IU-Verdes y Podemos logran que el Gobierno regional tenga seis meses para aprobar el reglamento, crear un registro y financiar el sector
La Asamblea Regional ha aprobado este miércoles una iniciativa impulsada por IU-Verdes y Podemos para obligar al Gobierno autonómico a regular, registrar y financiar las escuelas de música de la Región de Murcia tras años de vacío normativo y precariedad institucional. La moción ha salido adelante con el apoyo de todos los grupos parlamentarios, salvo Vox, que se ha abstenido, después de un acuerdo de enmiendas entre los grupos socialista y popular que ha permitido desbloquear una reivindicación histórica del sector musical.
La iniciativa supone un giro relevante para las escuelas de música no regladas, dependientes en su mayoría de ayuntamientos y sociedades musicales, que sostienen buena parte de la actividad de las bandas en municipios de toda la Región. El texto aprobado compromete al Ejecutivo de Fernando López Miras a desarrollar en un plazo máximo de seis meses el reglamento pendiente desde la aprobación de la Ley de Música de 2019, crear un registro específico de escuelas de música y poner en marcha líneas de financiación pública.
Desde IU-Verdes y Podemos han destacado que el acuerdo “marca un antes y un después” para un sector que, según denuncian, ha sobrevivido durante años gracias al esfuerzo de familias, docentes, músicos, ayuntamientos y entidades sin ánimo de lucro, pese a su enorme peso social y cultural. La aprobación parlamentaria abre ahora una nueva fase en la que el Gobierno regional tendrá que pasar de las palabras a los hechos y concretar tanto el desarrollo normativo como el respaldo presupuestario.
El diputado de IU-Verdes, José Luis Álvarez-Castellanos, ha subrayado que el acuerdo es fruto del trabajo conjunto de la coalición y del consenso alcanzado con el resto de fuerzas políticas y con el propio sector musical. Según ha defendido, la iniciativa logra que el Gobierno regional se comprometa a regular unas escuelas que “dependen de ayuntamientos y entidades sin ánimo de lucro, como las sociedades musicales que sostienen las bandas de música en toda la Región”.
“El abandono institucional ha sido la norma durante años, pese a existir mandatos legales desde hace casi dos décadas. Hoy se abre una etapa distinta”, ha señalado Álvarez-Castellanos, que ha celebrado especialmente que el acuerdo incluya un plazo cerrado de seis meses, un registro oficial y subvenciones para gastos estructurales, mantenimiento de instrumentos y apoyo a los costes derivados de la actividad formativa.
Un sector con 8.000 alumnos y casi medio centenar de bandas
La portavoz parlamentaria de Podemos, María Marín, ha reivindicado el papel de las bandas y escuelas de música como una de las expresiones culturales más arraigadas en la Región de Murcia. Durante su intervención, ha apelado a la “simbiosis entre las tradiciones del pueblo y la cultura” que representan estas entidades, con más de 8.000 alumnos, 5.000 músicos federados, cientos de docentes y casi medio centenar de bandas.
La dimensión del sector explica la importancia de la iniciativa aprobada. Las escuelas de música no son una actividad secundaria ni un lujo cultural. En muchos municipios son la puerta de entrada a la formación artística, la cantera natural de las bandas, un espacio de convivencia intergeneracional y una herramienta de cohesión social. Forman a niños, jóvenes y adultos, sostienen la vida musical de fiestas populares, procesiones, conciertos, actos institucionales y certámenes, y mantienen viva una tradición profundamente vinculada a la identidad local.
Marín ha comparado la situación de la Región de Murcia con la Comunidad Valenciana, donde las bandas están reconocidas como Bien de Interés Cultural, cuentan con reglamentación propia y reciben una financiación de 13 millones de euros. Frente a ese modelo, ha denunciado que en la Región el PP votó en contra de reconocerlas como BIC en 2017, que el Gobierno regional cerró la puerta a ese reconocimiento en 2018 y que la financiación actual apenas alcanza los 140.000 euros.
La comparación evidencia la distancia entre dos territorios que comparten una tradición musical muy potente. En el Levante, las bandas no son solo agrupaciones artísticas: son tejido social, memoria popular, formación, participación ciudadana y cultura de proximidad. La falta de regulación y financiación en la Región de Murcia ha dejado durante años a estas entidades en una situación de desigualdad respecto a otras comunidades donde la música de base sí ha recibido un reconocimiento más sólido.
