El PSOE exige una fecha para aprobar una guía que proteja a menores frente al acoso transfóbico en los centros educativos
El PSOE ha exigido al Gobierno regional la aprobación urgente de un protocolo educativo para el alumnado trans en la Región de Murcia que garantice la seguridad, la dignidad y la protección de menores y jóvenes en los centros educativos. El diputado socialista Miguel Ortega ha interpelado al consejero de Educación en la Asamblea Regional para reclamar la puesta en marcha inmediata de una herramienta prevista en la Ley estatal Trans y LGTBI aprobada en 2023 y que, según ha denunciado, sigue sin desarrollarse en la comunidad autónoma más de tres años después.
Ortega ha recordado que el artículo 61 de la Ley para la igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos de las personas LGTBI obliga a las administraciones públicas a elaborar protocolos de atención al alumnado trans y de prevención del acoso transfóbico. Para el PSOE, la ausencia de este instrumento deja a centros, familias, equipos docentes y menores en una situación de inseguridad, especialmente cuando surgen conflictos relacionados con el respeto a la identidad, el cambio de nombre sentido o la protección frente a situaciones de discriminación.
“Han pasado ya más de tres años desde la aprobación de la ley y la Región de Murcia sigue sin desarrollar un protocolo esencial para garantizar la protección y el bienestar del alumnado trans en los centros educativos”, ha denunciado el diputado socialista.
La exigencia llega en un contexto político marcado por el endurecimiento del discurso contra los derechos LGTBI y por la presión de colectivos y sindicatos que reclaman una respuesta clara de la administración educativa. Ortega ha puesto en valor el trabajo realizado por asociaciones como Chrysallis y la Red Regional LGTBI, así como por el sindicato STERM, que elaboraron y registraron una propuesta de protocolo ante la inacción del Ejecutivo autonómico.
El diputado ha advertido de que la falta de un marco regional común provoca que existan centros educativos sin criterios claros sobre cómo actuar. “Si un docente se niega a respetar la identidad de un menor trans, hoy no existe ningún protocolo regional que lo ampare y lo proteja”, ha afirmado. Según el PSOE, esa ausencia no solo genera desprotección para el alumnado, sino también incertidumbre para los equipos directivos y docentes que necesitan instrucciones claras, homogéneas y respaldadas por la administración.
Centros sin criterios claros y familias sin protección suficiente
El PSOE sostiene que el protocolo educativo para alumnado trans no es una cuestión simbólica ni ideológica, sino una herramienta práctica para garantizar derechos ya reconocidos por la ley. En la vida diaria de los centros pueden surgir situaciones muy concretas: cómo utilizar el nombre sentido del alumno o alumna, cómo actuar ante episodios de acoso, cómo proteger la intimidad, qué orientación ofrecer a las familias, cómo coordinar tutorías, equipos de orientación y dirección, o cómo evitar que una decisión quede al criterio aislado de cada centro.
Ortega ha señalado que hay menores y jóvenes que sufren exclusión, acoso y violencia en las aulas, y ha advertido de que muchas familias viven “auténticos calvarios” por la falta de herramientas y protección institucional. Para el Grupo Parlamentario Socialista, la administración autonómica no puede dejar estas situaciones a la improvisación ni a la voluntad individual de cada comunidad educativa.
“Hay realidades que no pueden esperar. Nadie quiere necesitar un protocolo, pero los protocolos son imprescindibles cuando existen personas en situación de vulnerabilidad”, ha afirmado el diputado socialista.
La ausencia de protocolo tiene consecuencias directas. Sin una guía regional aprobada, los centros pueden actuar de forma desigual ante situaciones similares. Un alumno trans puede encontrar apoyo en un instituto y obstáculos en otro. Una familia puede recibir acompañamiento en un centro y silencio administrativo en otro. Un equipo docente puede tener voluntad de proteger, pero no saber con qué respaldo normativo cuenta. Esa disparidad es precisamente lo que el PSOE quiere evitar con un protocolo de obligado cumplimiento.
Ortega también ha criticado el clima político y social que sufren las personas LGTBI en la Región de Murcia. Durante su intervención, recordó declaraciones realizadas en la Asamblea Regional contra el colectivo, con expresiones como “hombres travestidos” o llamamientos a la “restauración de la verdad biológica”. Para el diputado socialista, ese contexto exige “más responsabilidad institucional y menos discursos de odio”.
