Marisol Sánchez destaca que la norma incorpora demandas de los colectivos y protege también frente al acoso digital
La viceportavoz del Grupo Parlamentario Socialista en la Asamblea Regional, Marisol Sánchez, ha defendido que las enmiendas presentadas por el PSOE a la ley sobre infracciones y sanciones administrativas en materia de agresiones a profesionales sanitarios y demás personal del sistema sanitario público de la Región de Murcia han permitido mejorar de forma sustancial el texto que llegará este miércoles al Pleno.
Sánchez ha asegurado que las aportaciones socialistas hacen la norma “más útil, garantista y cercana” a las necesidades reales de los colectivos afectados, al incorporar reivindicaciones trasladadas durante el proceso de comparecencias y escucha parlamentaria.
La diputada socialista ha subrayado que la ley que finalmente se debatirá “poco tiene que ver” con el texto que entró inicialmente en la Cámara autonómica, precisamente porque durante la tramitación se han incluido aportaciones de profesionales, entidades y colectivos vinculados al sistema sanitario público.
Según ha explicado, la totalidad de las enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista se verá reflejada en la norma, algo que el PSOE interpreta como resultado de un trabajo parlamentario basado en el diálogo, la escucha y la búsqueda de consenso.
Marisol Sánchez ha recordado además que fue el PSOE quien consiguió que la ley no se tramitara por la vía rápida, sino mediante procedimiento ordinario. Para los socialistas, una norma de esta relevancia debía abrirse necesariamente a la participación de las personas y organizaciones afectadas por las agresiones en el ámbito sanitario.
“Lo solicitamos porque entendíamos que una norma de esta importancia debía abrirse a la participación y a la escucha de los afectados”, ha señalado Sánchez, que ha destacado que esa decisión permitió enriquecer el texto con propuestas concretas de quienes conocen de primera mano esta realidad.
Actuación de oficio sin denuncia previa del profesional agredido
Una de las principales aportaciones destacadas por el PSOE es la inclusión de la actuación de oficio por parte de la administración sin necesidad de denuncia previa por parte del profesional agredido.
Marisol Sánchez ha explicado que la ponencia ha aceptado literalmente una frase propuesta por el Grupo Parlamentario Socialista: “sin necesidad de denuncia previa por parte del profesional agredido”. Según ha indicado, esta incorporación responde a una reivindicación fundamental de los colectivos sanitarios y supone un elemento diferenciador respecto a otras propuestas presentadas durante la tramitación.
La medida busca evitar que toda la carga inicial recaiga sobre el profesional que ha sufrido la agresión, permitiendo que la administración pueda actuar directamente cuando tenga conocimiento de los hechos. Para el PSOE, esta previsión refuerza la protección institucional de los trabajadores del sistema sanitario público y evita que el miedo, la presión o el desgaste personal puedan impedir la respuesta administrativa.
La viceportavoz socialista ha señalado también que las enmiendas del PSOE han contribuido a ampliar el objeto de la ley. La protección prevista en la norma no se limitará únicamente a la integridad física, sino que se extenderá también a la integridad moral y al patrimonio personal de los profesionales agredidos.
Este cambio resulta especialmente relevante porque las agresiones al personal sanitario no siempre se producen mediante violencia física directa. En muchas ocasiones, los profesionales se enfrentan a insultos, amenazas, coacciones, daños materiales o situaciones de intimidación que afectan a su dignidad y seguridad personal.
La norma incorpora el acoso digital y a los acompañantes como posibles agresores
Otra de las mejoras introducidas a través de las enmiendas socialistas es la cobertura frente al acoso digital. El PSOE considera que la norma debía cerrar el vacío legal existente en aquellos casos en los que la agresión se produce fuera del centro sanitario, pero tiene relación directa con el ejercicio profesional.
De esta forma, la ley permitirá proteger al trabajador sanitario incluso cuando la agresión no se produzca físicamente dentro del hospital, centro de salud o instalación sanitaria, siempre que derive de su actividad profesional. Esta previsión responde a una realidad cada vez más frecuente, en la que las amenazas, campañas de hostigamiento o ataques a través de redes sociales pueden afectar gravemente a profesionales del sistema público.
Marisol Sánchez también ha destacado que las enmiendas socialistas aclaran que los agresores pueden ser no solo pacientes, sino también acompañantes. Esta precisión amplía el alcance de la norma y evita interpretaciones restrictivas que dejaran fuera supuestos habituales en la atención sanitaria.
La diputada ha insistido además en que el PSOE ha trabajado para que la ley no se limite exclusivamente a una respuesta sancionadora, sino que incorpore también un enfoque preventivo. A juicio del Grupo Socialista, una ley eficaz contra las agresiones debe servir para sancionar, pero también para anticiparse, reducir riesgos y mejorar la seguridad en los centros sanitarios.
La norma incluirá igualmente mejoras técnicas orientadas a coordinar el procedimiento administrativo con el proceso penal, de manera que ambos ámbitos puedan funcionar con mayor seguridad jurídica y sin interferencias indebidas.
El PSOE reivindica el trabajo parlamentario y la escucha a los colectivos
Marisol Sánchez ha destacado que, a diferencia del resto de grupos parlamentarios, el Grupo Socialista no ha tenido que retirar ninguna enmienda durante la ponencia. Para la viceportavoz, este hecho demuestra la solidez técnica y política de las propuestas planteadas por el PSOE.
La diputada ha querido trasladar la satisfacción del Grupo Parlamentario Socialista por el trabajo colectivo desarrollado en torno a una ley que afecta directamente a la seguridad de profesionales sanitarios y demás personal del sistema sanitario público de la Región de Murcia.
“Para eso está el Parlamento: para dialogar, escuchar, mejorar las leyes y alcanzar acuerdos que beneficien a la ciudadanía y a los profesionales de nuestra sanidad pública”, ha señalado Sánchez.
La viceportavoz socialista ha defendido que su grupo ha trabajado con “seriedad, responsabilidad y voluntad de consenso”, escuchando a quienes sufren las agresiones y a quienes sostienen diariamente el funcionamiento de la sanidad pública regional.
El PSOE considera que la futura ley debe servir para reforzar la protección de médicos, enfermeros, técnicos, celadores, administrativos y demás profesionales del sistema sanitario público frente a conductas violentas, intimidatorias o lesivas que dificultan el ejercicio de su labor.
La tramitación de esta norma llega en un contexto de creciente preocupación por la seguridad del personal sanitario, especialmente en servicios de urgencias, atención primaria y otros espacios asistenciales sometidos a elevada presión. Para los socialistas, legislar sobre esta materia exige combinar sanciones, prevención, acompañamiento institucional y garantías jurídicas para los trabajadores afectados.
“Nuestra prioridad siempre ha sido escuchar para legislar mejor y que la ley recogiera las demandas de quienes sufren las agresiones y de quienes trabajan cada día sosteniendo nuestra sanidad pública”, ha concluido Marisol Sánchez.
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