contratos abiertos, licitaciones agrupadas o procedimientos con mayor publicidad y control.
1.720 contratos menores en seis meses
El dato aportado por el PSOE es especialmente relevante por su volumen: 1.720 contratos menores en apenas medio año, lo que supone una media de casi diez contratos al día si se toma como referencia el conjunto del semestre. Para los socialistas, esa cifra no responde a necesidades puntuales o excepcionales, sino a una forma de gestionar que fragmenta el gasto, reduce la competencia y dificulta una visión global de las prioridades municipales.
Contreras sostiene que un Ayuntamiento con una planificación adecuada debería recurrir mucho menos a este tipo de adjudicaciones. El contrato menor permite una tramitación más ágil, pero también limita la concurrencia y reduce el nivel de publicidad respecto a otros procedimientos. Por eso, cuando su uso se dispara, la cuestión no es solo legal, sino también política: qué se compra, a quién, con qué frecuencia, por qué importes y por qué no se licita de forma agregada aquello que responde a necesidades recurrentes.
El PSOE vincula esta práctica con una falta de rigor presupuestario. Según los socialistas, el Gobierno municipal del PP sigue acumulando reconocimientos extrajudiciales de crédito, una fórmula utilizada para convalidar gastos realizados sin la tramitación ordinaria completa, así como facturas con reparos formulados por la Intervención General Municipal. Estas incidencias, de acuerdo con la denuncia del grupo, reflejan deficiencias reiteradas en la gestión del gasto y un incumplimiento de las advertencias del órgano económico de control interno.
La crítica del PSOE no se limita a la cantidad de contratos, sino a lo que considera un patrón de gestión. El grupo sostiene que el Gobierno de Arroyo gasta más de lo que ingresa, no ofrece un plan serio de saneamiento y, al mismo tiempo, incrementa partidas que no considera prioritarias mientras los servicios públicos presentan problemas visibles para la ciudadanía.
En términos políticos, la denuncia busca desmontar el discurso de normalidad económica del Gobierno municipal. Los socialistas argumentan que la contratación menor masiva no puede analizarse de forma aislada, sino dentro de una situación financiera que, según sus cálculos, incluye deuda bancaria, obligaciones pendientes con proveedores, déficit acumulado, convenios de pago aplazado y remanente negativo de tesorería.
El PSOE cifra el agujero económico en más de 120 millones
Contreras ha afirmado que Arroyo tiene al municipio “sumido en una situación económica crítica” y ha elevado el agujero económico del Ayuntamiento por encima de los 120 millones de euros. Según el PSOE, esa cifra sería el resultado de sumar la deuda derivada de convenios de pago aplazados, la deuda bancaria, las obligaciones pendientes con proveedores, el déficit acumulado y el remanente negativo de tesorería.
La formación socialista sostiene que el problema no es únicamente contable, sino que tiene consecuencias directas sobre los vecinos. A su juicio, el PP ha subido impuestos a la ciudadanía mientras los servicios municipales no mejoran. Contreras ha citado como ejemplos la limpieza viaria y el transporte urbano, dos ámbitos que el PSOE considera deteriorados pese al aumento de la presión fiscal.
“El Partido Popular gasta más de lo que ingresa, aunque no sabemos en qué, porque a pesar de que han subido los impuestos a los ciudadanos, los servicios son peores. Están incrementado gastos que no son prioritarios, mientras siguen sin ofrecer un plan serio de saneamiento económico ni un proyecto para mejorar los servicios públicos”, ha señalado el edil socialista.
La denuncia conecta con una cuestión sensible en la política local de Cartagena: la percepción ciudadana sobre la calidad de los servicios básicos. Cuando un Ayuntamiento atraviesa dificultades financieras, la discusión sobre el gasto deja de ser una disputa técnica para convertirse en una pregunta de prioridades. El PSOE plantea que, si hay déficit y remanente negativo, el Gobierno local debería contener determinados gastos, ordenar la contratación y concentrar los recursos en servicios esenciales.
Contreras ha utilizado una comparación directa con la economía doméstica: “Lo normal es que cuando hay problemas económicos, se reduzcan gastos, que es lo que hacen las familias, pero la señora Arroyo parece no entenderlo”. Para el concejal socialista, el Gobierno municipal mantiene una política expansiva en partidas cuestionables mientras la ciudad continúa arrastrando problemas de limpieza, movilidad y calidad de los servicios.
Luces de Navidad y prioridades municipales
Uno de los ejemplos señalados por el PSOE es el incremento de la partida destinada a la iluminación navideña, que, según la denuncia socialista, alcanzará ya casi los 900.000 euros. Contreras considera que ese aumento resulta difícil de justificar en un Ayuntamiento con graves problemas económicos y con necesidades pendientes en servicios cotidianos.
“El Ayuntamiento no tiene dinero, pero ella aumenta el gasto en luces de Navidad, mientras las calles siguen sucias y los autobuses urbanos peor que nunca, por poner algunos ejemplos”, ha denunciado el edil.
La crítica a las luces de Navidad funciona como símbolo de una política de gasto que el PSOE considera más orientada a la imagen que a la mejora estructural de los servicios públicos. En municipios con tensiones presupuestarias, este tipo de partidas suelen generar debate porque enfrentan dos visiones: quienes las defienden como dinamización comercial y proyección urbana, y quienes las cuestionan cuando coinciden con recortes, deuda o deterioro de servicios esenciales.
Los socialistas no niegan la importancia de la actividad comercial ni de la programación festiva, pero sostienen que el volumen de gasto debe ajustarse a la realidad económica del Ayuntamiento. En su opinión, aumentar la iluminación navideña mientras se acumulan facturas con reparos y reconocimientos extrajudiciales de crédito revela una falta de prioridades claras.
Desde el PSOE consideran imprescindible recuperar el rigor en la gestión municipal, establecer prioridades de gasto y poner fin a una política económica que, según denuncian, continúa hipotecando el futuro de Cartagena e incrementando la presión fiscal sobre los vecinos. La formación insiste en que el Gobierno local debe reducir el recurso a la contratación menor, reforzar la planificación, atender las advertencias de Intervención y presentar un plan creíble de saneamiento económico.
La denuncia socialista deja una acusación de fondo: Cartagena no solo tendría un problema de deuda o de déficit, sino también de modelo de gestión. Para el PSOE, los 1.720 contratos menores adjudicados en seis meses y los 7,5 millones tramitados mediante esta vía no son una anécdota administrativa, sino el reflejo de un Gobierno municipal que, según Contreras, gasta sin ordenar prioridades mientras exige más esfuerzo fiscal a una ciudadanía que no ve mejorar los servicios que recibe.
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