La senadora destaca menos burocracia, más compatibilidad entre prestaciones y mayor financiación estatal para reforzar la atención a personas dependientes
La senadora del PSOE por la Región de Murcia, Inma Sánchez, ha defendido la reforma de las leyes de Dependencia y Discapacidad aprobada por el Congreso y ha reclamado al Gobierno regional que aproveche el incremento de la financiación estatal para reforzar los servicios, reducir los tiempos de tramitación y mejorar la atención que reciben las personas dependientes en la comunidad autónoma.
La reforma introduce cambios relevantes en el funcionamiento del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, entre ellos una mayor flexibilidad para compatibilizar servicios y prestaciones, el refuerzo de la teleasistencia, nuevas modalidades de ayuda a domicilio y medidas destinadas a simplificar procedimientos administrativos. El Gobierno de España ha vinculado estos cambios con una inversión adicional de aproximadamente 6.200 millones de euros durante 2026 y 2027 y con el compromiso de elevar la aportación estatal hasta el 50% del gasto público en dependencia en 2027.
Sánchez considera que estas modificaciones suponen “una actualización profunda del sistema” y sostiene que permiten avanzar hacia una atención más personalizada, en la que las personas dependientes dispongan de mayor capacidad para decidir qué apoyos necesitan y cómo quieren organizar sus cuidados.
“Es un modelo que permite a las personas dependientes decidir cómo quieren vivir y con qué apoyos quieren desenvolverse”, afirma la senadora socialista.
Menos incompatibilidades y reducción de los plazos
Uno de los principales cambios de la reforma afecta a la tramitación de los expedientes. Según explica Sánchez, el objetivo es reducir a la mitad el plazo de resolución, además de permitir alterar el orden habitual de tramitación cuando existan circunstancias de especial vulnerabilidad.
La reforma aprobada establece precisamente una reducción de los plazos administrativos y flexibiliza el sistema de incompatibilidades que durante años ha impedido combinar determinados servicios y prestaciones. Entre los cambios figura la posibilidad de compatibilizar distintos apoyos, como centros de día, ayuda a domicilio o prestaciones económicas, en función de las necesidades de cada persona.
Sánchez destaca especialmente este cambio porque considera que permitirá sustituir un sistema que califica de excesivamente rígido por otro adaptado a las circunstancias particulares de cada usuario.
La ayuda a domicilio también amplía su alcance. La reforma contempla que determinados apoyos puedan acompañar a la persona fuera de su vivienda para realizar actividades necesarias de la vida cotidiana, reforzando así el principio de autonomía personal.
La teleasistencia se consolida igualmente como un derecho dentro del sistema y se amplía el catálogo de productos de apoyo mediante fórmulas como la cesión o el préstamo de determinados dispositivos.
“El plazo para resolver un expediente se reduce a la mitad; se permite alterar el orden ordinario de los expedientes cuando concurran circunstancias de especial vulnerabilidad para la persona dependiente; se elimina el modelo rígido de incompatibilidades entre prestaciones y servicios; más libertad para decidir los cuidados”, resume Sánchez.
Otro de los cambios destacados afecta a la relación entre dependencia y discapacidad. La reforma busca conectar ambos sistemas para evitar que una misma persona tenga que repetir procedimientos o aportar documentación equivalente ante administraciones diferentes.
La normativa incorpora además nuevos derechos en materia de discapacidad y accesibilidad y establece mecanismos para reconocer determinados grados de discapacidad a partir del reconocimiento previo de situaciones de dependencia, con el objetivo de reducir trámites y duplicidades administrativas.
La financiación vuelve al centro del debate entre PSOE y PP
La senadora socialista ha utilizado la reforma para trasladar el debate a la gestión de la dependencia en la Región de Murcia y reclamar al Ejecutivo autonómico que los nuevos recursos se traduzcan en una mejora efectiva de los servicios.
El Gobierno central aprobó en junio una reforma de la financiación del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia que prevé aportar 6.162 millones de euros adicionales durante 2026 y 2027 respecto a los últimos presupuestos, mediante un incremento de las cuantías del nivel mínimo de protección que el Estado transfiere a las comunidades autónomas.
El objetivo declarado por el Ejecutivo central es que su aportación alcance en 2027 el 50% del gasto público total en dependencia. Ese incremento pretende proporcionar a las comunidades recursos adicionales para reducir listas de espera, contratar profesionales, mejorar las condiciones de los trabajadores y ampliar servicios como los cuidados domiciliarios.
Sánchez contrapone esta evolución con las políticas desarrolladas durante el Gobierno de Mariano Rajoy y recuerda los recortes introducidos en 2012 sobre el sistema de dependencia. Entre ellos cita la suspensión del nivel acordado de financiación, la reducción de determinadas prestaciones económicas para cuidados familiares y los cambios introducidos entonces sobre la cotización de las personas cuidadoras no profesionales.
La reforma de 2026 elimina precisamente algunas de las incompatibilidades introducidas durante aquella etapa y amplía nuevamente la capacidad de combinación entre prestaciones y servicios.
La senadora vincula también sus críticas a la situación general de los servicios sociales en la Región de Murcia. El Índice DEC correspondiente a 2025 sitúa a Murcia entre las comunidades que no alcanzan el aprobado en el desarrollo de sus servicios sociales, junto con Cantabria, Extremadura, Baleares, Comunidad Valenciana, Madrid y Galicia. El informe analiza cuestiones como cobertura, gasto, derechos reconocidos y prestación efectiva de distintos servicios sociales.
Sánchez interpreta esos resultados como una muestra de que la comunidad necesita aprovechar el incremento de recursos para reforzar su sistema de atención.
“Tienen recursos, tienen más financiación que nunca del Gobierno de España, para que todas las personas que necesitan cuidados tengan dignidad y derechos”, sostiene la representante socialista. Se trata de una valoración política del PSOE sobre la responsabilidad del Ejecutivo autonómico en la aplicación de las políticas de dependencia.
La senadora reclama al Gobierno regional que la mayor financiación se traduzca en reducción de tiempos de espera, ampliación de prestaciones y mayor capacidad para atender a las personas reconocidas como dependientes.
También reivindica el origen de la Ley de Dependencia, aprobada hace dos décadas bajo un Gobierno socialista, y plantea la reforma actual como una actualización del sistema ante los cambios sociales experimentados desde entonces.
El reto será ahora trasladar las modificaciones legislativas y el incremento presupuestario al funcionamiento cotidiano de los servicios gestionados por las comunidades autónomas, que mantienen una parte sustancial de las competencias sobre dependencia.
En la Región de Murcia, el debate estará especialmente condicionado por los tiempos de reconocimiento, la capacidad de los servicios sociales y la forma en que el Gobierno autonómico utilice los nuevos recursos estatales. Sánchez reclama que esa financiación permita convertir los nuevos derechos recogidos en la reforma en prestaciones efectivas para las personas dependientes y sus familias.
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