El informe del Comisionado sitúa al Ayuntamiento de Murcia y a Educación entre las administraciones más reclamadas durante 2025
El silencio administrativo se ha consolidado como el principal obstáculo para ejercer el derecho de acceso a la información pública en la Región de Murcia. El Informe de Actuación 2025 del Comisionado de Transparencia revela que el 78,5% de las reclamaciones presentadas durante el pasado ejercicio tuvo su origen en la falta de respuesta de las administraciones dentro del plazo legal.
El documento, remitido a la Asamblea Regional y firmado por la comisionada Natalia Sánchez López, recoge el primer año completo de funcionamiento del nuevo modelo institucional de transparencia creado en 2024. Durante ese periodo se registraron 219 reclamaciones, un 71% más que en 2024 y la cifra más elevada de toda la serie histórica.
De las 219 reclamaciones recibidas, 172 se presentaron porque la Administración no contestó a la solicitud de información. El problema resulta todavía más acusado en el ámbito municipal: el silencio administrativo estuvo detrás del 88,6% de las reclamaciones dirigidas contra ayuntamientos. En los órganos de la Comunidad Autónoma alcanzó el 72,5%.
El informe identifica una situación especialmente llamativa: muchas administraciones terminan entregando la información únicamente después de que intervenga el Comisionado. Aproximadamente la mitad de las reclamaciones dirigidas contra ayuntamientos concluyeron porque la entidad reclamada facilitó los documentos tras recibir el emplazamiento del órgano garante.
Esta reacción tardía evidencia que, en numerosos casos, la información existía y podía ser proporcionada, pero no fue entregada durante la tramitación inicial de la solicitud. El propio informe califica el silencio administrativo como la “patología central” del ejercicio y reclama reforzar los mecanismos internos de tramitación para que el acceso no dependa de una reclamación posterior.
La Administración dispone con carácter general de veinte días hábiles para resolver las solicitudes de acceso en el ámbito regional. La ausencia de contestación no libera al organismo de su obligación de responder, pero obliga al ciudadano a acudir al Comisionado o a la vía judicial para intentar obtener una información que debería haber recibido dentro del procedimiento ordinario.
Murcia, Educación y Cartagena encabezan las reclamaciones
El Ayuntamiento de Murcia fue la entidad que acumuló un mayor número de reclamaciones durante 2025, con 27 expedientes. Le siguieron la Consejería de Educación, con 22, y el Ayuntamiento de Cartagena, con 20.
El Servicio Murciano de Salud recibió 15 reclamaciones, mientras que las consejerías de Fomento y Medio Ambiente sumaron 14 cada una. La Consejería de Economía y Hacienda aparece con 11 expedientes y el Ayuntamiento de Molina de Segura, con nueve.
Por tipo de administración, los ayuntamientos concentraron 105 reclamaciones, el 48% del total. Los órganos de la Comunidad Autónoma recibieron 102, equivalentes al 47%. Las restantes se dirigieron contra otras entidades públicas y, en un único caso, contra la Universidad de Murcia.
El informe advierte de un deterioro especialmente significativo dentro de la Administración regional. Las reclamaciones por silencio contra órganos de la Comunidad Autónoma pasaron de 33 en 2024 a 74 en 2025, un incremento del 124,2%. Su peso dentro del conjunto de quejas por falta de respuesta aumentó desde un tercio hasta el 43%.
En el ámbito municipal, las reclamaciones por silencio crecieron de 65 a 93. Aunque el aumento porcentual fue inferior al registrado en la Comunidad Autónoma, casi nueve de cada diez reclamaciones contra ayuntamientos continuaron teniendo como causa la falta de contestación.
Las materias más reclamadas estuvieron relacionadas con urbanismo, territorio y medio ambiente, que sumaron alrededor de 42 expedientes. Les siguieron el empleo público y los procesos selectivos, con 27; la información económica, las subvenciones y los gastos públicos, con 24; la contratación pública, con 12, y la información estadística, también con 12.
El informe recoge solicitudes sobre licencias, planeamiento, dominio público, retribuciones, relaciones de puestos de trabajo, oposiciones, contratos, subvenciones, presupuestos, sanidad, riesgos ambientales y patrimonio público. La diversidad de asuntos muestra que el derecho de acceso se utiliza tanto para fiscalizar decisiones políticas como para conocer expedientes que afectan directamente a intereses profesionales, vecinales o personales.
Entre los casos destacados aparece la negativa inicial del Ayuntamiento de Murcia a facilitar el estudio de riesgo sísmico y el Plan de Actuación Local ante Riesgo Sísmico. La Administración alegó motivos relacionados con la seguridad pública, el carácter provisional del documento y la protección de datos.
La Comisión de Transparencia estimó la reclamación al considerar que esas razones no habían sido justificadas mediante un verdadero análisis del daño y que los datos personales podían ser anonimizados. El Ayuntamiento recurrió la resolución, pero el procedimiento terminó por caducidad en marzo de 2026, dejando firme la obligación de facilitar la documentación.
Otro expediente relevante afectó al plan estratégico de subvenciones del Ayuntamiento de Murcia. La Comisión reconoció el derecho de acceso al expediente completo después de que la entidad local no respondiera a la solicitud presentada.
