Ecologistas y grupos políticos coinciden: el medio ambiente no es una prioridad para el Gobierno regional
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Las reacciones a la noticia dada en el día de ayer por LasNoticiasRM en exclusiva, en referencia a la inacción del Gobierno regional en lo que atañe a sus obligaciones legales de control y seguimiento medioambiental del resort que, según SEPRONA, ha robado más de 34 millones de metros cúbicos de agua para regar el campo de golf de sus instalaciones, han sido contundentes.

Reacciones
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Fuentes socialistas han puesto de manifiesto que el modus operandi del Gobierno regional «es un ejemplo más del descontrol del Gobierno regional del PP y del absoluto caos que está generando por su dejación de funciones».

Para el PSOE de la Región de Murcia «este caso es una muestra más de que, con este descontrol y dejación de funciones del Gobierno de López Miras se enriquecen unos pocos a costa del patrimonio ambiental y del entorno de toda la Región».

Ecologistas y grupos políticos coinciden: el medio ambiente no es una prioridad para el Gobierno regional
Agentes comprueban las instalaciones ilegales mediante las que se abastecía el campo de golf de agua del acuífero

«Una vez más, se vuelve a constatar que el modelo del Partido Popular consiste en degradar nuestro medio ambiente para favorecer proyectos urbanísticos megalómanos» y que se enriquezcan unos pocos, a costa del patrimonio natural de todos los ciudadanos y ciudadanas de la Región de Murcia», remarcaban.

Pedro García de la Asociación de Naturalistas del Sureste (ANSE), quienes presentaron alegaciones al proyecto Lorca Golf Resort en su momento, recordaba que «una vez más se cumple lo que ANSE exponía en sus alegaciones a este proyecto: no eran creíbles las justificaciones para conseguir el agua para regar el campo de golf y abastecer a la urbanización, y la reciente investigación de SEPRONA lo pone de manifiesto».

«Este proyecto era como tantos de aquella época, y así lo reflejamos en las alegaciones que planteamos, teniendo en consideración experiencias como La Manga Club, que pese a ser una urbanización con alta ocupación, las aguas regeneradas no eran suficientes para regar el campo de golf, por lo que para Lorca Golf Resort sería harto improbable que pudieran regar con una ocupación claramente inferior», nos explicaba por teléfono el director de ANSE.

En la misma conversación aprovechaba para recordar que «el urbanismo que podemos denominar legal es tramposo buscando justificaciones que difícilmente se pueden cumplir como por ejemplo la declaración de pozos para extraer agua que claramente se iban a sobreexplotar para poder abastecer la demanda de las promociones inmobiliarias, o la construcción de desaladoras, como la de Escombreras, para justificar una macro urbanización (Novo Carthago) y que el tiempo ha puesto en evidencia que no eran viables y solo se promovieron para evitar los informes negativos de la CHS».

A Lorena Lorca, portavoz de SUMAR en la Región de Murcia la información revelada por LasNoticiasRM «no le sorprende nada que la Consejería de Medio Ambiente lleve 20 años sin exigir el cumplimiento medioambiental, no a esta, sino a infinidad de empresas en nuestra región».

Ecologistas y grupos políticos coinciden: el medio ambiente no es una prioridad para el Gobierno regional
Toma de agua supuestamente ilegal

«La ausencia de control en el cumplimiento de las leyes relativas al control de la calidad del aire, protección de la atmósfera, de vigilancia de la salud ambiental o de los usos de las reservas hídricas subterráneas han sido el pan nuestro de cada día desde que el PP entró en el gobierno regional», ha asegurado.

Lorca ha sido tajante y afirma que «es hora de que la ciudadanía de esta región diga ‘basta’. Lo hemos visto con la ILP del Mar Mejor, lo hemos comprobado en Yecla, con el Monte Arabí, en Águilas con Cabo Cope, o en Las Torres de Cotillas y Santomera con las plantas de Biogás».

