El partido denuncia que el inmueble lleva un año cerrado y que la atención provisional en la Casa del Mar está saturada

El Partido Cantonal de Cartagena ha reclamado al Gobierno de España la reforma inmediata del edificio de la Seguridad Social situado en la calle Caridad, cerrado desde que parte del techo de su sala de espera se desplomó a principios de agosto de 2025. La formación denuncia que, transcurrido un año desde el incidente, el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones no ha anunciado públicamente ningún proyecto para reparar el inmueble ni ha concretado cuándo podrá recuperarse la atención ciudadana en estas dependencias.
El edificio se encuentra junto a la Basílica de la Caridad y acogía el Centro de Atención e Información de la Seguridad Social de la Comarca de Cartagena. Según el comunicado remitido por el PCAN, el desprendimiento se produjo durante la noche y afectó a la zona en la que los usuarios esperaban su turno para realizar trámites.
La formación subraya que la caída del forjado no provocó daños personales porque se produjo fuera del horario de atención al público. De haber ocurrido durante la jornada, sostiene el Partido Cantonal, el incidente podría haber causado lesiones a trabajadores o ciudadanos.
Tras el cierre de la oficina, el servicio fue trasladado de manera provisional a las instalaciones del Instituto Social de la Marina en la Casa del Mar, frente al Auditorio El Batel. Ambos organismos dependen del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.
El secretario de Organización del Partido Cantonal de Cartagena, Antonio Conesa Meroño, considera que la falta de una solución definitiva refleja una situación de abandono institucional. El comunicado responsabiliza de la ausencia de avances a las administraciones estatal, regional y municipal, aunque la competencia sobre el inmueble y sobre la prestación del servicio corresponde al Gobierno de España.
El PCAN reclama que el Ministerio informe sobre el estado actual del edificio, determine las actuaciones necesarias para garantizar su seguridad y establezca un calendario público para la reparación y reapertura de las dependencias de la calle Caridad.
Una sede provisional con falta de espacio y medios
El Partido Cantonal sostiene que el traslado a la Casa del Mar no ha resuelto adecuadamente las necesidades del servicio. Según la información recopilada por la formación, tanto trabajadores como usuarios muestran su malestar por las condiciones en las que se presta actualmente la atención.
El comunicado asegura que parte de los funcionarios trabaja en espacios que no fueron concebidos para funcionar como oficinas permanentes de atención al público. Entre ellos se encuentran la biblioteca y el salón de actos del Instituto Social de la Marina.
El PCAN señala que en la biblioteca existirían problemas de iluminación para realizar tareas como el cotejo de documentos. También afirma que en el salón de actos se han instalado mesas de atención al ciudadano incluso sobre el escenario, una distribución que evidenciaría la falta de espacio disponible para asumir el traslado del servicio.
La formación describe unas dependencias saturadas en las que trabajadores y usuarios deben desenvolverse con importantes limitaciones. También denuncia la existencia de largas colas en el acceso habilitado por la calle del Pez, junto al túnel de la calle Gisbert.
Estas afirmaciones proceden del comunicado del Partido Cantonal y no se acompañan de informes de prevención de riesgos, evaluaciones técnicas del espacio ni datos oficiales sobre los tiempos de espera. Tampoco consta en la documentación remitida una respuesta del Ministerio sobre las condiciones de las dependencias provisionales o sobre las medidas adoptadas para mejorar la atención.
El traslado, presentado inicialmente como una solución temporal, se mantiene un año después del cierre del edificio de la calle Caridad. Para el PCAN, el tiempo transcurrido obliga al Gobierno central a aclarar si pretende reformar la antigua oficina, trasladar definitivamente el servicio a otra ubicación o mantener la actividad en la Casa del Mar.
La situación afecta a uno de los principales puntos de atención administrativa de la comarca. En estas oficinas se gestionan prestaciones, pensiones, incapacidades, jubilaciones y otros procedimientos relacionados con la Seguridad Social, por lo que las condiciones de accesibilidad, privacidad y organización resultan especialmente relevantes.
