IU-Verdes y Podemos exigen regularizar y financiar un sector con 8.000 alumnos, más de 320 docentes y 42 bandas federadas

IU-Verdes y Podemos llevarán este miércoles al Pleno de la Asamblea Regional la situación de las escuelas de música de la Región de Murcia, un sector que, según ambas formaciones, lleva años funcionando sin la regulación y la financiación pública que exige la Ley de Música aprobada en 2019. El diputado de IU-Verdes, José Luis Álvarez-Castellanos, y el responsable autonómico de comunicación de Podemos, Víctor Egío, han reclamado al Gobierno regional que desarrolle en un plazo máximo de seis meses el reglamento pendiente y que garantice recursos suficientes para sostener una de las estructuras culturales más extendidas y populares del territorio.
La moción registrada por ambas formaciones denuncia que el Ejecutivo autonómico lleva siete años incumpliendo una obligación legal que afecta directamente a miles de alumnos, docentes, músicos, familias y asociaciones. La iniciativa reclama regularizar las escuelas de música, crear un registro específico y habilitar líneas de ayudas públicas destinadas a instrumentos, actividades y costes laborales del profesorado, una de las principales reivindicaciones del sector.
Álvarez-Castellanos ha acusado al Gobierno de Fernando López Miras de castigar “a una de las mayores expresiones culturales de la Región” con abandono institucional y financiación precaria. El diputado ha subrayado que las bandas y escuelas de música no son una actividad marginal ni un complemento cultural menor, sino una red profundamente arraigada en municipios, barrios y pedanías, con un peso social que trasciende la enseñanza musical.
“Hablamos de un colectivo que ronda las 35.000 personas entre músicos, asociados, alumnos de las escuelas de música y miembros vinculados a la Federación de Bandas de la Región de Murcia”, ha explicado Álvarez-Castellanos, que ha denunciado que estas escuelas siguen funcionando sin una regulación autonómica suficiente pese a que la Ley de Música de 2019 y la Ley Orgánica de Educación ya establecen obligaciones en esta materia.
La iniciativa parlamentaria sitúa sobre la mesa unas cifras que muestran la dimensión real del sector: 42 bandas federadas, más de 5.000 músicos, alrededor de 8.000 alumnos y alumnas, más de 320 docentes, miles de familias implicadas y un colectivo que, según la moción, supera las 45.000 personas si se tiene en cuenta todo su entorno asociativo y cultural. Además, la actividad de las bandas genera en torno a 1.500 actos musicales al año en la Región de Murcia.
Un sector cultural enorme tratado como si fuera secundario
La denuncia de IU-Verdes y Podemos pone el foco en una contradicción evidente: las escuelas de música y las bandas forman parte de la vida cultural de decenas de municipios, participan en fiestas patronales, procesiones, actos populares, conciertos, certámenes, actividades educativas y eventos sociales, pero continúan sin un marco estable que reconozca su papel y garantice su supervivencia.
En muchos municipios, las escuelas de música son la primera puerta de entrada a la formación artística. Niños, adolescentes y adultos acceden a instrumentos, lenguaje musical, práctica colectiva y cultura gracias a estructuras sostenidas durante años por asociaciones, familias, docentes y músicos que han suplido con esfuerzo la falta de una política pública suficientemente ambiciosa.
Álvarez-Castellanos ha defendido que la moción busca poner fin a años de abandono institucional y obligar al Ejecutivo regional a actuar antes de que finalice la legislatura. Para IU-Verdes, no basta con elogiar públicamente a las bandas cuando participan en actos institucionales o llenan de música las calles de los pueblos. Ese reconocimiento debe traducirse en normas, financiación y apoyo concreto.
La falta de regulación genera inseguridad para las propias escuelas, para sus docentes y para las familias. Sin un reglamento claro, el sector queda sometido a desigualdades entre municipios, dificultades administrativas, financiación irregular y ausencia de criterios homogéneos. La consecuencia es que una parte importante de la formación musical de la Región depende más de la voluntad local y del esfuerzo asociativo que de una planificación pública regional.
La moción reclama también ayudas para el mantenimiento de instrumentos y la adquisición de nuevo material. Esta demanda resulta especialmente relevante porque la música requiere equipamiento costoso y mantenimiento constante. Instrumentos, partituras, aulas, material pedagógico, seguros, desplazamientos y actividades generan gastos que muchas asociaciones afrontan con cuotas familiares, aportaciones municipales o recursos muy limitados.