La portavoz en la Región del partido de Yolanda Díaz explicaba que «el tiempo de los pelotazos urbanísticos con agua robada, que nunca deberían haberse producido, creíamos que debían haber pasado a la historia. Si la Consejería de Medio Ambiente no tiene capacidad o voluntad de poner coto al robo de agua pública para intereses privados, será necesario que lo sea la fiscalía de Medio Ambiente, el SEPRONA o el propio Ministerio de Medio Ambiente, a través del gobierno de España, quienes actúen para poner freno a tanto despropósito».

Para José Luis Álvarez-Castellanos, coordinador general de Izquierda Unida en la Región de Murcia, «este caso es un ejemplo más, no solo de la falta de diligencia en la actividad administrativa que debe ejercer cualquier órgano de la administración pública, sino también de la misma connivencia del Gobierno regional con ciertos sectores empresariales a los que se les permite todo incluido el incumplimiento de las propias leyes y normativas».

El líder de IU añadía que «sin ir más lejos, baste citar el caso de las ampliaciones de 70 granjas porcinas sin que la propia consejería de Medio Ambiente les exigiera la correspondiente autorización ambiental».

Álvarez-Castellanos además criticaba las justificaciones dadas por «el Servicio de Inspección y en definitiva por la propia Consejería que las hace suyas, no se sostiene. Si bien la ley 4/2009 de protección ambiental integrada elimina a los campos de Golf de la lista de actividades sujetas a autorización ambiental, este cambio no se introduce hasta marzo de 2014 estando hasta esa fecha sometido en este caso a la normativa de la Declaración de Impacto Ambiental obtenida en 2005 con arreglo a la ley anterior de 1995».

Pedro Luengo, portavoz de Ecologistas en Acción en la Región de Murcia, tampoco se «sorprende el trato de favor de la administración regional con muchas empresas, protegiendo más el beneficio privado que el interés general, de cuya protección se supone que son responsables».

«Forma parte del modus operandi de las administraciones públicas en esta región: además de aprobar un proyecto impactante en un área de alta calidad para la tortuga mora (que supuso la destrucción de su hábitat), posteriormente no se ha hecho el seguimiento del Plan de Vigilancia Ambiental, con el que se habrían detectado los gravísimos incumplimientos de la DIA (Declaración de Impacto Ambiental)», afirma Luengo.

El portavoz de la asociación ecologistas asegura que «lo hemos visto en otros proyectos: la no vigilancia del cumplimiento de los condicionantes ambientales de proyectos impactantes permite aumentar los beneficios privados, en detrimento del interés general de toda la ciudadanía. Además supone muchas veces una competencia desleal con otras empresas del sector que sí se ciñen a la legalidad, y que tienen costes por respetar los condicionantes ambientales».

Y pronostica que «seguramente argumenten que no tienen personal suficiente en la Consejería, pero eso es una decisión política, que hemos visto que forma parte de la estrategia de saturar y colapsar la Dirección General de Medio Ambiente, para luego promover rebajas en la legislación ambiental, reduciendo trámites que en realidad son garantía de protección del interés general».

Víctor Egío, diputado regional de Podemos, ha indicado a LasNoticiasRM que «la inacción de la Consejería de Medioambiente durante 20 largos años es absolutamente escandalosa, pero no deja de de ser la norma de la casa en el PP».

Ecologistas y grupos políticos coinciden: el medio ambiente no es una prioridad para el Gobierno regional

«¿Qué podemos esperar de personajes como el consejero Antonio Cerdá que llegó a decir que una lechuga era más ecológica que un pino o de Antonio Luengo, al que el PP se ha llevado al Senado para aforarlo y huir de la justicia?» se preguntan desde la formación morada.

También, apunta Egío, que «no se puede entender la inacción del Ministerio de Transición Ecológica socialista y su presidente en la Confederación Hidrográfica del Segura, Mario Urrea, que este verano llegó a atacar al SEPRONA para defender a los propietarios del campo. Es una muestra más de que en esta Región PP y PSOE van de la mano».

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