El Partido Cantonal considera que la provisionalidad no puede prolongarse indefinidamente sin una planificación conocida por los trabajadores y la ciudadanía. La formación reclama una oficina adecuada, con espacios suficientes y medios que permitan atender los expedientes sin saturación ni pérdida de calidad en el servicio público.
Veintiún funcionarios para atender a más de 400.000 personas
Uno de los aspectos más preocupantes de la denuncia se refiere a la plantilla disponible. El PCAN afirma que las dependencias provisionales atienden a una población potencial superior a las 400.000 personas de la Comarca de Cartagena con únicamente veintiún funcionarios.
Según los cálculos facilitados por la formación, la oficina debería contar con unos 35 empleados para equipararse a la proporción media existente en otras dependencias de la Seguridad Social de la Región de Murcia. La diferencia supondría un déficit de catorce trabajadores y una carga de trabajo considerablemente mayor para la plantilla destinada en Cartagena.
El comunicado no aporta la relación de puestos de trabajo, datos oficiales de cobertura de plazas ni información desglosada sobre la comparación realizada con otras oficinas regionales. No obstante, el PCAN sostiene que la falta de personal contribuye a las colas y a las dificultades para absorber el volumen de atención.
La formación reclama, por tanto, que la respuesta del Gobierno de España no se limite a reparar el edificio. También pide abordar la dotación de trabajadores y los medios disponibles para que el servicio pueda funcionar en condiciones adecuadas.
La atención presencial de la Seguridad Social continúa siendo indispensable para una parte importante de la población, especialmente personas mayores, usuarios con dificultades digitales y ciudadanos que necesitan asesoramiento para completar procedimientos complejos. La insuficiencia de personal puede traducirse en demoras, problemas para obtener cita y una mayor presión sobre quienes atienden al público.
El PCAN entiende que Cartagena no debe recibir un trato inferior al de otros municipios y exige que la plantilla se ajuste al número de habitantes atendidos y a la carga real de expedientes. La formación considera que la reforma del inmueble de la calle Caridad y el refuerzo del personal deberían formar parte de una misma actuación para recuperar un servicio público estable.
Un año sin calendario conocido para reparar el edificio
El Partido Cantonal cuestiona que, un año después del desprendimiento, no se conozca públicamente un calendario de obras. La formación asegura que el Estado no ha anunciado ningún proyecto de reparación de la cubierta ni ha informado de los plazos previstos para devolver el inmueble a su uso original.
La documentación remitida no permite conocer el alcance técnico de los daños, las causas concretas del desplome, el coste estimado de la rehabilitación o si el Ministerio ha encargado informes sobre el estado estructural del edificio. Tampoco se especifica si existen limitaciones patrimoniales derivadas de su ubicación en el entorno histórico de la calle Caridad.
Estas cuestiones deberían ser aclaradas por la Administración General del Estado para determinar si la reapertura es viable y qué intervención resultaría necesaria. El PCAN considera insuficiente mantener el servicio en unas dependencias provisionales sin ofrecer información sobre el futuro de la oficina cerrada.
La formación pide al Gobierno central que actúe con urgencia y evite que la provisionalidad termine convirtiéndose en una situación permanente. También reclama una respuesta coordinada de las administraciones para defender los servicios públicos de Cartagena y garantizar unas condiciones dignas tanto para la plantilla como para los usuarios.
La denuncia vuelve a poner el foco sobre la necesidad de mantener adecuadamente los edificios públicos y actuar con rapidez cuando una incidencia obliga a cerrar servicios esenciales. En este caso, el derrumbe no causó víctimas, pero dejó fuera de uso una oficina que atendía a toda la comarca y trasladó su actividad a unas instalaciones que, según el PCAN, no reúnen espacio ni medios suficientes.
El Gobierno de España debe ahora aclarar si existe un proyecto para rehabilitar el inmueble de la calle Caridad, qué presupuesto requeriría y cuándo podrían comenzar las obras. Mientras esa información no se haga pública, la atención continuará en la Casa del Mar bajo una provisionalidad que ya ha alcanzado un año y que el Partido Cantonal considera incompatible con la importancia del servicio prestado.
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