UGT, CCOO, USO y el colectivo del sector reclaman aplicar el convenio estatal y revisar la financiación regional
Trabajadores y trabajadoras del sector de Protección de Menores y Reforma Juvenil se han concentrado este miércoles ante la Asamblea Regional para exigir condiciones laborales y salariales dignas en un servicio público esencial para la atención de menores vulnerables en la Región de Murcia. La protesta, convocada por UGT, CCOO, USO y la Asociación de Trabajadores del Sector de Protección de Menores y Reforma Juvenil, coincide con el debate parlamentario de una moción del Grupo Mixto que reclama al Gobierno regional una revisión urgente del modelo de financiación de estos servicios y la aplicación efectiva del V Convenio Colectivo Estatal, en vigor desde enero de 2026.
Las organizaciones convocantes denuncian que el colectivo lleva años reclamando la dignificación del sector y el cumplimiento de la normativa laboral, sin que hasta ahora se haya producido una respuesta suficiente por parte de la Comunidad Autónoma. Según el comunicado conjunto, la prestación del servicio se deja en manos de empresas y entidades que gestionan los recursos mediante conciertos sociales, mientras las plantillas soportan condiciones laborales y económicas que califican de “deplorables”.
La concentración ha buscado visibilizar una situación que afecta a profesionales que trabajan directamente con menores en contextos de especial vulnerabilidad, tanto en protección como en reforma juvenil. El sector reclama que el Gobierno regional asuma su responsabilidad como financiador y responsable último de un servicio público obligatorio, en lugar de trasladar el problema a las entidades adjudicatarias y, finalmente, a los trabajadores y trabajadoras.
La moción debatida en la Asamblea Regional plantea precisamente que el actual modelo de financiación impide aplicar las mejoras salariales previstas en el convenio estatal. Según recoge el texto difundido por las organizaciones sindicales, la Comunidad Autónoma no habría incorporado en sus presupuestos las partidas necesarias para garantizar el cumplimiento del V Convenio Colectivo, lo que mantiene a numerosos profesionales cobrando por debajo de lo pactado en negociación colectiva.
Salarios bajos en un servicio público de alta responsabilidad
La denuncia sindical sitúa el problema salarial en el centro del conflicto. Según el comunicado, en algunos casos un profesional con titulación universitaria percibe alrededor de 1.260 euros netos mensuales, una cantidad que apenas supera los umbrales fijados por la propia Administración para el Ingreso Mínimo Vital. Para las organizaciones convocantes, esta realidad resulta incompatible con la responsabilidad que asumen quienes trabajan con menores tutelados, menores en situación de vulnerabilidad o jóvenes sometidos a medidas de reforma.
El sector reclama la aplicación inmediata del V Convenio Colectivo Estatal de Reforma Juvenil y Protección de Menores, vigente desde enero de 2026. La falta de actualización salarial se atribuye al modelo de financiación de los conciertos sociales y a la ausencia de partidas suficientes en los presupuestos autonómicos. En la práctica, según la moción, las entidades gestoras quedan en una situación en la que no pueden cumplir plenamente los acuerdos laborales alcanzados, mientras la Administración condiciona los pagos a la aprobación anual de las cuentas regionales.
La protesta pone de manifiesto una contradicción especialmente sensible: la Administración reconoce estos servicios como públicos, esenciales y obligatorios, pero las condiciones laborales de quienes los sostienen no se corresponderían con esa importancia. Para los sindicatos, no puede hablarse de protección real de la infancia vulnerable si quienes realizan la atención directa trabajan con salarios bajos, alta inestabilidad y falta de reconocimiento institucional.
La precariedad no afecta solo a la nómina de los profesionales. También condiciona la estabilidad de los equipos, la continuidad educativa y la calidad del vínculo con los menores. En ámbitos como la protección y la reforma juvenil, la relación de confianza entre profesionales y menores es una pieza clave de la intervención. Si la precariedad provoca rotación constante, dificultades para cubrir vacantes o pérdida de personal cualificado, el impacto termina trasladándose al propio servicio.
Las organizaciones convocantes advierten de que esta situación repercute directamente en la calidad de la atención. La alta rotación de profesionales obliga a los menores a adaptarse de forma constante a nuevas personas de referencia, lo que dificulta la continuidad de los procesos educativos, sociales y emocionales. En un sector de alta responsabilidad social, esta inestabilidad no es un problema interno de las plantillas, sino una cuestión que afecta al derecho de los menores a recibir una atención adecuada.
Una moción para revisar conciertos, crear una mesa tripartita y avanzar hacia gestión pública
La moción debatida en la Asamblea Regional plantea varias medidas para corregir el bloqueo. Entre ellas, la actualización de las tarifas de los conciertos sociales para garantizar el cumplimiento del convenio colectivo. Esta revisión resulta clave porque, según la denuncia del sector, el problema no se resolverá mientras la financiación pública no cubra los costes laborales derivados de las nuevas tablas salariales.
