Los procesos de incapacidad temporal duran 61 días, frente a los 44 de media nacional, por demoras diagnósticas y falta de medios
La Región de Murcia encabeza la duración media de las bajas laborales por incapacidad temporal en España, con 61 días por proceso frente a los 44 días de la media nacional. El Colegio Oficial de Graduados Sociales de la Región de Murcia vincula esta diferencia, entre otros factores, con las listas de espera sanitarias, la demora para acceder a pruebas diagnósticas y especialistas y la falta de medios suficientes para realizar un seguimiento ágil de los pacientes.
El dato forma parte del informe sobre absentismo laboral elaborado por la Fundación Justicia Social para el Consejo General de Graduados Sociales de España. El estudio advierte de que el absentismo ha dejado de ser una circunstancia coyuntural para convertirse en un problema estructural, impulsado principalmente por el crecimiento sostenido de los procesos de incapacidad temporal por contingencias comunes.
El decano del Colegio de Graduados Sociales de la Región de Murcia, Alfonso Hernández Quereda, ha subrayado que el análisis no pretende responsabilizar a los trabajadores enfermos ni cuestionar las bajas médicas justificadas. El objetivo, según ha explicado, es identificar las causas que están prolongando los procesos y plantear soluciones que permitan mejorar la recuperación de los pacientes, reducir los tiempos de espera y facilitar su reincorporación laboral en condiciones adecuadas.
La tasa de absentismo laboral alcanzó el 7,7% en la Región de Murcia durante el primer trimestre de 2026, medio punto por encima del promedio nacional, situado en el 7,2%. Del total regional, un 6,1% correspondió a procesos de incapacidad temporal, lo que confirma el peso determinante de las bajas médicas dentro del fenómeno.
Por sectores, la industria registró la tasa más elevada de absentismo en la comunidad, con un 8%, seguida de los servicios, con un 7,8%. El bloque conjunto de construcción y agricultura se situó en el 6,8%. Estas cifras reflejan diferencias asociadas a la naturaleza de las actividades, el desgaste físico, la edad de las plantillas y la incidencia de patologías musculoesqueléticas y problemas de salud mental.
El informe nacional señala que la tasa equivalente de absentismo pasó del 5,12% en 2023 al 5,51% en 2025. En el Régimen General, el porcentaje de bajas sobre trabajadores protegidos aumentó desde el 3,41% de 2019 hasta el 5,81% en 2025, lo que supone un incremento superior al 70%.
Los procesos iniciados crecieron un 14,4% y alcanzaron los 926.394 durante 2025. Al cierre del ejercicio, las bajas activas superaban los 1,24 millones. El estudio sostiene que el principal problema no es tanto la duración media nacional, que descendió ligeramente hasta los 39,29 días en el Régimen General, como la elevada frecuencia con la que comienzan nuevos procesos.
Las demoras sanitarias retrasan el diagnóstico y prolongan las bajas
La situación murciana destaca especialmente por el tiempo que permanecen los trabajadores en incapacidad temporal. Hernández Quereda ha señalado que los 61 días de duración media están relacionados con las listas de espera sanitarias y con las demoras para realizar pruebas diagnósticas o acceder a determinadas especialidades.
“Las listas de espera son fundamentales, porque para diagnosticar algo tienes que tener pruebas diagnósticas o verte el especialista, y si no te ve en el tiempo adecuado, no puede hacer el diagnóstico para iniciar el tratamiento”, ha explicado el decano.
Esta demora genera una cadena de retrasos. Mientras el paciente espera una consulta, una resonancia, una prueba complementaria o una valoración especializada, el médico de Atención Primaria puede carecer de la información necesaria para determinar el tratamiento más adecuado o evaluar una posible reincorporación. La baja se prolonga no necesariamente porque la dolencia exija siempre ese tiempo, sino porque el sistema tarda en completar el diagnóstico y comenzar la intervención terapéutica.
El propio informe identifica la saturación sanitaria como una de las causas estructurales del aumento del absentismo. Según el documento, las listas de espera en Atención Primaria, con demoras medias que sitúa en 17,5 días, ralentizan el control de la incapacidad temporal y prolongan procesos que inicialmente podrían ser de corta duración.
La falta de medios diagnósticos afecta especialmente a las patologías musculoesqueléticas, que representan el 45,5% de las personas en situación de baja analizadas por el estudio. Estas dolencias incluyen problemas de espalda, lesiones articulares, traumatismos y enfermedades degenerativas que requieren con frecuencia pruebas de imagen, rehabilitación o valoración por traumatología.
El informe advierte de que este tipo de patologías está “gravemente afectado” por las listas de espera de traumatología. La demora puede impedir una intervención temprana, alargar el dolor y favorecer la cronificación de dolencias que, tratadas con mayor rapidez, podrían permitir una recuperación más corta.
Los trastornos mentales y los riesgos psicosociales representan otro 20,3% del total de personas en baja. El estudio relaciona su crecimiento con la intensificación de los ritmos de trabajo, la hiperconectividad, el estrés y el síndrome de desgaste profesional. Su incidencia es especialmente elevada en sectores con una interacción humana constante, como la sanidad, la educación y otros servicios.
