
La portavoz socialista reclama a José Ángel Alfonso el cese de Antonio Martínez y distingue las responsabilidades políticas de la decisión judicial

La portavoz del PSOE de la Región de Murcia, Isabel Gadea, ha declarado este miércoles en los juzgados de Molina de Segura en relación con la denuncia que presentó por la difusión de un vídeo de mujeres musulmanas y sus hijos menores de edad por parte de Antonio Martínez, primer teniente de alcalde, portavoz de Vox y concejal de Seguridad Ciudadana del municipio. Según ha informado el PSRM, la comparecencia se enmarca en las actuaciones sobre unos hechos que la dirigente socialista denunció ante la Fiscalía al considerar que podían constituir un delito de odio.
Gadea ha vuelto a reclamar al alcalde de Molina de Segura, José Ángel Alfonso, del PP, que condene lo ocurrido y aparte a Martínez de sus responsabilidades en el Gobierno municipal. Su petición se centra en la responsabilidad política de un cargo que tiene encomendada la seguridad ciudadana, con independencia del resultado del procedimiento judicial.
«Lo que hizo Antonio Martínez no fue libertad de expresión, sino un señalamiento público. Además, existe una responsabilidad política que debe examinarse con independencia de la decisión que adopten los tribunales sobre la posible responsabilidad penal», ha afirmado en la nota remitida por el partido.
La comparecencia de Gadea no supone una resolución sobre el fondo del asunto. Corresponde al órgano judicial determinar si los hechos tienen relevancia penal y, en su caso, las responsabilidades que puedan derivarse, con respeto a la presunción de inocencia.
Un vídeo que expuso a mujeres y menores en las redes sociales
Los hechos denunciados se remontan al 3 de febrero de 2025. Martínez difundió unas imágenes en las que aparecían mujeres musulmanas acompañadas de sus hijos, junto al mensaje «Con las barrigas de nuestras mujeres os conquistaremos otra vez» y referencias de apoyo a Vox.
La publicación y su contenido fueron recogidos entonces por distintos medios. RTVE informó de su difusión en Facebook y TikTok, así como de la reacción socialista y del anuncio de acciones ante la Fiscalía. La información también recogía que el vídeo ya había desaparecido de ambas plataformas. rtve.es
Según el comunicado del PSRM, las imágenes se difundieron sin el consentimiento de las familias. Gadea sostiene que la gravedad del episodio reside en utilizar la exposición pública de mujeres y menores para trasladar un mensaje que, a su juicio, estigmatiza a un colectivo por su origen y sus creencias religiosas.
La dirigente socialista recuerda que su denuncia se sumó a las presentadas por las propias mujeres afectadas. El foco de su intervención está en las consecuencias de convertir una escena cotidiana, el acompañamiento de niños al colegio, en material de confrontación política.
«Los menores tienen derecho a que se proteja su imagen, su intimidad y su dignidad, con independencia de su nacionalidad o religión», ha manifestado Gadea. También ha reclamado respeto y protección para las familias y ha rechazado que los niños se conviertan en protagonistas involuntarios de una polémica por las creencias de sus allegados.
La portavoz no ha comunicado el contenido de su declaración judicial ni las preguntas formuladas durante la comparecencia. La nota se concentra en su valoración política de los hechos y en la exigencia de responsabilidades al Gobierno municipal.
El antecedente judicial y el rechazo de PP y Vox a la reprobación
El procedimiento ya había tenido un avance público a comienzos de este año. En enero de 2026, EFE informó de que Antonio Martínez había sido citado a declarar como investigado por la difusión del vídeo. Aquella información situaba la citación para el día 15 de enero y recogía que Gadea había llevado los hechos a la Fiscalía como posible delito de odio. efe.com
En el ámbito municipal, el PSOE promovió un pleno extraordinario para reclamar la reprobación y el cese del dirigente de Vox. La propuesta fue rechazada el 24 de febrero de 2025 por los votos del Gobierno de coalición de PP y Vox, frente al apoyo del grupo socialista. cadenaser.com
Gadea recupera ahora ese antecedente para cuestionar la actuación del alcalde. Considera que José Ángel Alfonso debe responder políticamente por la continuidad de Martínez y dejar de supeditar cualquier decisión municipal al desenlace judicial.
El concejal ofreció una explicación pública cuando se conoció la controversia. Según las declaraciones a EFE recogidas por RTVE en febrero de 2025, atribuyó lo sucedido a una interpretación equivocada del mensaje y sostuvo que pretendía promover una reflexión sobre la natalidad y el cuidado de la familia. Esa fue su versión inicial, distinta de la interpretación de los denunciantes. rtve.es
Para esta información no se ha solicitado por correo, teléfono o gabinete una respuesta adicional a Martínez ni al alcalde. Las explicaciones anteriores constituyen antecedentes públicos, sin que puedan presentarse como una contestación a la comparecencia de Gadea de este miércoles.
Elena Casado reclama instituciones que protejan la convivencia
La secretaria de Igualdad del PSRM y candidata al Congreso, Elena Casado, ha respaldado la actuación de Gadea. En el mismo comunicado, ha reconocido su decisión de denunciar y ha situado la protección de las familias afectadas en el centro de la respuesta institucional que reclama.
Casado considera inaceptable que quienes tienen responsabilidades públicas utilicen su posición para enfrentar a vecinos por su origen o sus creencias. Sus críticas se dirigen tanto al contenido denunciado como al papel de las instituciones en la defensa de la convivencia.
La dirigente socialista ha extendido esa valoración al acuerdo de gobierno entre PP y Vox en Molina de Segura y al debate político sobre igualdad. Se trata de una interpretación partidista del caso, diferenciada de la valoración jurídica que corresponde a los tribunales.
Gadea, por su parte, mantiene la petición concreta de que el alcalde retire a Martínez sus responsabilidades municipales. La declaración judicial añade un nuevo episodio a un asunto que permanece abierto en dos ámbitos: el esclarecimiento de los hechos denunciados y la decisión política sobre la continuidad del responsable de Seguridad Ciudadana.
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