Miguel Ortega denuncia ayudas pendientes de pago y asegura que los remanentes redujeron a 265.000 euros la transferencia estatal prevista para 2025
El diputado socialista Miguel Ortega ha denunciado este miércoles en la Asamblea Regional que el Gobierno de Fernando López Miras mantiene ayudas del Bono Alquiler Joven pendientes de pago mientras acumula fondos sin ejecutar. Durante una interpelación al consejero de Fomento e Infraestructuras, el parlamentario ha reclamado explicaciones sobre el destino del dinero recibido del Estado y ha exigido que se abonen las cantidades pendientes a sus destinatarios.
La denuncia del PSOE se centra en la diferencia entre la financiación prevista para 2025 y la transferencia que, según Ortega, recibió finalmente la Comunidad Autónoma. El diputado ha señalado que estaban previstos 8,8 millones de euros, pero que únicamente se transfirieron 265.000 euros debido a la existencia de remanentes de ejercicios anteriores, acreditados mediante un certificado remitido por la propia Administración regional.
Ortega ha presentado esta situación como una consecuencia de la falta de ejecución de los fondos destinados a facilitar la emancipación juvenil. Su reproche al Ejecutivo autonómico es que el dinero disponible no se haya traducido en ayudas efectivamente cobradas por quienes necesitan afrontar el alquiler.
Una transferencia reducida por los fondos pendientes de ejecutar
El parlamentario socialista ha descrito lo ocurrido como la devolución de ocho millones y medio de euros “por no gestionarlo”. Sin embargo, el mecanismo que detalla su propia explicación es una reducción de la nueva transferencia estatal por la existencia de dinero de años anteriores todavía disponible, y no un reintegro de esa cantidad que la nota documente.
La diferencia entre los 8,8 millones inicialmente previstos y los 265.000 euros que Ortega afirma que se recibieron asciende a 8.535.000 euros. Esa reducción constituye el núcleo de su denuncia sobre la gestión regional del programa.
“Hay algo que debería avergonzar a cualquier Gobierno: recibir dinero para ayudar a la gente y que esas ayudas no lleguen. Han recibido 265.000 euros en lugar de 8,8 millones de euros en 2025”, ha manifestado durante su intervención.
Según el desglose aportado por el diputado, la Región recibió 8,8 millones de euros en 2022, otros 8,8 millones en 2023 y la misma cantidad en 2024. Esas tres anualidades suman 26,4 millones de euros. Al añadir los 265.000 euros que señala para 2025, el total supera los 26,5 millones a los que hace referencia la denuncia socialista.
Ortega ha contrapuesto la existencia de remanentes con las comunicaciones que, según sostiene, recibieron solicitantes a quienes se les trasladaba que el presupuesto estaba agotado.
“Mientras enviaban cartas a los jóvenes diciéndoles que no había más ayudas porque se había agotado el presupuesto, estaban dejando dinero sin ejecutar”, ha afirmado. El diputado ha exigido al consejero que aclare cuánto dinero se ha recibido, cuánto se ha utilizado y qué cantidades continúan pendientes.
El PSOE reclama el pago de las ayudas concedidas
Más allá de las transferencias entre administraciones, Ortega ha centrado parte de su intervención en las consecuencias de los retrasos para los solicitantes. Ha recordado que, según una denuncia de UGT que ha citado, más de 2.000 jóvenes seguían sin respuesta sobre sus solicitudes del Bono Alquiler Joven de 2025 el pasado septiembre.
Esa cifra se refiere a solicitudes pendientes de respuesta, de acuerdo con lo expuesto por el diputado, y no equivale necesariamente al número de ayudas concedidas que todavía no se han pagado. Ortega ha reclamado respuestas para los solicitantes y, al mismo tiempo, el abono de las prestaciones ya reconocidas.
“Son personas que trabajan, pagan sus facturas y necesitan ese dinero para llegar a fin de mes. El alquiler no espera, el recibo no espera y el casero no espera”, ha señalado.
El parlamentario ha insistido en que la concesión administrativa de una ayuda no resuelve por sí sola las dificultades económicas de sus destinatarios. Su exigencia es que ese reconocimiento se traduzca en el ingreso del dinero.
“No nos diga que las ayudas están concedidas, porque ya lo sabemos. Los jóvenes no quieren una carta que les diga que tienen derecho a la ayuda: quieren que se la paguen, porque eso es lo que les permite pagar el alquiler y las facturas”, ha declarado.
La interpelación ha incluido una petición expresa de información sobre las obligaciones pendientes. “¿Cuánto dinero han recibido? ¿Cuánto han ejecutado y cuánto queda pendiente? ¿Por qué no han pagado todavía las ayudas concedidas? Exigimos respuestas claras y soluciones inmediatas”, ha reclamado.
Críticas a los anuncios de nuevas ayudas y a la política de vivienda
Ortega también ha cuestionado el anuncio del Gobierno regional de 16 millones de euros en nuevas ayudas al alquiler. Según ha indicado, más de diez millones proceden del Gobierno de España y se encuadran en el Plan Estatal de Vivienda.
El diputado ha reclamado que se identifique el origen de esos recursos y ha vinculado su crítica a la necesidad de resolver primero los pagos pendientes. La partida anunciada de 16 millones es una referencia distinta de las transferencias del Bono Alquiler Joven que ha desglosado durante su intervención.
Para el representante socialista, los problemas de gestión del bono forman parte de un balance más amplio de la política autonómica de vivienda, que ha calificado de “gestión fallida”.
En ese contexto, ha acusado al Ejecutivo regional de no haber construido vivienda pública durante los últimos ocho años y de no ofrecer alternativas habitacionales a las personas desahuciadas. También ha atribuido al delegado del Gobierno y a la Plataforma de Afectados por la Hipoteca la paralización de tres desahucios en las últimas semanas.
Ortega ha cerrado su intervención reclamando al consejero que actúe y pague las ayudas pendientes. La exigencia socialista combina la rendición de cuentas sobre los fondos recibidos con una petición inmediata: que los jóvenes con ayudas reconocidas puedan disponer del dinero para afrontar sus gastos de vivienda.
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