Hernández Quereda ha explicado que las bajas de mayor duración suelen estar vinculadas precisamente a problemas de salud mental, como el estrés o la depresión. Cuando el origen guarda relación con las condiciones laborales, el Colegio de Graduados Sociales defiende la adopción de medidas preventivas dentro de las empresas para actuar antes de que el problema termine provocando una incapacidad prolongada.
La organización insiste en que las demoras asistenciales no son el único factor. El envejecimiento de las plantillas, el seguimiento insuficiente de la evolución de algunos pacientes y la mayor presencia de enfermedades crónicas también influyen en la duración de los procesos.
El informe considera el envejecimiento activo como la variable de mayor peso. Entre 2019 y 2025, el número de trabajadores de entre 50 y 64 años aumentó en 1,5 millones, mientras que el colectivo de mayores de 64 años creció un 160,35%. A mayor edad, existe una mayor predisposición a recuperaciones lentas y patologías acumuladas durante la trayectoria profesional.
El estudio también muestra que los trabajadores autónomos presentan menos bajas, pero de mucha mayor duración. Su promedio alcanza los 101,83 días, una circunstancia que puede estar relacionada con el retraso a la hora de solicitar una incapacidad y con el impacto económico que supone interrumpir una actividad por cuenta propia.
Los Graduados Sociales plantean recurrir a las mutuas para agilizar pruebas
Ante este escenario, Hernández Quereda ha propuesto reformar el sistema de incapacidad temporal para aprovechar los medios disponibles en las mutuas colaboradoras de la Seguridad Social. La propuesta consistiría en recurrir a estas entidades en especialidades en las que cuentan con recursos propios, como traumatología o salud mental, con el objetivo de acelerar diagnósticos y tratamientos.
El decano ha precisado que esta intervención no supondría trasladar a las mutuas la competencia para decidir las altas y las bajas. Esa responsabilidad seguiría correspondiendo al médico de cabecera, que podría contar con información actualizada sobre la evolución del paciente y disponer antes de las pruebas necesarias para adoptar sus decisiones.
El planteamiento pretende reducir los tiempos muertos dentro de los procesos de incapacidad. Si un trabajador puede acceder antes a una resonancia, una consulta especializada o un tratamiento rehabilitador, aumentan las posibilidades de comenzar antes su recuperación y evitar que una dolencia inicialmente limitada se prolongue durante meses.
El Colegio de Graduados Sociales considera que el sistema debe mejorar la coordinación entre el Instituto Nacional de la Seguridad Social, los servicios públicos de salud, las mutuas y los servicios de prevención de las empresas. La falta de intercambio ágil de información puede generar duplicidades, retrasos y dificultades para conocer el estado real del paciente.
El informe apuesta por modelos de reincorporación progresiva, especialmente en las bajas de larga duración. Esta fórmula permitiría que determinados trabajadores regresaran de manera escalonada mediante jornadas parciales o funciones adaptadas, evitando el actual sistema basado en estar completamente de baja o recibir el alta absoluta.
También propone reforzar la prevención con un enfoque adaptado a la edad. Entre las medidas sugeridas se encuentran el rediseño ergonómico de los puestos, programas de envejecimiento activo y apoyo psicológico para contener los riesgos psicosociales.
El documento descarta abordar el absentismo únicamente desde una perspectiva disciplinaria o mediante el recorte de derechos. Sus conclusiones sostienen que no deben reducirse las prestaciones, sino mejorar la gestión, el control, la prevención y la reincorporación de quienes recuperan progresivamente su capacidad laboral.
La Fundación Justicia Social calcula que el gasto en incapacidad temporal alcanzó en España los 16.500 millones de euros durante 2024. A esa cifra se suman los costes asumidos por las empresas, como los complementos salariales, la necesidad de sustituir trabajadores, la sobrecarga de las plantillas y la pérdida temporal de experiencia y conocimiento.
El impacto resulta especialmente intenso en las pequeñas y medianas empresas, donde una o dos ausencias simultáneas pueden comprometer la prestación del servicio. Sin embargo, los Graduados Sociales insisten en que convertir al trabajador en responsable del problema impediría afrontar sus causas reales.
“La incapacidad temporal se considera también una forma de absentismo”, ha explicado Hernández Quereda, recordando que el concepto engloba ausencias justificadas y no justificadas. Esta definición estadística no implica que una baja médica deba interpretarse como una conducta irregular, sino que forma parte del conjunto de horas de trabajo no realizadas.
En el caso de la Región de Murcia, los datos sitúan el foco directamente sobre el funcionamiento del sistema sanitario. Los 17 días adicionales que duran las bajas respecto a la media española no pueden desligarse, según el Colegio, de las esperas para acceder a especialistas y pruebas que permitan diagnosticar y tratar a los pacientes.
El informe convierte así las listas de espera en un problema que trasciende la atención sanitaria. Su impacto se extiende a la recuperación de los trabajadores, la organización de las empresas, las cuentas de la Seguridad Social y la capacidad del tejido productivo para mantener su actividad.
El Colegio de Graduados Sociales reclama una intervención técnica que combine más prevención, coordinación institucional, diagnósticos rápidos y tratamientos tempranos. Mientras esos obstáculos no se resuelvan, advierte, la Región de Murcia seguirá soportando bajas más prolongadas que el resto del país y las consecuencias recaerán tanto sobre quienes esperan atención sanitaria como sobre las empresas y el conjunto del sistema público.
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