«¿Estarán esperando a que un Pedro Sánchez acosado convoque elecciones y la justicia, al haber conseguido su objetivo, pueda aflojar su presión?»
En estos días, el comportamiento de algunos de los jueces que actúan en causas políticas de nuestro país está alcanzando un nivel de infamia difícilmente superable. Hasta ahora, se ha mantenido que la justicia era un servicio público más en defensa de los ciudadanos, pero el comportamiento de jueces como los cinco de siete que condenaron al fiscal General del Estado, los instructores de las causas contra Begoña Gómez y David Sánchez, Juan Carlos Peinado y Beatriz Biedma, respectivamente, o el conocido hasta ahora por su “pulcritud y ser garantista”, el juez Calama, que instruye el caso de Zapatero, han o están cometiendo auténticas tropelías, atropellos que, con independencia del resultado final de cada causa habrán producido en los investigados un daño moral, social y psicológico del que tendrán dificultades para su superación, ¿quién repone el mal causado? Nadie, los susodichos se irán a su casa a seguir cobrando todos los meses y a los afectados les quedará un largo camino para superar los traumas.
Es evidente que estos jueces están prevaricando y que, si la justicia funcionara correctamente, deberían ser expedientados y separados de sus funciones, pero no se hará nada. Tendrá que ser el Tribunal Constitucional o la justicia europea los encargados de resolver lo que jurídicamente puede tener solución, pero no lo que tiene que ver con el ámbito personal, que es mucho más complicado.
Vamos por partes, el modus operandi de estos casos se adapta a un mismo patrón: una vez elegida la víctima, se busca a gente, casi siempre policías, que se encargan de hacer los primeros informes. A continuación, los medios afines a la derecha y la ultraderecha colocarán lo más llamativo y peor en sus portadas.
En este momento, un pseudosindicato como Manos Limpias o Hazte Oír harán unos recortes que llevarán a un juez dispuesto a prevaricar que iniciará una causa. Una vez abierta pedirán a la UCO o UDEF elegida para actuar ilícitamente, que haga unos extensos registros de casas, despachos, ordenadores o móviles que darán lugar a otros hechos censurables que, puestos en conocimiento del juez, no tendrá inconveniente en añadir más delitos a la causa en cuestión. Finalmente, el instructor enviará el proceso a juicio que, a estas alturas, estará viciado por tratarse de una investigación prospectiva o una causa general en la que primero se analiza y luego se persigue la vida de la persona encausada.
Hay ocasiones como en la causa seguida contra el ex fiscal general del Estado, en la que el Tribunal Supremo, el peor de este país, los magistrados no tienen inconveniente ni vergüenza en condenar a una persona inocente. En otros casos, como en el de David Sánchez, el proceso se inicia por un enriquecimiento rápido, cuando se comprueba que no es verdad, se le condena por acceder a su puesto de trabajo por enchufe. Solo el hecho de que la primera imputación sea penal hace que cuando se inicia el proceso y se cambia la imputación, ésta se mantiene por lo penal cuando debería ser algo puramente administrativo.
Estamos esperando sentencia que está tardando más de la cuenta, ¿estarán esperando a que un Pedro Sánchez acosado convoque elecciones y la justicia, al haber conseguido su objetivo, pueda aflojar su presión? Porque lo tienen difícil condenar a David Sánchez con el solo testimonio del teniente coronel Balas de la UCO y con 40 testigos y la Fiscalía en contra.
Algo parecido ha ocurrido con Begoña Gómez: el juez Peinado ha ido poniendo y quitando delitos, e imputando gente a la que luego le ha quitado la imputación, la Audiencia Provincial de Madrid.
Y nos queda el caso de Zapatero, que se estudiará en las facultades de Derecho, como un caso palmario de investigación prospectiva sobre base ilegal, aunque todo apunta a la nulidad de este procedimiento que nunca se debió iniciar al haberse convertido en una causa general esparciendo su vida personal y sus datos íntimos urbi et orbi.
Y después de todo esto, a los investigados les queda el Tribunal Constitucional y, en su caso, la justicia europea. Pero si al final, con el investigado destrozado, si se demuestra que el investigado ha sido perseguido por el juez, ¿quién juzgará a éste por sus desmanes?
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