Carmina Fernández acusa al PP de rebajar las consecuencias para los infractores y anuncia una reforma estatutaria para impedir retrocesos ambientales

El PSOE de la Región de Murcia ha anunciado que recurrirá ante los tribunales la modificación de la Ley de Recuperación y Protección del Mar Menor debatida este miércoles en la Asamblea Regional, al considerar que supone una regresión en las medidas de protección de la laguna. La portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Carmina Fernández, ha acusado al Gobierno de Fernando López Miras de aceptar una rebaja de las consecuencias previstas para determinadas infracciones con el objetivo, según su valoración, de garantizar su estabilidad parlamentaria.
Fernández ha centrado buena parte de su intervención en una de las consecuencias contempladas hasta ahora por la legislación regional para quienes cometieran infracciones graves o muy graves. Según ha explicado la portavoz socialista durante el debate parlamentario, la ley establecía la pérdida durante dos años del derecho a obtener ayudas públicas de la Comunidad Autónoma, una consecuencia que, de acuerdo con el PSOE, desaparece con la reforma.
La portavoz socialista ha contrapuesto esta modificación con las anteriores declaraciones del presidente regional en defensa de la protección de la laguna. “López Miras prometió que no daría ni un paso atrás en la protección del Mar Menor y hoy sabemos que su palabra valía hasta que necesitó dos votos”, ha afirmado Fernández.
El PSOE considera que el cambio rompe además el consenso que permitió aprobar en su momento la normativa específica de protección del Mar Menor. Fernández ha recordado que aquella ley fue el resultado de un proceso complejo y ha reprochado al PP que haya decidido modificarla pese al rechazo expresado, según señala, por colectivos que llevan años trabajando en defensa del ecosistema.
La portavoz socialista sostiene que esas organizaciones han manifestado públicamente su oposición a los cambios y han realizado llamamientos a la movilización. Para Fernández, este rechazo evidencia que la modificación no puede presentarse como un simple ajuste técnico sin consecuencias sobre el modelo de protección de la laguna.
El PSOE denuncia que desaparece una consecuencia para infracciones graves o muy graves
El principal reproche formulado por el Grupo Parlamentario Socialista se dirige al cambio que afecta al acceso a ayudas públicas por parte de quienes hayan sido sancionados por infracciones graves o muy graves.
Según la explicación ofrecida por Fernández, la normativa establecía hasta ahora que quien cometiera una infracción de esa consideración perdería durante dos años el derecho a obtener ayudas públicas de la Comunidad Autónoma. El PSOE sostiene que la reforma elimina esa consecuencia y considera que con ello se reduce el efecto disuasorio de la legislación.
“No podemos aceptar una reforma que beneficia a quien incumple frente a quien ha hecho el esfuerzo de cumplir. Si un agricultor respeta las normas y otro decide no hacerlo, no es justo que después puedan encontrarse en las mismas condiciones para recibir dinero público. Eso no es defender al sector agrario, es premiar al infractor y perjudicar al que hace las cosas bien”, ha señalado Fernández.
La portavoz socialista ha rechazado además la justificación de que se trate de una modificación meramente técnica destinada a adaptar la regulación autonómica a la legislación estatal. Según su interpretación, la decisión responde a una opción política concreta del Gobierno regional y del Partido Popular.
“Sean valientes y asúmanla, no se escondan. Si consideran que las sanciones deben ser menores, díganlo. Si consideran que alguien sancionado gravemente debe poder seguir accediendo a ayudas públicas, explíquenlo, pero no mientan diciendo que es una modificación técnica para adaptarse a una ley estatal, porque no es verdad”, ha afirmado.
Fernández también ha acusado al Ejecutivo autonómico de no haber desarrollado suficientemente la propia Ley del Mar Menor durante los últimos años y de centrar ahora sus esfuerzos en modificar una de las consecuencias que sí se estaban aplicando.
“No solo no cumplen la ley, sino que además la hacen inservible en lo único que se estaba aplicando, las sanciones”, ha asegurado la dirigente socialista durante su intervención en la Asamblea.
