Manolo Torres exige espacios públicos para enterramientos no católicos y reprocha a Arroyo que la solución continúe pendiente tres años después del acuerdo plenario
El PSOE de Cartagena ha reclamado al Gobierno de Noelia Arroyo que habilite espacios funerarios públicos para las confesiones no católicas. El portavoz socialista, Manolo Torres, denuncia que esta necesidad continúa sin resolverse tres años después de aprobarse una moción de su grupo y pese a una sentencia que reconoció el derecho de la comunidad musulmana a disponer de parcelas en un cementerio municipal.
Los socialistas consideran inaceptable que se siga aplazando una cuestión que afecta a la dignidad de las personas y a la posibilidad de recibir sepultura conforme a sus creencias. Su petición es que el Ayuntamiento adopte una solución efectiva dentro de los espacios públicos y respete la diversidad religiosa del municipio.
«No se puede hablar de libertad religiosa mientras se impide a los vecinos ser enterrados conforme a sus creencias. Por eso es urgente que se habiliten estos espacios de una vez por todas», sostiene Torres.
La reclamación tiene un antecedente judicial concreto. La sentencia 69/2025, de 30 de mayo, del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Cartagena, estimó el recurso de la Comunidad Islámica AFAMUCA y ordenó al Ayuntamiento conceder una zona con suficientes parcelas para enterramientos conforme a los preceptos funerarios islámicos.
Una reclamación de derechos que el PSOE considera todavía pendiente
La denuncia actual del grupo socialista se centra en la falta de una respuesta material a las necesidades de las confesiones no católicas. Torres sostiene que los compromisos políticos y el reconocimiento judicial deben traducirse en espacios disponibles para las familias.
El PSOE recuerda que el Pleno ya respaldó una moción socialista sobre esta cuestión hace tres años. Para la formación, el tiempo transcurrido refuerza la exigencia de actuar y descarta que la petición pueda seguir tratándose como un asunto sin resolver a largo plazo.
La reivindicación combina dos planos diferentes. Por una parte, los socialistas solicitan espacios adecuados para los enterramientos de distintas confesiones religiosas. Por otra, recuerdan un pronunciamiento judicial referido específicamente a la comunidad musulmana y a su solicitud de parcelas municipales.
Torres reclama al Ejecutivo local que deje de aplazar la decisión y garantice una respuesta pública. El portavoz vincula esa exigencia con el respeto a las creencias de los vecinos y con la igualdad en el acceso a los servicios municipales.
La formación considera que la diversidad religiosa de Cartagena debe tenerse en cuenta también en la gestión funeraria. Su petición es que las familias puedan disponer de una solución adecuada sin que el reconocimiento del derecho quede únicamente en declaraciones o acuerdos.
El comunicado socialista no concreta qué parcelas propone habilitar ni incorpora un calendario municipal de actuaciones. La reclamación es que el Gobierno de Arroyo adopte las medidas necesarias para hacer efectivos esos espacios.
La sentencia reconoció la vulneración de la libertad religiosa
El procedimiento judicial partió de una solicitud presentada por AFAMUCA el 7 de octubre de 2024. La comunidad pidió una zona con suficientes parcelas en el cementerio municipal para enterrar a personas fallecidas de fe musulmana conforme a sus ritos.
La resolución concluyó que la actuación impugnada vulneraba la libertad religiosa y de culto. Además de ordenar la concesión de las parcelas, impuso al Ayuntamiento las costas, limitadas a 300 euros.
El PSOE recupera ese antecedente para sostener que la cuestión supera el terreno de la oportunidad política. A juicio de Torres, el Ayuntamiento debe responder a una necesidad que afecta al ejercicio de las creencias religiosas y a la dignidad de los fallecidos y sus familias.
La crítica del portavoz se dirige a la distancia que denuncia entre ese reconocimiento y la situación actual. Su afirmación de que los espacios siguen sin habilitarse corresponde al balance político difundido este martes por el grupo municipal.
Ese matiz permite distinguir el contenido acreditado de la resolución de la denuncia sobre su cumplimiento posterior. La sentencia reconoce el derecho y establece una obligación para el Ayuntamiento; el PSOE sostiene ahora que la respuesta práctica continúa pendiente.
Torres exige que el Gobierno local explique y resuelva esa situación mediante espacios públicos adecuados. La formación insiste en que la atención a las familias no debe seguir aplazándose después del recorrido institucional y judicial de la reclamación.
Los espacios públicos, en el centro de la exigencia socialista
El carácter público de la solución es uno de los puntos centrales del mensaje del PSOE. Torres rechaza que una alternativa privada sustituya la respuesta que reclama dentro de los cementerios municipales.
«La sentencia judicial insiste en que estos espacios tienen que ser públicos y no privados, y nosotros lo refrendamos porque lo contrario sería discriminación», afirma.
El alcance de la resolución es más preciso: el juzgado consideró que no cabía supeditar la solicitud de parcelas en un cementerio municipal existente a una futura ampliación o a la construcción de otro cementerio por iniciativa privada. Eso no supone prohibir los cementerios privados, sino distinguirlos del derecho reclamado en este procedimiento.
La petición socialista se apoya en esa diferencia para exigir una actuación municipal. El grupo considera que disponer de otras posibilidades no elimina la necesidad de atender la demanda de espacios públicos.
Torres reclama que el Ayuntamiento cumpla la legislación y respete la diversidad de Cartagena mediante decisiones concretas. Su propuesta abarca a las distintas confesiones, aunque el antecedente judicial citado se refiere a los enterramientos musulmanes.
El PSOE sitúa la urgencia en que las familias puedan contar con una respuesta efectiva cuando la necesitan. Por ello, exige al Gobierno de Arroyo que habilite los espacios y cierre una reclamación que, según denuncia, sigue pendiente pese al acuerdo del Pleno y al pronunciamiento judicial.
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