La portavoz de Podemos ha afeado al Ejecutivo de López Miras los siete años de retraso acumulados en la aprobación del reglamento que exige la Ley regional de Música de 2019. Mientras tanto, ha denunciado, han sido las familias quienes han cargado con buena parte del coste económico: instrumentos, viajes, cuotas sociales de docentes y gastos de funcionamiento. Esta presión económica, según Marín, lleva a muchos jóvenes a abandonar su formación musical por no poder asumir los costes.
Reglamento, registro y financiación para acabar con el vacío normativo
La iniciativa aprobada establece tres pilares fundamentales: desarrollo reglamentario, creación de un registro específico y financiación pública. El reglamento pendiente debe servir para ordenar el funcionamiento de las escuelas de música no regladas, establecer criterios comunes y dar seguridad jurídica a un sector que lleva años funcionando en un terreno demasiado incierto.
El registro específico permitirá conocer con mayor precisión cuántas escuelas existen, dónde están, qué alumnado atienden, qué necesidades tienen, qué profesorado sostiene la actividad y qué estructura económica requiere el sector. Sin datos fiables y sin reconocimiento administrativo, resulta muy difícil diseñar políticas públicas eficaces y distribuir ayudas con criterios transparentes.
La financiación es, probablemente, el elemento más determinante. Las escuelas de música necesitan apoyo para gastos estructurales, mantenimiento y adquisición de instrumentos, funcionamiento ordinario, actividad formativa y costes laborales del profesorado. Sin recursos suficientes, la regulación puede quedarse en un marco formal sin capacidad real para mejorar la vida de las entidades y de las familias.
El acuerdo parlamentario obliga ahora al Gobierno regional a concretar cómo va a cumplir el mandato de la Asamblea. El plazo de seis meses fija una responsabilidad política clara y evita que la iniciativa quede enterrada en una nueva promesa sin calendario. Tras años de retraso, el sector necesita certezas: cuándo estará el reglamento, cómo funcionará el registro, qué financiación habrá y qué partidas presupuestarias se destinarán a sostener la red de escuelas.
La aprobación de la moción también tiene una lectura política. IU-Verdes y Podemos han conseguido que una reivindicación cultural históricamente desatendida sea respaldada por la Asamblea Regional, obligando al Gobierno de López Miras a actuar en un ámbito donde la inacción había sido la norma. La abstención de Vox deja a la formación de Abascal fuera del consenso alcanzado por el resto de grupos.
La cultura popular exige algo más que aplausos
María Marín ha resumido el fondo de la reivindicación con una crítica directa al Partido Popular: “Luego al PP se le llena la boca con el apoyo a nuestras fiestas populares, pero la realidad es la que es y nuestras bandas lo saben. Hoy traemos sus peticiones a este pleno: reglamentación y financiación. Es de justicia”.
La frase apunta a una contradicción habitual en la política cultural regional. Las bandas de música son imprescindibles en fiestas, desfiles, procesiones, actos oficiales y celebraciones populares, pero durante años no han recibido una regulación ni una financiación acorde a su importancia. Se las aplaude en la calle, se las invita a actos institucionales, se presume de su tradición, pero sus escuelas han tenido que sostenerse demasiadas veces con cuotas familiares, voluntarismo y esfuerzo municipal.
La cultura popular necesita reconocimiento, pero también recursos. Sin escuelas de música fuertes no hay relevo generacional. Sin docentes con condiciones dignas no hay formación de calidad. Sin instrumentos, locales, ayudas y planificación no se garantiza el acceso igualitario a la educación musical. Y sin regulación, el sector queda atrapado en una precariedad administrativa que dificulta su desarrollo.
La aprobación de la iniciativa abre una oportunidad para cambiar ese escenario. La Región de Murcia cuenta con una red musical de enorme valor social, educativo y cultural. Su futuro dependerá ahora de que el Gobierno regional cumpla el mandato parlamentario y no convierta el acuerdo en otra declaración de buenas intenciones.
Las escuelas de música han demostrado durante años que son capaces de sostener cultura, identidad y comunidad incluso con recursos limitados. Ahora la Asamblea ha reconocido que ese esfuerzo necesita respaldo público estable. El reto está en manos del Ejecutivo autonómico: aprobar el reglamento, crear el registro, habilitar financiación y demostrar que la música de base merece algo más que aplausos cuando suena en las fiestas. Merece una política pública seria, sostenida y a la altura de lo que representa para miles de familias, docentes, músicos y municipios de la Región de Murcia.
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