IU-Verdes acusa al PP de gobernar para la patronal del juego y dejar sin protección a menores y personas vulnerables
IU-Verdes ha acusado al Gobierno regional de Fernando López Miras de mantener paralizadas medidas fundamentales para controlar la expansión del juego y proteger a menores, jóvenes y personas vulnerables frente a la ludopatía. El diputado regional José Luis Álvarez-Castellanos ha cargado en el Pleno de Control de la Asamblea Regional contra el Ejecutivo autonómico por el bloqueo de normas pendientes en materia de juego, especialmente aquellas relacionadas con casas de apuestas, controles de acceso, publicidad y distancias respecto a centros educativos.
La crítica se produjo durante la pregunta formulada al Consejo de Gobierno sobre la no aprobación del Proyecto de Decreto que regula el Reglamento del Bingo. Sin embargo, Álvarez-Castellanos quiso ir más allá del contenido concreto de esa norma y situó el foco en lo que, a su juicio, el Gobierno regional lleva años evitando regular: las medidas efectivas de juego responsable, la entrada de menores y personas autoprohibidas en locales de apuestas, la publicidad exterior de los salones y la proximidad de estos establecimientos a centros educativos y otros espacios sensibles.
“El problema no es lo que dice el decreto del bingo, sino todo lo que deja fuera”, señaló el parlamentario de IU-Verdes, que recordó que el Consejo Jurídico, el Consejo Económico y Social y los servicios jurídicos de la Comunidad Autónoma han advertido reiteradamente de la ausencia de medidas eficaces sobre juego responsable y control de acceso de menores y personas autoprohibidas.
Para IU-Verdes, el retraso no puede explicarse únicamente por dificultades técnicas o por una tramitación administrativa compleja. Álvarez-Castellanos sostiene que el Ejecutivo de López Miras lleva años bloqueando deliberadamente proyectos normativos que deberían haber servido para limitar la expansión de las casas de apuestas y reforzar la protección social frente a la ludopatía. La formación considera que el PP ha optado por mirar hacia otro lado mientras el sector del juego mantiene capacidad de influencia y mientras los barrios y municipios conviven con salones de apuestas demasiado próximos a entornos juveniles.
El diputado acusó al Gobierno regional de actuar “al servicio total y absoluto de la patronal del juego” y de mantener en suspenso normas destinadas a establecer distancias de seguridad respecto a centros educativos, limitar la publicidad de las casas de apuestas y garantizar controles reales de acceso a los salones.
Controles de acceso, menores y personas autoprohibidas
IU-Verdes considera especialmente grave que la Región de Murcia siga sin contar con una regulación estricta y eficaz para impedir el acceso de menores y personas autoprohibidas a locales de juego. La ludopatía no es un problema individual aislado, sino una realidad social que afecta a jóvenes, familias trabajadoras y personas en situación de vulnerabilidad económica o emocional. Por eso, la formación exige que la protección no dependa de controles laxos, voluntarismo empresarial o inspecciones insuficientes, sino de una normativa clara, exigente y verificable.
“Mientras otros territorios avanzan en protección social, el PP en Murcia sigue permitiendo que entren personas autoprohibidas en salas de apuestas y mantiene paralizadas medidas esenciales para frenar la ludopatía entre jóvenes y familias trabajadoras”, afirmó Álvarez-Castellanos durante su intervención.
La referencia a las personas autoprohibidas resulta especialmente relevante. Quien solicita voluntariamente su exclusión del juego lo hace precisamente porque reconoce un riesgo o una adicción y necesita que el sistema le proteja frente a recaídas. Si esos controles fallan o no existen mecanismos suficientemente robustos, la administración deja sin eficacia una herramienta básica de prevención.
La formación también reclama que se limiten las formas de publicidad exterior de los salones de juego. Los reclamos visuales, promociones, escaparates y mensajes vinculados a apuestas pueden normalizar una actividad que tiene riesgos evidentes, especialmente cuando se sitúa en entornos frecuentados por jóvenes. La publicidad no es neutral: construye hábitos, legitima consumos y puede convertir el juego en una opción cotidiana para personas que aún no tienen plena conciencia de sus consecuencias.
Otro de los ejes de la crítica es la falta de distancias obligatorias mínimas respecto a centros educativos y otros centros sensibles. IU-Verdes defiende que las casas de apuestas no deberían estar cerca de colegios, institutos, centros de formación o espacios frecuentados por menores. Esa medida, ya aplicada o debatida en otros territorios, busca reducir la exposición temprana al juego y evitar que los salones se integren en la rutina visual de adolescentes y jóvenes.