La reclamación socialista se centra ahora en una petición concreta: que el consejero de Educación fije una fecha para la aprobación definitiva del protocolo educativo para personas trans en la Región de Murcia. “Lo que no podemos consentir es que haya jóvenes que no reciban el trato y la protección que merecen cuando existen leyes que ya reconocen sus derechos”, ha concluido Ortega.
El PSOE amplía la denuncia al empleo, la sanidad y el medio ambiente
La sesión de control en la Asamblea Regional también sirvió al Grupo Parlamentario Socialista para visibilizar otros ámbitos en los que acusa al Gobierno de López Miras de abandono, entre ellos la calidad del empleo, el cribado de cáncer de mama en la comarca del Río Mula y la planificación de los espacios naturales protegidos.
En materia laboral, la diputada socialista Virginia Lopo preguntó a la consejera de Empleo por las medidas incluidas en la Estrategia de Impulso de Calidad en el Empleo 2026-2029 para que la Región de Murcia deje de ser la comunidad autónoma con mayor volumen de trabajadores con sueldos bajos. Según recordó, el 37,1% de los empleados de la Región gana menos de 1.582 euros brutos al mes, lo que sitúa a la comunidad en el peor dato del país.
“Cuatro de cada diez trabajadores en la Región no alcanzan el salario mínimo anual, una cifra que evidencia la fragilidad del mercado laboral regional”, destacó Lopo. La diputada denunció que, pese a las revalorizaciones de pensiones y subidas del salario mínimo impulsadas por el Gobierno de España, la Región no logra superar el escalón de la precariedad en el ranking nacional. También criticó que el concepto de “salario justo” no aparezca en la estrategia regional de impulso a la calidad en el empleo.
En sanidad, el diputado socialista Fernando Moreno reclamó la recuperación del programa de cribado de cáncer de mama en el Centro Comarcal Río Mula para evitar que miles de mujeres de Mula, Pliego, Albudeite, Campos del Río y sus pedanías tengan que desplazarse más de 40 kilómetros hasta Murcia para realizarse una mamografía. Moreno denunció que esa desigualdad es “fruto del abandono de los servicios públicos por parte del Gobierno regional” y una muestra del “desprecio” hacia una comarca modesta como la del Río Mula.
“La prevención debe ser accesible para todas las mujeres vivan donde vivan y las mujeres del Río Mula merecen exactamente los mismos derechos que cualquier otra ciudadana de la Región de Murcia”, afirmó el diputado socialista.
Retrasos ambientales de casi tres lustros
La diputada socialista María Dolores Martínez Pay centró su intervención en los retrasos de casi tres lustros en la planificación medioambiental de la Región de Murcia. Preguntó al consejero de Medio Ambiente por el calendario concreto para la elaboración, aprobación definitiva y puesta en funcionamiento de la planificación integrada de los espacios naturales protegidos prevista en una orden publicada en el BORM el 10 de noviembre de 2012.
Martínez Pay advirtió de que agricultores, pescadores, vecinos, propietarios, ayuntamientos y pequeños negocios viven con inseguridad jurídica por la falta de una planificación clara y definitiva. También alertó de que los retrasos en la ordenación medioambiental aumentan las amenazas urbanísticas, deterioran los ecosistemas, frenan el turismo sostenible y el desarrollo rural, y pueden tener consecuencias jurídicas y económicas.
La diputada socialista añadió que mantener vacíos en la normativa activa puede comprometer la conservación real del patrimonio natural, afectar a la recepción de fondos europeos y acarrear procedimientos de infracción o multas de la Unión Europea. “Si hoy hubiera que poner una nota a la política ambiental del Gobierno regional difícilmente superarían un 3 sobre 10, porque cuando algo importa de verdad, no se deja abandonado durante más de treinta años”, afirmó.
El PSOE cerró así una sesión parlamentaria centrada en distintos frentes de gestión autonómica, pero con un hilo común: la acusación de abandono al Gobierno de López Miras. En educación, por no aprobar un protocolo para proteger al alumnado trans. En empleo, por no afrontar la extensión de los salarios bajos. En sanidad, por obligar a mujeres de la comarca del Río Mula a desplazarse para una prueba preventiva. Y en medio ambiente, por mantener sin planificación definitiva espacios naturales protegidos desde hace años.
La reclamación sobre el alumnado trans concentra, sin embargo, la dimensión más urgente de la denuncia: menores y jóvenes que necesitan seguridad, respeto y protección en las aulas. Para el PSOE, la ley ya reconoce sus derechos; lo que falta es que el Gobierno regional haga su trabajo, apruebe el protocolo y garantice que ningún centro educativo de la Región de Murcia deje desprotegido a un alumno por ser quien es.
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