El fallo obliga al Ayuntamiento a reincorporar y reubicar al agente, mientras UGT exige responsabilidades y revisar los procedimientos de Recursos Humanos
El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 1 de Cartagena ha declarado nula la resolución municipal que acordó la jubilación forzosa de un agente de la Policía Local después de que le fuera reconocida una incapacidad permanente total. La sentencia obliga al Ayuntamiento de Cartagena a reincorporarlo y a adoptar las medidas necesarias para su reubicación, según ha informado UGT Servicios Públicos.
El sindicato considera que el fallo supone un nuevo revés para la política de personal del Consistorio y reclama responsabilidades por una decisión que, a su juicio, vulneró los derechos del empleado público y no tuvo suficientemente en cuenta las obligaciones derivadas del Derecho de la Unión Europea.
La resolución anulada fue dictada el 17 de mayo de 2024 por el director general de Empleo Público e Interior, según recoge la información difundida por UGT.
El sindicato explica que la sentencia aplica el principio de primacía del Derecho de la Unión Europea y establece que el reconocimiento de una discapacidad o incapacidad no permite a una Administración acordar automáticamente la salida de un empleado público de su puesto.
Antes de adoptar una decisión de esta naturaleza deben analizarse las posibilidades de adaptación y, cuando proceda, aplicarse los denominados «ajustes razonables» que permitan al trabajador continuar desarrollando una actividad compatible con sus circunstancias.
«No estamos ante un problema de interpretación menor. Estamos ante decisiones que afectan directamente al empleo, a los derechos y a la dignidad de trabajadores y trabajadoras. Cuando los tribunales obligan una y otra vez a rectificar a la Administración, alguien tendrá que explicar qué está fallando», ha afirmado el responsable de Administración Local y Servicios a la Comunidad de UGT Servicios Públicos, José Juan González.
La sentencia obliga a estudiar la adaptación y reubicación del agente
UGT sostiene que el Ayuntamiento optó por la alternativa más perjudicial para el trabajador al acordar directamente su jubilación forzosa en lugar de estudiar previamente otras opciones previstas en la legislación.
Entre esas alternativas se encuentran la adaptación del puesto de trabajo o la reubicación en otras funciones compatibles con las limitaciones reconocidas.
La sentencia, según el sindicato, recuerda que una declaración de incapacidad no determina automáticamente la pérdida de la condición de funcionario.
UGT señala además que el fallo considera incompatible la actuación administrativa recurrida con las exigencias de la Directiva 2000/78/CE y con la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en materia de discapacidad y ajustes razonables.
González considera que la decisión municipal refleja «una preocupante falta de sensibilidad laboral y una gestión de personal alejada de los principios de inclusión, igualdad y protección de las y los empleados públicos».
La organización sindical reclama ahora que el Ayuntamiento ejecute la sentencia y garantice la reincorporación efectiva del agente, así como una reubicación adecuada a su situación.
El sindicato pide también que se revise el procedimiento seguido para evitar que situaciones similares vuelvan a producirse con otros empleados municipales.
«La Administración no puede mirar hacia otro lado ante el Derecho europeo ni esperar a que sea un juez quien le recuerde que detrás de cada expediente hay una persona, una familia y un puesto de trabajo», ha señalado González.
UGT defiende que los casos de empleados públicos con limitaciones funcionales deben analizarse individualmente y con criterios que permitan determinar qué adaptaciones pueden aplicarse antes de recurrir a decisiones que supongan su salida definitiva de la Administración.
La organización reclama por ello el establecimiento de criterios «transparentes y garantistas» para la adaptación y reubicación del personal municipal.
UGT asegura que el Ayuntamiento ha recurrido la sentencia
El conflicto judicial no habría terminado con esta primera resolución.
UGT afirma haber conocido que el Ayuntamiento de Cartagena ha recurrido la sentencia, una decisión que el sindicato critica porque considera que prolongará la situación del agente afectado.
La organización sostiene que este recurso puede incrementar el perjuicio «económico, moral y profesional» sufrido por el trabajador y elevar también los costes derivados del procedimiento.
«Cuando un trabajador tiene que acudir a los tribunales para defender un derecho que debería estar garantizado por la propia Administración, el coste termina repercutiendo también sobre las arcas municipales», afirma González.
UGT critica que los trabajadores tengan que acudir repetidamente a la vía judicial para defender sus derechos frente al Ayuntamiento.
«La vía judicial no puede convertirse en el mecanismo ordinario para que el personal municipal de Cartagena consiga que se respeten sus derechos. El Ayuntamiento tiene medios jurídicos, técnicos y humanos suficientes para hacer las cosas bien desde el principio», sostiene el responsable sindical.
La organización sitúa esta sentencia dentro de lo que considera una sucesión de conflictos judiciales relacionados con la gestión de personal municipal, aunque el comunicado no detalla otros procedimientos concretos ni sus resultados.
A partir de este nuevo fallo, UGT exige responsabilidades políticas y administrativas y reclama una revisión general de los procedimientos empleados por Recursos Humanos.
Entre sus peticiones figura el cumplimiento de la normativa europea y estatal aplicable en materia de discapacidad y empleo público, así como de la jurisprudencia sobre ajustes razonables.
La organización sindical reclama también que, antes de adoptar decisiones que puedan suponer la pérdida del puesto de trabajo, el Ayuntamiento valore de manera efectiva las posibilidades de adaptación y reubicación.
La sentencia comunicada por UGT supone, por el momento, la anulación de la resolución de jubilación forzosa y la obligación de reincorporar al agente y buscar una ubicación adecuada. El sindicato mantiene, sin embargo, que la decisión de recurrir prolonga un conflicto que considera evitable y reclama al Ayuntamiento de Cartagena que modifique sus criterios de gestión para impedir que nuevos casos terminen nuevamente ante los tribunales.
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