Fernando Moreno alerta de falta de personal, más de 1.000 incidencias pendientes y riesgos para profesionales y ciudadanía
El PSRM-PSOE ha trasladado a la Fiscalía la situación del Consorcio de Extinción de Incendios y Salvamento de la Región de Murcia para que valore las posibles responsabilidades derivadas de la falta de medios humanos y materiales denunciada en el organismo. El diputado regional socialista Fernando Moreno sostiene que las carencias del CEIS están poniendo en riesgo tanto la seguridad de la ciudadanía como la de los propios bomberos.
La formación socialista asegura haber recurrido a esta vía después de presentar iniciativas en la Asamblea Regional y en diferentes ayuntamientos, reclamar públicamente soluciones y pedir la dimisión del consejero de Presidencia, Portavocía, Acción Exterior y Emergencias, Marcos Ortuño. Moreno afirma que estos mecanismos institucionales no han conseguido que el Ejecutivo autonómico atienda las advertencias sobre el funcionamiento del Consorcio.
Según los datos expuestos por el diputado, durante la jornada en la que se anunció el traslado de la situación a la Fiscalía faltaban siete efectivos en el conjunto de los 15 parques del CEIS distribuidos por la Región de Murcia. El PSOE enmarca este dato en una falta más amplia de personal y recursos materiales que, según viene denunciando, condiciona la capacidad de respuesta ante incendios, rescates y otras emergencias.
«Ante esto, y después de haber utilizado los mecanismos institucionales a nuestro alcance con iniciativas en la Asamblea Regional y en los ayuntamientos, de haber pedido la dimisión del consejero Marcos Ortuño y después de haber denunciado esta situación numerosas veces en los medios de comunicación, nos hemos visto en la obligación moral de acudir a la Fiscalía y que sea esta quien valore lo que a nuestro juicio es una verdadera negligencia», ha señalado Moreno.
El parlamentario ha insistido en que corresponde ahora al Ministerio Fiscal analizar la información trasladada y determinar si los hechos expuestos requieren alguna actuación. La consideración de negligencia responde, por tanto, a la valoración política formulada por el PSRM, sin que conste por el momento pronunciamiento alguno de la Fiscalía sobre el fondo de la cuestión.
Un informe de los mandos advierte de los riesgos
Uno de los elementos centrales de la actuación socialista es, según Fernando Moreno, un informe elaborado por los propios mandos del Consorcio. El diputado sostiene que ese documento advierte de que, bajo las condiciones actuales, no puede garantizarse la seguridad de la ciudadanía.
El PSOE considera especialmente grave que esta advertencia proceda de responsables operativos del propio servicio de emergencias. Moreno reprocha al Gobierno regional que, en lugar de asumir las conclusiones del informe y adoptar medidas para corregir las deficiencias, haya desacreditado a sus autores y cuestionado la veracidad de sus afirmaciones.
El diputado ha explicado que el traslado a la Fiscalía responde a la actitud que atribuye al Ejecutivo de Fernando López Miras frente a las reclamaciones de los profesionales. En opinión de los socialistas, el Gobierno autonómico conoce la situación crítica del Consorcio, pero continúa sin poner en marcha las soluciones necesarias para garantizar una dotación suficiente en sus parques.
«Con esta denuncia no se trata de generar alarma, ni de ser oportunista ni tampoco tiene como fin la confrontación política, como dice el consejero Ortuño, es simplemente un acto de responsabilidad política, se trata de denunciar la inseguridad que sufre la ciudadanía y los propios bomberos por culpa de la nefasta e incompetente gestión del Gobierno regional», ha remarcado Moreno.
El dirigente socialista ha defendido que la iniciativa no busca anticipar conclusiones jurídicas, sino poner los hechos en conocimiento de la Fiscalía ante la ausencia de una respuesta que el PSRM considere adecuada por parte de la Administración regional.
La formación atribuye la responsabilidad política de la situación al Gobierno de López Miras y, particularmente, al departamento dirigido por Marcos Ortuño. El PSOE ya había solicitado la dimisión del consejero, al que acusa de no haber respondido de forma eficaz a los problemas de plantilla, equipamiento y organización denunciados en el CEIS.