El texto también propone la creación de una mesa tripartita con participación de la Administración, las empresas o entidades gestoras y los representantes de los trabajadores. El objetivo sería abordar de forma ordenada la aplicación del convenio, revisar el funcionamiento del sistema y buscar soluciones estables para un sector que lleva años denunciando falta de reconocimiento y condiciones insuficientes.
Otra de las medidas planteadas es la implantación de un sistema de pago directo a los profesionales similar al de la educación concertada. Esta fórmula busca evitar que las mejoras salariales dependan de la situación financiera o contractual de cada entidad y garantizar que el dinero destinado a salarios llegue efectivamente a las plantillas. Para el colectivo, este mecanismo podría reducir la incertidumbre y reforzar la responsabilidad directa de la Administración regional.
La moción incorpora además una propuesta de mayor alcance: avanzar hacia una red pública regional de gestión directa. Esta medida supondría revisar el peso actual de los conciertos sociales con entidades privadas sin ánimo de lucro y abrir el debate sobre la recuperación de la gestión pública en un ámbito especialmente sensible. La protección de menores y la reforma juvenil no son servicios ordinarios; afectan a personas bajo responsabilidad directa de la Administración y requieren garantías reforzadas de control, calidad y estabilidad.
Asimismo, se solicita al Gobierno de España la elaboración de una ley estatal básica que armonice los criterios laborales, organizativos y de financiación de los servicios de protección y reforma de menores en todo el territorio nacional. Esta petición responde a la necesidad de evitar diferencias territoriales profundas en un servicio que debería asegurar estándares mínimos comunes, tanto para los menores atendidos como para los profesionales que trabajan con ellos.
El debate parlamentario permite trasladar al plano institucional una reivindicación que el sector viene sosteniendo desde hace años. La concentración ante la Asamblea Regional busca presionar al Gobierno de López Miras para que deje de aplazar una solución que, según los sindicatos, ya no puede esperar más.
La precariedad laboral también compromete la atención a menores
Las organizaciones convocantes insisten en que la precariedad laboral no es solo un problema de justicia salarial, sino también de calidad del servicio. En protección de menores y reforma juvenil, la estabilidad profesional es esencial para ofrecer una intervención segura, continuada y eficaz. Cada baja sin cubrir, cada profesional que abandona el sector por falta de condiciones y cada vacante difícil de cubrir tiene consecuencias en la atención diaria.
El comunicado conjunto advierte de que la situación actual dificulta la cobertura de vacantes y favorece una alta rotación. Esto obliga a los menores a adaptarse continuamente a nuevos profesionales, en un contexto en el que la construcción de vínculos estables resulta fundamental para cualquier proceso educativo o de acompañamiento. La falta de estabilidad laboral puede traducirse, por tanto, en pérdida de calidad, discontinuidad y mayor fragilidad del sistema.
El colectivo recuerda que lleva años de lucha incansable para conseguir mejoras que, según denuncian, nunca terminan de llegar. Reclaman la aplicación inmediata del convenio estatal y exigen al Gobierno regional que supervise los conciertos sociales y el cumplimiento de los pliegos de condiciones. Para las organizaciones sindicales, la Administración no puede limitarse a financiar parcialmente el servicio y mirar hacia otro lado cuando las condiciones laborales no se cumplen.
La protesta también interpela al modelo de externalización mediante conciertos. Según las organizaciones convocantes, la Comunidad Autónoma debe ejercer un control efectivo sobre las entidades que gestionan estos recursos y garantizar que la financiación pública se traduce en condiciones laborales ajustadas al convenio. De lo contrario, el sistema acaba sosteniéndose sobre salarios bajos y sobre el compromiso vocacional de profesionales que realizan una tarea de enorme responsabilidad social.
La concentración ante la Asamblea Regional ha servido para enviar un mensaje claro: el sector no va a detener sus reivindicaciones hasta que se respeten sus derechos laborales y se garantice una financiación suficiente. Las organizaciones convocantes advierten de que no van a parar hasta conseguir que nadie siga pisoteando sus derechos.
La situación de los trabajadores y trabajadoras de Protección de Menores y Reforma Juvenil vuelve así al centro del debate político regional. La aplicación del V Convenio Colectivo, la revisión de los conciertos sociales, la creación de una mesa tripartita, el pago directo de salarios y el avance hacia una red pública regional aparecen como las principales demandas de un colectivo que reclama algo básico: condiciones dignas para poder prestar con garantías un servicio esencial del que depende la atención a algunos de los menores más vulnerables de la Región de Murcia.
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