Toñi Del Vas exige proteger la titulación del alumnado y Nacho Tornel advierte de que no es un simple retraso burocrático
UGT y CCOO han cuestionado la actuación de la Consejería de Educación tras la información publicada por LasNoticiasRM sobre la implantación de las nuevas enseñanzas de FP Superior sin haber aprobado previamente sus currículos autonómicos. Ambos sindicatos sitúan el problema más allá de una demora administrativa: UGT exige una solución inmediata que garantice la titulación del alumnado y CCOO advierte de que aprobar ahora la normativa no permite reconstruir la formación recibida durante los dos cursos anteriores.
En las reacciones remitidas a este medio, la responsable de Enseñanza de UGT Servicios Públicos Región de Murcia, Toñi Del Vas, califica lo sucedido como una «nueva negligencia» de Educación. Por su parte, Nacho Tornel, de CCOO, considera que «el asunto es más grave de lo que puede parecer por el titular» y señala un problema de responsabilidad administrativa y de ejemplaridad institucional.
Las críticas parten del Dictamen 257/2026 del Consejo Jurídico de la Región de Murcia, que censura la implantación de las nuevas enseñanzas durante 2024-2025 y 2025-2026 antes de aprobar los currículos autonómicos adaptados. El órgano consultivo advierte, además, de que el expediente no acredita la correspondencia entre la formación efectivamente impartida y el currículo que Educación pretende aprobar retroactivamente, una cuestión que relaciona expresamente con la expedición de los títulos.
UGT exige que el alumnado pueda titular sin sufrir las consecuencias de la demora
La respuesta de UGT se centra en proteger a quienes han cursado estas enseñanzas y evitar que la tramitación pendiente termine repercutiendo sobre sus estudios.
Ante el dictamen, la organización considera que se trata de «más de lo mismo: una nueva negligencia de la Consejería de Educación al no desarrollar este proyecto en tiempo y forma». El sindicato dirige su reproche al departamento autonómico, responsable de completar la regulación, y reclama que encuentre una respuesta para el alumnado.
UGT exige a Educación que quienes han cursado estos grados y recibido su formación «no se vean afectados y puedan titular adecuadamente». Su prioridad es que las advertencias del Consejo Jurídico se traduzcan en actuaciones que preserven la titulación de los estudiantes, no en perjuicios para ellos.
Toñi Del Vas critica «esta nueva metedura de pata hacia el alumnado de FP, que son los grandes afectados», y pide a la Consejería que busque «una solución inmediata a este desatino».
La organización sindical no anuncia en su respuesta casos concretos de títulos denegados ni identifica estudiantes que hayan sufrido ya una incidencia en su expedición. Su reclamación es que Educación garantice que el alumnado no resulte perjudicado por un problema que atribuye a la falta de desarrollo normativo a tiempo.
El pronunciamiento de UGT une así dos exigencias: corregir la actuación administrativa cuestionada y asegurar que quienes han completado su formación puedan obtener la titulación correspondiente.
CCOO denuncia que Educación ha invertido el procedimiento que debía garantizar las enseñanzas
Nacho Tornel considera que la gravedad del asunto no reside únicamente en la fecha de aprobación de los currículos, sino en el orden seguido por la Administración para implantar las nuevas enseñanzas.
«La cuestión no es simplemente que la Consejería se haya retrasado en aprobar unos currículos, sino que ha alterado el orden lógico y jurídicamente garantista de la actuación administrativa: primero impartió las enseñanzas y después pretende aprobar el marco curricular que debía haber dado cobertura a esas enseñanzas», explica.
Para Tornel, reducir el problema a que «faltaran unos papeles» dejaría fuera la principal advertencia del Consejo Jurídico. Su valoración señala que Educación ha convertido en habitual una forma de proceder que el órgano consultivo viene cuestionando desde hace años.
El representante de CCOO destaca que el dictamen utiliza expresamente el término «reincide» y habla de una «clara inversión del sistema diseñado por la normativa básica». El Consejo, efectivamente, describe una práctica reiterada de comenzar las enseñanzas y aprobar después su desarrollo curricular con efectos retroactivos.
Tornel vincula esta cuestión con las exigencias que la propia Consejería traslada a quienes trabajan en los centros educativos. Considera contradictorio reclamar un cumplimiento riguroso de las normas mientras la Administración no culmina previamente el desarrollo que le corresponde.
«La Administración no puede exigir a los centros, equipos directivos y docentes un escrupuloso cumplimiento de la normativa mientras ella misma organiza e imparte enseñanzas sin haber culminado previamente el desarrollo normativo que le corresponde», sostiene.
Desde esa perspectiva, CCOO sitúa el debate en la responsabilidad de la Administración educativa y no en la actuación individual de profesores o equipos directivos. Tornel lo resume como «un problema de responsabilidad administrativa y de ejemplaridad institucional».
Aprobar una norma retroactiva no acredita por sí solo lo que recibió el alumnado
La segunda advertencia de CCOO coincide con el punto más delicado del dictamen: la diferencia entre aprobar una norma con efectos anteriores y demostrar que las enseñanzas impartidas se corresponden con ella.
Tornel previene frente a una eventual explicación que reduzca todo a un retraso burocrático subsanable mediante la nueva orden. No afirma que Educación haya ofrecido ya esa respuesta, sino que cuestiona que ese argumento resulte suficiente para resolver las objeciones del Consejo.
«Una norma aprobada en 2026 no puede reconstruir materialmente la formación que recibió un alumno en 2024 o 2025», señala.
CCOO recuerda que el expediente examinado no acredita la correspondencia entre la formación impartida y los currículos proyectados. Añade que la memoria de Educación ni siquiera manifiesta que durante esos cursos se hubiera trabajado tomando como referencia el borrador sometido posteriormente a aprobación.
Esta carencia documental no equivale a una declaración de invalidez de los estudios o de los títulos. El dictamen tampoco identifica diferencias concretas entre lo enseñado y lo exigido. Su advertencia es que falta acreditar esa adecuación, necesaria para respaldar la titulación, y que la retroactividad formal no cambia lo ocurrido en las aulas.
Las reacciones disponibles no incorporan una respuesta de Educación a estas críticas ni información que permita confirmar si se ha solicitado por correo o teléfono.
UGT y CCOO coinciden en rechazar que lo sucedido se trate como un trámite menor, aunque ponen el acento en aspectos distintos. Del Vas reclama una solución inmediata para que los estudiantes puedan titular sin verse afectados. Tornel insiste en que esa respuesta debe afrontar el fondo del problema: no basta con fechar retroactivamente una orden; es necesario acreditar la correspondencia entre el currículo y la formación que el alumnado recibió.
La Consejería guarda silencio
LasNoticiasRM.es contactó con la Consejería de Educación y Formación Profesional para solicitar aclaraciones sobre las advertencias del Consejo Jurídico, conocer las posibles consecuencias para el alumnado y recabar la posición del departamento autonómico. A fecha de publicación de esta información, este medio no ha recibido respuesta alguna a la solicitud.
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