Álvarez-Castellanos reprochó al Gobierno regional que utilice permanentemente la excusa de la “tramitación administrativa” mientras acumula decretos pendientes desde 2020 e incumple sus propios planes normativos. Para IU-Verdes, la demora continuada deja de ser un retraso técnico y se convierte en una decisión política: no regular, no limitar y no incomodar a un sector con intereses económicos evidentes.
El mismo modelo: juego sin control y educación pública abandonada
La intervención de IU-Verdes conectó la falta de regulación del juego con otro de los grandes frentes de crítica al Gobierno regional: el deterioro de la educación pública. Álvarez-Castellanos denunció también el abandono que sufren numerosos centros educativos públicos de la Región de Murcia, con infraestructuras deterioradas, falta de inversiones y ausencia de planificación por parte de la Consejería de Educación.
Para el diputado, ambas situaciones responden a un mismo modelo político: un Gobierno que prioriza intereses económicos privados frente a derechos sociales y protección de la mayoría trabajadora. La conexión no es casual. La falta de distancias de seguridad entre casas de apuestas y centros educativos afecta directamente a la juventud, mientras los propios centros públicos sufren problemas de mantenimiento, barracones, carencias de inversión o deterioro de infraestructuras.
IU-Verdes sostiene que el Ejecutivo regional no protege suficientemente a los jóvenes ni dentro ni fuera de las aulas. Dentro, porque no garantiza una educación pública con instalaciones dignas, seguras y bien financiadas. Fuera, porque mantiene paralizadas normas que deberían evitar que las casas de apuestas se instalen sin límites adecuados cerca de entornos educativos o espacios frecuentados por menores.
La crítica adquiere una dimensión social clara. La ludopatía golpea con especial dureza a personas con menos recursos, jóvenes expuestos a promesas de dinero rápido y familias que ya viven situaciones de precariedad. Cuando una administración no regula con firmeza, el riesgo no se reparte de forma igualitaria: suelen pagar más quienes tienen menos herramientas para protegerse.
Por eso, IU-Verdes exige una regulación estricta del juego que incluya controles reales de acceso, limitación de publicidad externa en salones, protección efectiva de menores y colectivos vulnerables, y distancias obligatorias mínimas respecto a centros educativos y otros espacios sensibles. La formación reclama que el Gobierno regional deje de aplazar decisiones y actúe con la misma rapidez con la que, según denuncia, atiende a otros intereses privados.
Una regulación pendiente que ya no admite excusas
La denuncia de IU-Verdes deja al Gobierno regional ante una pregunta sencilla: por qué siguen sin aprobarse medidas que distintos órganos consultivos y jurídicos han señalado como necesarias para reforzar la protección frente al juego problemático. Si el propio debate sobre el Reglamento del Bingo evidencia ausencias en materia de juego responsable y control de accesos, la respuesta política no puede ser seguir acumulando retrasos.
La Región de Murcia necesita una normativa que responda a una realidad que ha cambiado. Las apuestas y los salones de juego no son una actividad marginal. Forman parte del paisaje urbano de muchos municipios y barrios, se han normalizado a través de publicidad, patrocinios y presencia cotidiana, y conviven con una generación de jóvenes expuesta también al juego online. La protección debe adaptarse a ese contexto y no quedarse atrapada en decretos parciales o regulaciones que evitan tocar lo esencial.
IU-Verdes acusa al Ejecutivo de López Miras de gobernar para la patronal del juego y de abandonar a quienes necesitan protección. La frase es dura, pero resume el fondo político de la denuncia: si durante años se bloquean controles, distancias, límites publicitarios y garantías de acceso, el resultado beneficia a quienes explotan el negocio del juego y perjudica a quienes padecen sus consecuencias.
La cuestión de fondo no es solo cuántas casas de apuestas hay, sino qué modelo de sociedad se permite construir alrededor de ellas. Una administración que protege a la juventud debe reducir riesgos, no normalizarlos. Una política pública responsable debe anticiparse a la adicción, no esperar a que el problema destruya vidas familiares. Y un Gobierno que presume de defender a los jóvenes debería empezar por impedir que el negocio del juego se despliegue sin controles suficientes cerca de sus centros educativos.
La denuncia de Álvarez-Castellanos sitúa al Ejecutivo regional ante una responsabilidad que ya no puede seguir aplazando. Regular el juego con rigor no es una opción ideológica extrema, sino una obligación de protección social. Y si el Gobierno de López Miras mantiene paralizadas esas medidas, la conclusión de IU-Verdes es clara: ni protege a la juventud ni invierte lo suficiente en educación pública. En ambos casos, quienes pierden son los mismos: menores, familias y barrios que llevan demasiado tiempo esperando que la política regional deje de ponerse del lado de los intereses privados y empiece a defender de verdad el interés general.
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