El PSOE acusa a López Miras de abrir la puerta a la «vivienda pública especulativa»

El PSOE acusa a López Miras de abrir la puerta a la «vivienda pública especulativa»

Miguel Ortega denuncia que la reforma elimina límites de precio y permitiría que viviendas protegidas perdieran esa condición a los cinco años

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El diputado socialista Miguel Ortega ha acusado al Gobierno de Fernando López Miras de impulsar un modelo de “vivienda pública especulativa” con la nueva normativa de vivienda que se debate en la Asamblea Regional. Según su denuncia, la reforma elimina precios máximos y permite que viviendas protegidas pierdan esa condición a los cinco años, sin garantizar que los recursos públicos empleados mantengan una finalidad social a largo plazo.

Ortega ha planteado estas objeciones durante las audiencias legislativas del Proyecto de Ley de Vivienda Asequible y de medidas urgentes en materia urbanística, celebradas en la Comisión de Política Territorial, Medio Ambiente, Agricultura y Agua. El parlamentario cuestiona que la propuesta pueda resolver las dificultades de acceso de jóvenes y familias si no asegura precios que estos hogares puedan pagar.

“Si estamos construyendo vivienda protegida para que después pase a manos privadas, estamos construyendo por primera vez un nuevo concepto de vivienda: la vivienda pública especulativa”, ha afirmado.

La crítica socialista se concentra en tres aspectos: los límites económicos de las viviendas, la duración de su protección y la supresión del registro de demandantes que, según Ortega, contemplaba la normativa anterior. El PSOE reclama que la política autonómica garantice vivienda asequible y protegida de forma permanente.

Ortega cuestiona la eliminación del precio máximo

El diputado ha señalado que el decreto anterior establecía un precio máximo de 180.000 euros para viviendas de 90 metros cuadrados. Según sostiene, la nueva regulación elimina esos límites, lo que considera incompatible con el objetivo de facilitar el acceso a la vivienda.

Su argumento es que aumentar la construcción no basta si los inmuebles resultantes quedan fuera de las posibilidades económicas de sus destinatarios. Por ello, reclama que las actuaciones respaldadas con recursos públicos incorporen garantías sobre el precio final.

“Si el principal problema de la vivienda en la Región de Murcia es el precio, ¿cómo va a solucionar este decreto la situación si elimina los límites y no garantiza que las viviendas sean asequibles?”, ha preguntado.

Ortega ha insistido en la relación entre la financiación pública y las condiciones de acceso. A su juicio, permitir ayudas a la construcción sin fijar un precio máximo puede impedir que el beneficio de esa inversión llegue a las personas que necesitan una vivienda.

“¿Para qué vamos a construir vivienda pública si quienes más las necesitan no las van a poder pagar?”, ha añadido.

El parlamentario sitúa así el debate en las condiciones de las futuras promociones, además de en su número. Su reclamación es que la consideración de vivienda asequible se traduzca en requisitos económicos concretos que protejan a jóvenes y familias frente a precios que no puedan asumir.

La protección de las viviendas y el plazo de cinco años

La segunda objeción se refiere a la posibilidad de que las viviendas protegidas pierdan esa condición transcurridos cinco años. Ortega advierte de que ese mecanismo podría permitir la incorporación al mercado libre de inmuebles cuya promoción hubiera contado con recursos públicos.

Según su interpretación de la reforma, el problema reside en que la inversión pública no aseguraría la conservación de la función social de esas viviendas. El diputado reclama que la protección tenga carácter permanente para evitar que el esfuerzo económico de la Administración beneficie únicamente durante un periodo limitado a quienes necesitan precios asequibles.

“¿De qué sirve destinar dinero público a construir vivienda protegida si cinco años después puede dejar de estar protegida?”, ha planteado.

La denuncia distingue dos cuestiones que no son equivalentes: la titularidad de una vivienda y su régimen de protección. La pérdida de la condición de protegida afecta a las restricciones y garantías asociadas a ese régimen; no acredita por sí sola que exista una transmisión de propiedad pública a un particular. El riesgo que señala Ortega es que viviendas promovidas con apoyo público terminen operando en el mercado privado sin conservar su finalidad social.

“Lo que necesita la Región de Murcia es vivienda verdaderamente pública, asequible y protegida de forma permanente”, ha defendido.

El comunicado socialista no concreta qué modalidades de vivienda quedarían afectadas por el plazo de cinco años ni detalla las condiciones para perder la protección. La advertencia del diputado forma parte de las objeciones que su grupo está trasladando durante la tramitación parlamentaria.

Críticas a la desaparición del registro y al balance del Gobierno regional

Ortega también ha rechazado la eliminación del registro de demandantes de vivienda que, según ha explicado, recogía la normativa precedente. El parlamentario considera que esa herramienta podía ayudar a identificar las necesidades de la ciudadanía y orientar la planificación de las políticas públicas.

Para el diputado, conocer la demanda resulta necesario para decidir dónde y cómo actuar. Su crítica enlaza esa información con las otras dos garantías que reclama: precios accesibles y mantenimiento de la protección en el tiempo.

El representante socialista ha situado estas objeciones dentro de su balance de la política de vivienda del PP, que ha calificado de una “década de fracasos”. Ha acusado al Ejecutivo de López Miras de no haber construido vivienda de promoción pública durante ese periodo y de mantener un parque público que, según sus cifras, no alcanza el 0,2 %.

También ha reprochado al Gobierno regional la devolución de fondos transferidos por el Estado para políticas de vivienda, frente a las dificultades que atraviesan jóvenes y familias para acceder a un hogar.

Las audiencias legislativas constituyen el marco en el que Ortega ha formulado sus críticas al proyecto. La posición que defiende el PSOE pasa por mantener garantías económicas, preservar la protección de las viviendas y disponer de información sobre la demanda para planificar las actuaciones. El diputado reclama que esos elementos determinen el alcance de la reforma y el destino de los recursos públicos empleados.

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