La nota remitida por el partido no incorpora el contenido completo del informe de los mandos ni detalla cuándo fue elaborado, qué responsables lo suscriben o cuáles son todas las deficiencias recogidas. El PSRM sí destaca como principal conclusión la imposibilidad, expresada por esos mandos según Moreno, de garantizar plenamente la seguridad en las condiciones actuales.
Más de 1.000 incidencias pendientes en el Consorcio
Fernando Moreno ha cifrado en más de 1.000 las incidencias que permanecerían sin resolver dentro del Consorcio de Extinción de Incendios y Salvamento. El diputado no desglosa la naturaleza de esos problemas, pero los vincula con las carencias operativas y materiales que su grupo viene denunciando.
Para el PSOE, el volumen de incidencias pendientes demuestra que la situación no responde a un hecho aislado ni a una dificultad puntual en alguno de los parques. La formación presenta el problema como una deficiencia estructural que afecta al conjunto del servicio y que requiere una respuesta política y presupuestaria inmediata.
Moreno ha acusado al Gobierno regional de optar por enfrentarse a los mandos del CEIS y cuestionar sus advertencias, en lugar de abordar las incidencias acumuladas. El parlamentario sostiene que esta actitud incrementa los riesgos ante cualquier emergencia que pueda producirse en la Región de Murcia.
En este contexto, el diputado ha utilizado una expresión especialmente crítica para responsabilizar políticamente al Ejecutivo autonómico, al afirmar que el Gobierno de López Miras se convierte en «parte del combustible de cualquier incendio que suceda en la Región de Murcia». La frase constituye una valoración política de Moreno sobre las consecuencias que atribuye a la falta de actuación.
El PSOE relaciona las deficiencias denunciadas con la capacidad de los equipos para intervenir con seguridad. La falta de efectivos puede afectar, según el planteamiento socialista, tanto a la rapidez de respuesta como a la composición de las dotaciones y a las condiciones en las que los profesionales afrontan los servicios.
La formación insiste en que los propios bomberos serían también víctimas de esta situación, al tener que desarrollar su trabajo con medios que considera insuficientes. Por ello, el traslado a la Fiscalía se presenta como una actuación dirigida a proteger simultáneamente a la población y a quienes trabajan en la extinción de incendios y el salvamento.
El PSRM promete mantener la presión institucional
Fernando Moreno ha recordado que el secretario general del PSRM-PSOE, Francisco Lucas, ya había anunciado la intención de utilizar todos los instrumentos disponibles para evitar que las carencias del Consorcio puedan desembocar en consecuencias graves.
«Como ya adelantó nuestro secretario general, Francisco Lucas, nuestro único objetivo desde el PSRM-PSOE es evitar a toda costa que la política de brazos caídos del Gobierno regional derive en un mal mayor que pueda costar la vida de cualquier ciudadano o ciudadana e incluso de los propios bomberos», ha afirmado.
El diputado ha añadido que su partido continuará presentando iniciativas y recurriendo a las vías institucionales que considere necesarias. «Seguiremos utilizando todos los instrumentos a nuestro alcance y haremos todo lo que esté en nuestra mano para proteger a la ciudadanía de la Región de Murcia», ha concluido.
El comunicado socialista no recoge la respuesta del Gobierno regional, del consejero Marcos Ortuño o de la dirección del CEIS a este nuevo paso del PSRM. Tampoco concreta la calificación jurídica planteada ante la Fiscalía ni aporta una copia del escrito registrado.
La actuación anunciada deja ahora en manos del Ministerio Fiscal la valoración de la documentación presentada. Mientras tanto, el PSOE mantiene su exigencia de reforzar los medios humanos y materiales del Consorcio, resolver las más de 1.000 incidencias que cifra como pendientes y atender las advertencias formuladas por los mandos del servicio antes de que, según teme la formación, las carencias puedan contribuir a un incidente de mayor gravedad.
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