La coalición reclama en la Asamblea que el Gobierno regional aplique el convenio estatal vigente desde enero
IU-Verdes y Podemos llevarán al Pleno de la Asamblea Regional una moción para exigir al Gobierno de Fernando López Miras que aplique de forma inmediata el V Convenio Colectivo Estatal de Reforma Juvenil y Protección de Menores y ponga fin a la precariedad laboral que, según denuncia la coalición, sufren las trabajadoras y trabajadores de los centros de menores y reforma juvenil en la Región de Murcia. La iniciativa será debatida en un contexto de creciente malestar por las condiciones salariales de un sector que atiende a menores especialmente vulnerables y que, pese a desarrollar una labor esencial, continúa sin ver actualizadas sus retribuciones conforme al convenio en vigor desde el 1 de enero de 2026.
El diputado regional de Izquierda Unida-Verdes, José Luis Álvarez Castellanos, y la portavoz parlamentaria de Podemos-IU, María Marín, han denunciado a las puertas de la Asamblea Regional que el Ejecutivo autonómico mantiene bloqueadas las mejoras salariales pactadas en el convenio estatal y utiliza las prórrogas de los conciertos sociales como argumento para no aplicar las nuevas tablas. Para la coalición, esta situación supone una discriminación entre profesionales del mismo sector y traslada a las plantillas las consecuencias de la falta de planificación presupuestaria del Gobierno regional.
Álvarez Castellanos ha acusado al Ejecutivo de López Miras de precarizar a trabajadores de un servicio que el propio Gobierno considera esencial, como es la tutela de menores y la reforma juvenil. El diputado ha vinculado este caso con otros conflictos laborales en servicios públicos o concertados de la Región de Murcia, como los bomberos forestales o el servicio de emergencias 112, para sostener que existe un patrón de deterioro laboral en ámbitos sensibles para la ciudadanía.
La moción registrada por IU-Verdes y Podemos plantea la revisión y actualización inmediata de las tarifas de los conciertos sociales para garantizar el cumplimiento del convenio estatal. También reclama la creación de una mesa de negociación del sector que permita impulsar la aplicación íntegra del acuerdo laboral y estudiar un sistema de pago directo de salarios por parte de la Administración regional. La coalición sostiene que, si el Gobierno regional afirma defender más y mejor empleo, debe demostrarlo con decisiones concretas y no con declaraciones.
Un convenio vigente que sigue sin aplicarse
El núcleo de la denuncia se sitúa en la falta de aplicación de las tablas salariales del V Convenio Colectivo Estatal de Reforma Juvenil y Protección de Menores, vigente desde el 1 de enero de 2026. Según IU-Verdes y Podemos, la Consejería de Política Social no ha actualizado las tarifas de los conciertos sociales, lo que impide que las entidades que prestan el servicio puedan abonar a sus plantillas las mejoras salariales pactadas.
La coalición advierte de que esta situación deja a muchos profesionales con salarios que apenas alcanzan el Salario Mínimo Interprofesional, pese a realizar una labor de enorme complejidad humana, educativa y social. Se trata de trabajadores y trabajadoras que intervienen con menores tutelados, menores en situación de vulnerabilidad o jóvenes sometidos a medidas de reforma, en contextos que exigen formación, estabilidad emocional, capacidad técnica y condiciones laborales dignas.
Álvarez Castellanos ha subrayado que no se puede sostener un servicio esencial sobre salarios bajos y condiciones precarias. A su juicio, el Gobierno regional no puede reconocer la importancia de la protección de menores y, al mismo tiempo, mantener sin actualizar las condiciones de quienes sostienen diariamente ese sistema. Para el diputado, el incumplimiento del convenio no es un problema menor ni una cuestión puramente administrativa, sino una decisión con consecuencias directas sobre la calidad del servicio.
El uso de prórrogas en los conciertos sociales aparece como uno de los puntos más cuestionados por la coalición. Según la denuncia, esas prórrogas están sirviendo para bloquear las mejoras salariales y generar diferencias entre trabajadores del mismo ámbito, dependiendo de la situación contractual de cada centro o entidad. IU-Verdes y Podemos consideran que esta dinámica provoca una discriminación inaceptable y agrava la inestabilidad de un sector que ya arrastra importantes problemas laborales.
La moción que llegará al Pleno busca precisamente romper ese bloqueo. La actualización de las tarifas permitiría adaptar la financiación pública a las obligaciones salariales recogidas en el convenio. Sin esa revisión, las entidades gestoras mantienen unos costes laborales superiores a los importes reconocidos por la Administración, lo que, según la coalición, termina repercutiendo sobre las plantillas y sobre el funcionamiento del servicio.