El informe también menciona el recurso planteado por la Consejería de Educación contra una resolución que ordenaba entregar las notas medias de Bachillerato y EBAU de tres centros. La Administración había alegado el riesgo de generar clasificaciones y la necesidad de reelaborar la información. Sin embargo, el órgano de transparencia rechazó esas justificaciones. El litigio continúa pendiente, aunque la propia Universidad de Murcia acabó publicando posteriormente la información, según recoge la memoria.
Más reclamaciones con menos medios para el órgano garante
El incremento de la carga de trabajo coincidió con una fuerte reducción de los recursos materiales del Comisionado. El presupuesto total pasó de 590.120 euros en 2024 a 497.016 euros en 2025, una disminución global del 15,78%.
El principal recorte afectó al capítulo destinado a gastos corrientes, que cayó desde 303.136 euros hasta 103.735 euros. La reducción alcanzó el 65,78%, casi dos tercios de la cantidad disponible durante el ejercicio anterior.
Esta partida financia el mantenimiento de la sede, los suministros, la limpieza, las comunicaciones, los estudios, la asistencia técnica, los servicios jurídicos, las actividades formativas, las publicaciones y las herramientas tecnológicas necesarias para supervisar la transparencia de las administraciones.
El informe señala que el Comisionado había advertido previamente de que la dotación propuesta era insuficiente, pero sus peticiones no fueron incorporadas al presupuesto aprobado. La falta de crédito obligó posteriormente a tramitar una transferencia extraordinaria de 60.000 euros para mantener servicios básicos y atender compromisos ya asumidos.
La ejecución presupuestaria consolidada terminó alcanzando los 512.366 euros, un 103,09% del presupuesto inicial. En el capítulo de gastos corrientes, la ejecución llegó al 145,33% de la cantidad inicialmente consignada, lo que el informe presenta como una prueba objetiva de que la dotación aprobada no cubría las necesidades ordinarias.
La memoria aclara que superar el 100% no implica la existencia de gasto irregular, ya que fue necesaria una modificación presupuestaria posterior. La institución sostiene, sin embargo, que el recorte limitó su capacidad operativa y comprometió proyectos de evaluación, asistencia técnica, formación, actualización jurídica y desarrollo tecnológico.
La situación de personal también condicionó el funcionamiento. Aunque la plantilla formal estaba compuesta por cuatro puestos, el Comisionado trabajó durante buena parte del ejercicio con dos funcionarios y, en determinados momentos, con tres.
Las bajas médicas no fueron sustituidas pese a las solicitudes formuladas a Función Pública. La Jefatura de Negociado estuvo sin cubrir durante 84 días, el 23% del año; la Secretaría de la Comisionada acumuló 57 días de ausencia sin sustitución, y la Asesoría Jurídica, 27 días.
A estas carencias se sumó una elevada rotación en puestos fundamentales. La Asesoría Jurídica tuvo tres ocupantes distintos durante 2025, una circunstancia que, según el informe, provocó pérdida de conocimiento, discontinuidad en los expedientes y ruptura de la línea técnica.
El modelo organizativo de la Comisión de Transparencia también aparece señalado como un factor que dificulta cumplir los plazos. La resolución de las reclamaciones depende de un órgano colegiado compuesto por responsables públicos y profesionales que compatibilizan esta función con otros cargos de elevada responsabilidad.
El informe asegura que la instrucción técnica de los expedientes se mantuvo al día, pero reconoce que algunos asuntos quedaron pendientes porque no pudieron ser examinados por la Comisión dentro del tiempo previsto. A 31 de diciembre de 2025 permanecían sin resolver 108 reclamaciones presentadas ese mismo año.
La comisionada propone estudiar una reforma para que la competencia de resolver las reclamaciones recaiga directamente en una autoridad independiente y profesionalizada. La Comisión conservaría funciones consultivas, estratégicas y de supervisión, siguiendo un modelo similar al existente en el ámbito estatal.
El documento cuestiona además la apariencia de independencia del sistema actual, ya que una parte mayoritaria de los integrantes de la Comisión procede directa o indirectamente de estructuras vinculadas al Gobierno regional. La memoria no pone en duda la profesionalidad de sus miembros, pero sostiene que un órgano garante no solo debe ser independiente, sino también proyectar esa independencia ante la ciudadanía.
Pese a estas limitaciones, durante 2025 se dictaron 209 resoluciones, 98 correspondientes a reclamaciones iniciadas en 2024 y 111 a expedientes registrados en 2025. Un total de 150 procedimientos terminó favoreciendo el acceso a la información si se computan las estimaciones, las estimaciones parciales, los desistimientos y los casos en los que la Administración entregó finalmente los documentos.
La pérdida sobrevenida del objeto fue el resultado más frecuente, con 70 expedientes. En la práctica totalidad de esos casos, la reclamación quedó sin contenido porque la Administración proporcionó la información durante la intervención del Comisionado.
El informe concluye que el nuevo sistema ha demostrado capacidad para garantizar el derecho de acceso, pero advierte de que el silencio administrativo continúa siendo estructural. La fotografía de 2025 muestra una ciudadanía que reclama más información, unas administraciones que siguen contestando tarde o no contestan y un órgano garante obligado a asumir una actividad récord con menos recursos materiales y una plantilla mínima.
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