En defensa de la normativa vigente, Fernández ha aludido asimismo a resoluciones judiciales. Según la información trasladada por el PSOE, durante este mismo año el Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia ha respaldado restricciones establecidas por la Ley del Mar Menor frente a un recurso presentado por centenares de agricultores y empresas.
Los socialistas anuncian una batalla jurídica y una reforma del Estatuto
El PSOE ha anunciado que no limitará su oposición a la reforma al debate parlamentario. Fernández ha reiterado que su partido utilizará los instrumentos jurídicos que considere oportunos para combatir una modificación que califica de regresiva y ha confirmado que el PSRM llevará el cambio legislativo a los tribunales.
Al mismo tiempo, los socialistas pretenden impulsar una modificación del Estatuto de Autonomía de la Región de Murcia para incorporar una garantía destinada a impedir futuros retrocesos en la protección ambiental del Mar Menor.
La iniciativa ya había sido anunciada por el secretario general del PSRM, Francisco Lucas, y Fernández ha vuelto a defenderla durante el debate. El objetivo declarado por los socialistas es blindar en la norma institucional básica de la comunidad el principio de no regresión ambiental, de manera que la protección alcanzada no pueda reducirse posteriormente mediante cambios legislativos ordinarios.
“Lo hacemos porque López Miras ha demostrado que no es de fiar cuando necesita votos. Si el Partido Popular ha demostrado que puede negociar la protección del Mar Menor, nosotros vamos a proponer blindarla en el Estatuto para impedir que vuelva a retroceder”, ha concluido Fernández.
La portavoz socialista ha situado además el debate sobre la reforma en el contexto de las inversiones estatales destinadas a la recuperación de la laguna. Según ha recordado, el Gobierno de España ha comprometido 675 millones de euros para actuaciones relacionadas con el Mar Menor, una cifra que ha utilizado para contraponer la política del Ejecutivo central con la modificación impulsada en el ámbito autonómico.
“Mientras el Gobierno de España pone 675 millones para recuperar el Mar Menor, López Miras rebaja las consecuencias para quienes incumplen”, ha resumido Fernández.
Para el PSOE, existe una contradicción entre destinar recursos extraordinarios a recuperar un ecosistema gravemente deteriorado y reducir simultáneamente las consecuencias administrativas previstas para determinados incumplimientos. La portavoz socialista sostiene que la prioridad debería ser desarrollar y hacer cumplir la legislación existente en lugar de modificarla en un sentido que, según su grupo, beneficia a quienes han sido sancionados.
Fernández ha acusado por ello al PP de convertir el Mar Menor en “moneda de cambio” para garantizar la estabilidad parlamentaria del Gobierno de López Miras y ha insistido en que el PSOE no aceptará lo que considera una disminución del nivel de protección conseguido tras años de crisis ambiental.
El Mar Menor vuelve al centro de la confrontación política
La reforma de la Ley de Recuperación y Protección del Mar Menor abre así un nuevo frente político y jurídico en torno a la laguna. El PSOE plantea que la eliminación de la imposibilidad temporal de acceder a ayudas públicas para quienes hayan cometido determinadas infracciones graves o muy graves altera uno de los mecanismos previstos para incentivar el cumplimiento de la normativa.
Los socialistas insisten además en diferenciar entre los agricultores que cumplen las obligaciones ambientales y aquellos que hayan sido sancionados, rechazando que ambos puedan acceder posteriormente a las ayudas públicas en igualdad de condiciones si previamente se ha producido una infracción grave.
La formación anuncia ahora dos vías para tratar de frenar o limitar los efectos de la reforma: recurrirla judicialmente y promover una modificación del Estatuto de Autonomía que incorpore el principio de no regresión ambiental.
El debate supera así el contenido concreto de la reforma aprobada y vuelve a colocar sobre la mesa una cuestión que ha marcado durante años la política regional: hasta dónde debe llegar la protección jurídica del Mar Menor y qué consecuencias deben afrontar quienes incumplan las normas establecidas para evitar nuevos daños sobre la laguna.
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