Los socialistas reclaman al alcalde aclarar el canon de diez millones para deuda municipal, las subidas previstas y los cambios para familias numerosas
Las informaciones publicadas por LasNoticiasRM.es sobre el futuro contrato del agua de Caravaca de la Cruz han provocado las primeras reacciones. El PSOE local reclama al alcalde, José Francisco García, explicaciones sobre las consecuencias económicas de una concesión planteada para los próximos 25 años. Los socialistas cuestionan especialmente que las tarifas permitan recuperar un canon de diez millones de euros destinado a amortizar deuda municipal ajena al servicio.
La reacción llega después de que este medio haya informado sobre dos aspectos del estudio económico corregido: el mantenimiento de ese canon mientras disminuyen las aportaciones periódicas previstas para mejorar las redes y el incremento de las tarifas de abastecimiento, incluida la cuota fija doméstica. Las publicaciones también han abordado la previsión de fondos para posibles despidos y la eliminación de una exención para familias numerosas de categoría especial.
La secretaria general del PSOE de Caravaca, Mari Cruz López, pide que el Gobierno municipal explique las prioridades del modelo antes de comprometer el servicio durante un cuarto de siglo. La formación anuncia que solicitará una comparación completa entre los recibos actuales y los que resultarían de las tarifas propuestas.
El debate se refiere al estudio de viabilidad y a la estructura de costes aprobados por el Pleno el 28 de septiembre. La concesión todavía no está adjudicada y las nuevas tarifas no han entrado en vigor, por lo que sus condiciones definitivas pueden cambiar durante la tramitación.
Diez millones para deuda municipal que se recuperarían mediante las tarifas
El principal reproche socialista se dirige al canon inicial previsto en la operación. La futura adjudicataria adelantaría diez millones de euros al Ayuntamiento para amortizar deuda municipal y recuperaría esa cantidad mediante las tarifas durante los 25 años de concesión, con una imputación de 400.000 euros anuales.
«Estamos hablando de que los vecinos pagarían durante 25 años para que el Ayuntamiento pueda amortizar una deuda que no está directamente vinculada al servicio de agua», señala López.
Para el PSOE, el alcalde debe justificar por qué se incorpora esa carga al modelo económico del abastecimiento. La formación atribuye el origen de la deuda a la gestión de los gobiernos del Partido Popular y rechaza que su amortización condicione durante décadas los pagos de los usuarios.
La crítica también alcanza a la distribución de los recursos. Según recoge la nota socialista, la aportación periódica prevista para mejorar las infraestructuras pasa de 171.013,55 a 147.346,28 euros anuales, una diferencia de 23.667,27 euros por ejercicio.
«Y lo más preocupante es que, mientras se mantienen intactos esos diez millones para la deuda, se reduce en casi 600.000 euros a lo largo de la concesión la aportación periódica prevista para mejorar las redes. El alcalde tiene que explicar por qué esa es la prioridad», afirma López.
La comparación de ambos estudios arroja una diferencia acumulada de 591.681,75 euros si se mantienen esas previsiones durante los 25 años. La cantidad efectiva podría variar, porque la aportación se calcula sobre los ingresos. Además, esa reducción afecta a las contribuciones periódicas para mejoras, no al programa inicial de inversiones, que el documento revisado eleva ligeramente.
Los socialistas reclaman que el Ayuntamiento detalle qué recursos se dedicarían a renovar las instalaciones y cuáles servirían para amortizar deuda.
Una comparación del recibo para saber cuánto pagaría cada familia
La segunda reclamación del PSOE se centra en el impacto sobre los hogares. La formación recoge el incremento previsto para la cuota fija doméstica del casco urbano: de 21,44 a 26,33 euros cada dos meses, tomando como referencia la ordenanza de 2022 utilizada en el estudio.
Son 4,89 euros adicionales por bimestre, aproximadamente un 22,8%. Ese porcentaje corresponde exclusivamente a la cuota fija de abastecimiento y no al conjunto de la factura, que incorpora otros conceptos.
«Si una familia mantiene el mismo consumo, tiene derecho a saber por qué va a pagar más y, sobre todo, qué está pagando con ese incremento», sostiene la secretaria general socialista.
La información publicada por LasNoticiasRM.es este 20 de octubre explicó que conservar los 18 metros cúbicos incluidos en la cuota fija no impide que aumente el precio del abastecimiento. El documento contempla pagar más por esa cuota aunque el hogar no incremente su consumo.
El PSOE quiere que esa discusión se traduzca en ejemplos comprensibles. Por ello, solicitará una comparación que incluya abastecimiento, alcantarillado, cánones e impuestos, manteniendo iguales el consumo, la ubicación, el periodo de facturación y las características del contador.
«La gente no vive dentro de un estudio económico: abre un recibo y paga una factura. Por eso queremos que el Ayuntamiento ponga encima de la mesa una comparación clara entre el recibo actual y el que se propone», reclama López.
La petición pretende que los vecinos conozcan el resultado completo antes de la aprobación definitiva de las tarifas, sin confundir la evolución de un concepto concreto con el importe total que terminarían abonando.
El PSOE pide mantener la exención para las familias numerosas de categoría especial
La formación también reclama preservar la exención de la cuota fija de abastecimiento para las familias numerosas de categoría especial, recogida en la modificación de la ordenanza de mayo de 2022.
Según expone en su comunicado, esa cuota figura con importe cero tanto en el casco urbano como en las pedanías. Sin embargo, las tablas del estudio corregido prevén cobrar a estos hogares 21,44 euros cada dos meses en el casco y 19,96 euros en las pedanías.
Si esos importes se incorporan a la futura ordenanza, supondrían 128,64 y 119,76 euros anuales, respectivamente, únicamente por esa cuota y antes de impuestos. El cambio afectaría a esta exención concreta, sin que pueda afirmarse que desaparecen todas las bonificaciones para familias numerosas.
Los socialistas recuerdan que la protección fue impulsada por el propio Gobierno municipal en 2022 y piden aclarar por qué el nuevo modelo contempla volver a cobrar ese concepto.
La reacción del PSOE sitúa así en el debate político las decisiones económicas examinadas en las dos informaciones de este periódico: cuánto costaría el servicio a las familias, qué protección conservarían los hogares beneficiarios y qué parte de los ingresos se dedicaría a las redes o a la deuda municipal.
«Antes de comprometer a Caravaca de la Cruz durante un cuarto de siglo, el Gobierno de García tiene que explicar las cifras, las prioridades y el coste real para los vecinos», concluye López.
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