Isabel Gadea denuncia que la negativa a declarar zonas tensionadas excluye a la Región del reparto estatal de 180 millones para vivienda asequible
La portavoz del PSOE de la Región de Murcia, Isabel Gadea, ha acusado al Gobierno de Fernando López Miras de recurrir a una nueva «cortina de humo» para ocultar su gestión en materia de vivienda. La dirigente socialista ha respondido este jueves a la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno y ha situado su crítica en la exclusión de la comunidad autónoma del reparto de 180 millones de euros para territorios con zonas de mercado residencial tensionado.
Gadea responsabiliza al presidente regional de haber dejado pasar una vía de financiación que podría haberse utilizado para ampliar la oferta de alquiler asequible. Según sostiene, la negativa del Ejecutivo autonómico a declarar estas zonas perjudica a los ciudadanos que encuentran dificultades para acceder a una vivienda.
«Hablamos de dinero que podría haberse invertido en fomentar el alquiler asequible y facilitar el acceso a una vivienda digna», ha remarcado.
La controversia se produce después de que el Consejo de Ministros aprobara el 20 de octubre las subvenciones directas para las cinco comunidades que cuentan con zonas tensionadas. La Región de Murcia no figura entre las beneficiarias de este programa, dirigido a incrementar la oferta de vivienda asequible y reducir los precios del alquiler. lamoncloa.gob.es
La negativa a declarar zonas tensionadas centra la denuncia socialista
La portavoz del PSRM vincula la exclusión de Murcia con las decisiones del Gobierno autonómico sobre la Ley estatal de Vivienda. Gadea denuncia que López Miras no utiliza la declaración de zonas tensionadas, una herramienta que, según defiende, habría contribuido a frenar la subida de los alquileres y permitiría acceder a los recursos asociados a esos territorios.
El reproche socialista tiene una dimensión política y otra económica. Por una parte, cuestiona que el Ejecutivo regional rechace esa vía de intervención; por otra, señala que esa posición tiene consecuencias sobre las posibilidades de financiación de las políticas de vivienda.
Gadea ha acusado al presidente de anteponer las directrices del Partido Popular a las necesidades de la comunidad autónoma. La portavoz sostiene que el alineamiento con su formación está condicionando las decisiones del Gobierno regional en un asunto que afecta directamente a las familias.
«A López Miras le da igual el problema de la vivienda y está bloqueando la llegada de fondos para vivienda porque no le importa esta Región, solo le importa lo que diga el Partido Popular, aunque eso perjudique a la ciudadanía de la Región de Murcia», ha afirmado.
La dirigente socialista presenta así la ausencia de zonas tensionadas como una decisión con efectos sobre los recursos disponibles. Su crítica no se limita al desacuerdo sobre la regulación del alquiler, sino que alcanza a las actuaciones que podrían financiarse con el programa estatal.
Los 180 millones se reparten entre cinco comunidades autónomas
El programa aprobado por el Gobierno de España concentra sus ayudas en Cataluña, Euskadi, Navarra, Asturias y Galicia, que reúnen los 317 municipios incluidos en zonas de mercado residencial tensionado. El reparto responde a la población afectada y al esfuerzo que los hogares realizan para pagar el alquiler. lamoncloa.gob.es
Los 180 millones constituyen el presupuesto del conjunto del programa nacional. La denuncia del PSRM se refiere a que Murcia queda fuera de ese reparto, sin que el comunicado socialista concrete qué importe habría podido corresponderle si hubiera contado con territorios declarados como zonas tensionadas.
Esta distinción permite situar el alcance económico de la controversia: no existe en la nota una asignación individualizada para la Región cuya pérdida pueda cuantificarse. Lo que Gadea cuestiona es que la política autonómica impida participar en una línea de financiación destinada a ampliar las opciones de vivienda asequible.
El Ejecutivo central ha planteado estas subvenciones como un apoyo a actuaciones en los territorios que ya han recurrido a esa figura. La portavoz socialista considera que el Gobierno murciano debería haber utilizado esa posibilidad para atender las dificultades de acceso al alquiler.
La posición del PSRM es que las herramientas previstas en la legislación estatal y sus recursos asociados deben ponerse al servicio de los ciudadanos. Desde ese planteamiento, Gadea reclama que el debate sobre vivienda se traduzca en decisiones que permitan acceder a financiación y desarrollar actuaciones.
Fondos para promover, rehabilitar y adquirir vivienda asequible
La financiación estatal contempla distintas actuaciones, entre ellas la promoción y rehabilitación de inmuebles para alquiler asequible o social, la adquisición y urbanización de suelo residencial y la compra pública de viviendas. También permite financiar coberturas ante impagos de rentas. Son intervenciones que combinan la ampliación de la oferta con medidas de apoyo al alquiler. lamoncloa.gob.es
Ese destino de los recursos explica el argumento central de Gadea: la exclusión del programa afecta a las posibilidades de impulsar soluciones habitacionales. La portavoz reclama valorar los fondos por las actuaciones que pueden facilitar y por su utilidad para quienes necesitan encontrar una vivienda a un precio asumible.
Su respuesta a la comparecencia del Gobierno regional se concentra en ese contraste entre los anuncios del Ejecutivo y las oportunidades de financiación que, según denuncia, está dejando pasar. Gadea califica la actuación autonómica de «nula gestión» y sostiene que la nueva intervención pública del Gobierno busca desviar la atención de ese balance.
La crítica socialista se dirige, por tanto, a una prioridad concreta: utilizar los instrumentos disponibles para fomentar el alquiler asequible. El PSRM responsabiliza a López Miras de mantener una posición partidista que, a su juicio, limita la capacidad de respuesta de la Región.
Gadea reclama que la política de vivienda se mida por su efecto sobre el acceso de los ciudadanos a un hogar. En ese marco sitúa su denuncia sobre los 180 millones: una línea estatal para financiar actuaciones de la que Murcia ha quedado al margen y que los socialistas consideran una oportunidad desaprovechada.
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