Torres cuestiona los siete millones iniciales y contrapone la climatización de Empresa con las carencias escolares; Educación anuncia auditorías por centro
El viceportavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Juan Andrés Torres, ha cuestionado la credibilidad del Plan ClimaTIZA durante el pleno de control al Gobierno en la Asamblea Regional. El diputado reprocha a Fernando López Miras que anunciara las medidas al comenzar el curso mientras algunos centros suspendían las clases por las altas temperaturas. Su intervención ha incorporado también una comparación con las dependencias administrativas: acusa al Ejecutivo de atender la climatización de sus despachos mientras continúa sin resolverse el calor en las aulas.
Torres ha dirigido sus preguntas al consejero de Educación y Formación Profesional, Víctor Marín, y ha criticado que la respuesta a las necesidades de colegios e institutos llegue después del verano. Considera insuficientes los siete millones anunciados para la primera fase y cuestiona que el horizonte de 2030 ofrezca garantías a quienes están sufriendo interrupciones de la actividad educativa este septiembre.
El anuncio al que se refiere el socialista se produjo el 8 de septiembre, durante la apertura del curso escolar. La comunicación oficial del Gobierno regional presentó esos siete millones como una primera inversión dentro de un plan de 89 millones, con actuaciones sobre instalaciones eléctricas, confort térmico y medidas urgentes frente al calor. Por tanto, la cantidad cuestionada por Torres no constituye la totalidad del presupuesto plurianual anunciado.
La climatización de Empresa entra en el debate parlamentario
Uno de los reproches más directos del diputado se refiere a las prioridades del Gobierno regional. “Ha pasado el verano y el Gobierno regional no ha hecho nada en los centros educativos, pero sí les ha dado tiempo a climatizar los despachos de la Consejería de Empresa”, ha afirmado, según recoge el comunicado socialista.
La documentación del contrato de Empresa permite precisar el alcance de esa comparación. El expediente 009/2026 contempla sustituir una unidad averiada del sistema de climatización de la Casa Díaz Cassou, sede de la Consejería, con un presupuesto máximo de 25.000 euros, IVA incluido. No corresponde a una renovación completa de sus instalaciones ni identifica como destino exclusivo el despacho de un cargo político. El pliego señala que el sistema atiende dependencias administrativas y espacios de pública concurrencia.
Además, la ficha de contratación consultada sigue mostrando el estado de «Evaluación». Los documentos acreditan una licitación, pero no permiten dar por terminada la instalación a la que alude Torres.
Sí consta expresamente la intención de acelerar la reposición para atender las necesidades térmicas del edificio durante el verano. La memoria justificativa explica que se puntuará una ejecución rápida “con el fin de que durante el verano las instalaciones estén debidamente acondicionadas”. El pliego concede hasta 30 puntos por completar el suministro, la instalación y la puesta en servicio en quince días naturales o menos, frente al plazo general de 60 días desde la formalización.
Ese expediente documenta una necesidad de mantenimiento en la sede administrativa, pero no acredita que se hayan retirado recursos educativos para financiarla. Su financiación figura como íntegramente autonómica. La comparación política planteada por Torres se centra en la atención a las dependencias del Gobierno frente a las carencias que denuncia en los centros escolares.
Torres cuestiona los recursos y el cumplimiento del plazo de 2030
El viceportavoz socialista considera que los siete millones iniciales no responden a la dimensión del problema. Ha recurrido a la expresión “ni para poner una pérgola en el recreo” para criticar una cuantía que juzga insuficiente y ha reprochado al Ejecutivo que espere al regreso del alumnado para anunciar nuevas actuaciones.
Sus dudas se extienden al cumplimiento del calendario. Torres compara ClimaTIZA con el plan de retirada de amianto, que, según su balance, debe finalizar en 2027 y mantiene casi la mitad de los centros pendientes. También sostiene que Educación no ha ejecutado ni la mitad de sus presupuestos de infraestructuras. El comunicado no acompaña estas afirmaciones de un desglose de centros o de ejecución presupuestaria.
“Dice el consejero que el objetivo es climatizar todos los centros en el año 2030, pero si el grado de compromiso es el mismo que ha tenido con el plan de retirada de amianto”, ha señalado, antes de cuestionar también la capacidad de ejecución de la Consejería. El diputado interpreta que trasladar parte de la gestión a ayuntamientos y centros educativos responde a las dificultades del propio Gobierno para desarrollar las actuaciones.
Torres cifra, además, en 53 millones de euros los recursos que el Gobierno de España ha puesto a disposición de la Región para climatizar edificios públicos y reclama que se destinen a atender las necesidades escolares. Esa cifra procede de su comunicado y se refiere a edificios públicos, no exclusivamente a colegios e institutos.
Barracones, amianto y calor frente al anuncio de normalidad
La intervención socialista ha abordado también otras condiciones del inicio de curso. Torres rechaza el mensaje de normalidad trasladado por Educación y asegura que 2.000 alumnos y alumnas reciben clase en 77 barracones. A ello añade las aulas bajo cubiertas de amianto, temperaturas superiores a 30 grados, obras que impiden abrir centros y faltas de profesorado que, según denuncia, afectan al arranque de la actividad lectiva.
El diputado ha mencionado asimismo las dificultades de las familias a las que se ha denegado la beca de comedor. Con esta relación de problemas, cuestiona que la evaluación del comienzo del curso pueda limitarse a la apertura de los centros sin atender a las condiciones en las que estudia el alumnado.
Por su parte, Marín ha defendido este miércoles en la Asamblea que la primera fase de ClimaTIZA financiará obras urgentes, equipos de aire acondicionado y refuerzos de potencia eléctrica. Según la nota oficial de Educación, el consejero ha anunciado que “se va a realizar una auditoría de las necesidades reales de cada centro”, para adaptar las intervenciones a las características de cada edificio.
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