La precariedad como riesgo para un servicio esencial
María Marín ha sido especialmente crítica con el papel del Gobierno regional y ha acusado al Ejecutivo de López Miras de “maltratar” a los trabajadores de los centros de menores al no aplicar el convenio vigente. La portavoz parlamentaria ha señalado que la excusa del Gobierno es que hasta que no se aprueben los nuevos presupuestos no pueden actualizarse los salarios, una explicación que, para la coalición, traslada a los trabajadores el coste de la incapacidad política y presupuestaria del propio Ejecutivo.
La diputada ha planteado una cuestión de fondo: cómo pueden proteger y educar adecuadamente a los menores más vulnerables profesionales sometidos a una situación de precariedad laboral. Según Marín, muchas de estas personas cuentan con estudios universitarios y desempeñan tareas de alta responsabilidad, pero cobran salarios muy bajos y trabajan en un contexto de escaso reconocimiento institucional.
La denuncia conecta dos dimensiones que suelen aparecer separadas en el debate público: los derechos laborales de las plantillas y la calidad de la atención a la infancia vulnerable. Para IU-Verdes y Podemos, ambos elementos están directamente relacionados. Un servicio de protección de menores no puede funcionar con garantías si quienes lo prestan trabajan con incertidumbre, bajos salarios y falta de reconocimiento.
La reforma juvenil y la protección de menores son áreas especialmente sensibles porque afectan a personas que dependen directamente de la actuación de las administraciones públicas. La estabilidad de los equipos, la formación continua, las ratios adecuadas y unas condiciones laborales dignas no son elementos accesorios, sino parte de la garantía de una atención segura, profesional y sostenida en el tiempo.
Marín también ha recordado el aniversario del asesinato de la educadora de Badajoz Belén Cortés y ha reprochado que muchos gobiernos autonómicos parezcan haber olvidado las promesas realizadas para mejorar la situación del colectivo. La portavoz ha defendido que la coalición no olvida ni a los educadores ni a los menores, y ha situado la moción como una forma de exigir compromisos reales más allá de las declaraciones institucionales.
Una moción para forzar responsabilidades en la Asamblea Regional
La iniciativa parlamentaria de IU-Verdes y Podemos pretende obligar al Gobierno regional a posicionarse ante un conflicto que afecta a un servicio público esencial. La coalición reclama medidas concretas: actualización de tarifas, aplicación íntegra del convenio, creación de una mesa de negociación sectorial y avance hacia un sistema que garantice el pago efectivo de los salarios reconocidos.
El planteamiento de la coalición sitúa la responsabilidad en el Ejecutivo autonómico, al entender que la Administración regional es quien financia y ordena estos servicios mediante conciertos sociales. Desde esa perspectiva, el Gobierno no puede limitarse a señalar obstáculos presupuestarios o contractuales si esos mismos obstáculos dependen de su propia gestión.
Álvarez Castellanos ha afirmado que López Miras tiene ahora la oportunidad de demostrar con hechos su apuesta por el empleo de calidad. La moción se presenta, por tanto, como una prueba política para el Gobierno regional: aprobar medidas que permitan aplicar el convenio o mantener un modelo que, según la coalición, condena a la plantilla a salarios insuficientes.
El debate llega además en un momento en el que las cuentas autonómicas siguen condicionando buena parte de la agenda política regional. Para IU-Verdes y Podemos, la falta de nuevos presupuestos no puede utilizarse como excusa para congelar derechos laborales reconocidos en un convenio estatal. La coalición sostiene que los trabajadores no deben pagar la falta de capacidad del Ejecutivo para prever, negociar y dotar económicamente servicios esenciales.
La moción también aspira a abrir un espacio de diálogo con el sector. La mesa de negociación reclamada permitiría abordar no solo la cuestión salarial, sino también otros problemas estructurales que afectan a los centros de menores y reforma juvenil. En un ámbito donde la calidad del servicio depende en buena medida de la estabilidad y preparación de los equipos profesionales, cualquier solución parcial corre el riesgo de quedarse corta si no va acompañada de una planificación más amplia.
IU-Verdes y Podemos han decidido llevar este asunto al Pleno de la Asamblea Regional para que el Gobierno de López Miras dé respuesta a una situación que, según denuncian, combina precariedad laboral, incumplimiento del convenio y riesgo para la calidad de la atención a menores vulnerables. La coalición quiere que el Parlamento autonómico obligue al Ejecutivo a mover ficha y a dejar de aplazar una solución que las plantillas esperan desde la entrada en vigor del convenio estatal.
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