Pero una de las reivindicaciones centrales afecta al profesorado. IU-Verdes y Podemos reclaman apoyo para cubrir cotizaciones sociales y costes laborales docentes. La calidad de la enseñanza musical no puede sostenerse sobre precariedad o sobre estructuras que dificulten la estabilidad profesional de quienes forman a miles de alumnos.
La comparación con la Comunidad Valenciana evidencia la brecha
Víctor Egío ha reclamado “reglamento y financiación” para un colectivo que considera enorme y esencial para la cultura regional. El portavoz de Podemos ha comparado la situación de la Región de Murcia con la Comunidad Valenciana, donde, según ha señalado, el Gobierno autonómico financia sus escuelas de música con hasta 13 millones de euros, mientras que en la Región apenas se destinan 140.000 euros.
La diferencia resulta especialmente significativa por la tradición musical compartida en buena parte del Levante. Las bandas de música tienen una implantación histórica en municipios de la Región de Murcia, la Comunidad Valenciana y otras zonas del sureste, donde no solo cumplen una función artística, sino también educativa, social y comunitaria.
Para Egío, la financiación actual es “totalmente insuficiente” si se tiene en cuenta el volumen del sector: 8.000 alumnos, cientos de profesores y docentes, y 5.000 músicos federados. Su intervención plantea una cuestión de fondo: si las escuelas de música sostienen una de las manifestaciones culturales más importantes de la Región, su financiación no puede seguir tratándose como una partida residual.
La comparación con otras comunidades autónomas permite medir hasta qué punto la Región de Murcia se ha quedado atrás. No se trata únicamente de aportar más dinero, sino de asumir que la cultura musical de base necesita una política pública estructural. La formación musical no puede depender de la heroicidad de asociaciones ni de presupuestos mínimos que apenas alcanzan para cubrir una parte reducida de las necesidades reales.
La moción también propone la creación de un Registro específico de Escuelas de Música, una herramienta clave para ordenar el sector, conocer cuántas escuelas existen, qué alumnado atienden, qué profesorado emplean, qué necesidades tienen y cómo debe distribuirse la financiación pública. Sin datos fiables y sin regulación, resulta más difícil diseñar políticas eficaces y garantizar igualdad de trato.
Regularizar no significa burocratizar por burocratizar. Significa reconocer, ordenar y proteger. Significa que las escuelas de música puedan trabajar con seguridad, que las familias sepan qué modelo educativo reciben y que los docentes cuenten con unas condiciones más dignas.
Música popular, educación y cohesión territorial
La defensa de las escuelas de música es también una defensa de la cultura de proximidad. En muchos municipios, las bandas son mucho más que agrupaciones musicales: son espacios de convivencia intergeneracional, aprendizaje colectivo, participación ciudadana y arraigo local. Allí donde una escuela de música funciona, hay niños aprendiendo disciplina artística, jóvenes encontrando un espacio comunitario, familias implicadas y pueblos que mantienen viva una parte esencial de su identidad.
La Región de Murcia no puede presumir de sus bandas en fiestas, procesiones, desfiles y actos oficiales mientras mantiene en precario la estructura que permite que existan. Sin escuelas de música fuertes, no hay relevo generacional. Sin docentes reconocidos, no hay formación de calidad. Sin financiación suficiente, muchas familias quedan fuera o las asociaciones se ven obligadas a sostener con cuotas lo que debería formar parte de una política cultural pública.
IU-Verdes y Podemos quieren que la Asamblea obligue al Gobierno regional a mover ficha. La moción reclama desarrollar el reglamento pendiente en seis meses, crear un registro específico y poner en marcha ayudas públicas para garantizar la continuidad de las escuelas. El objetivo es que la Ley de Música deje de ser una norma pendiente de cumplir y se convierta en un instrumento útil para el sector.
La denuncia llega con una acusación clara al Ejecutivo de López Miras: siete años de incumplimiento, financiación insuficiente y falta de voluntad para ordenar un ámbito cultural que moviliza a decenas de miles de personas. Para las formaciones de izquierda, la música de base no puede seguir esperando.
Las escuelas de música de la Región de Murcia son cantera cultural, patrimonio vivo y escuela de ciudadanía. Lo que se debate no es solo una partida presupuestaria ni un reglamento administrativo. Es si la Región quiere proteger una de sus expresiones culturales más populares o seguir dejando que sobreviva gracias al esfuerzo de familias, docentes, músicos y asociaciones que llevan demasiados años haciendo el trabajo que el Gobierno regional no termina de asumir.
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