Marisol Sánchez denuncia que el Gobierno regional incumple la ley al no publicar los datos del primer semestre de 2026
El PSRM-PSOE ha acusado al Gobierno de Fernando López Miras de mantener una política de “falta de transparencia” en la sanidad pública regional y ha exigido que publique “de una vez” los datos actualizados sobre las listas de espera del Servicio Murciano de Salud. La viceportavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Marisol Sánchez, sostiene que el Ejecutivo autonómico está incumpliendo sus obligaciones legales al no hacer pública la información correspondiente al primer semestre de 2026, mientras los últimos datos conocidos siguen siendo los de diciembre de 2025.
La denuncia socialista se produce en un contexto de fuerte presión política sobre la gestión sanitaria regional, marcada por las listas de espera, las derivaciones a la sanidad privada y la investigación sobre la presunta trama de prótesis caducadas o material no homologado. Sánchez ha situado todos esos elementos dentro de un mismo diagnóstico político: una sanidad pública sometida, según el PSOE, a un modelo de gestión opaco, con controles insuficientes y consecuencias directas para los pacientes.
“Las ilegalidades y la falta de transparencia son la seña de identidad de López Miras, como hemos visto con la trama de las prótesis y las listas de espera”, ha afirmado la viceportavoz socialista, según la nota remitida por el PSRM-PSOE. La dirigente socialista ha acusado al Ejecutivo regional de ocultar información relevante para intentar tapar, en sus palabras, “la situación crítica” que atraviesa la sanidad pública en la Región de Murcia.
El PSOE sostiene que el Gobierno regional debería haber publicado ya los datos de listas de espera correspondientes al primer semestre de 2026. Sin embargo, según Marisol Sánchez, la ciudadanía continúa sin disponer de esa información actualizada, pese a tratarse de datos esenciales para conocer el estado real de la asistencia sanitaria, los tiempos de demora y el número de personas pendientes de consulta, prueba diagnóstica o intervención quirúrgica.
Más de 160.000 pacientes en la última foto conocida
La viceportavoz socialista ha recordado que los últimos datos disponibles, correspondientes a diciembre de 2025, situaban a más de 160.000 ciudadanos en una situación especialmente preocupante: o bien tenían la cita por encima del tiempo máximo establecido por la ley, o directamente no tenían cita asignada. Para el PSOE, esa cifra resume el fracaso de un modelo que lleva años acumulando demoras y que el Gobierno regional intenta presentar como un problema coyuntural.
Sánchez ha rechazado que el Ejecutivo de López Miras atribuya la situación a las huelgas sanitarias o a circunstancias recientes. A su juicio, las listas de espera no son un episodio puntual, sino el resultado de una política sostenida durante años. “El PP lleva 15 años incrementando las listas de espera en esta comunidad autónoma, no se trata de un problema puntual, sino de un modelo de gestión”, ha señalado.
La lectura política del PSOE es clara: el Gobierno regional no solo no habría conseguido resolver el problema, sino que además estaría evitando publicar los datos actualizados para no asumir el coste político de una nueva fotografía de la sanidad murciana. La falta de publicación, según Sánchez, impide a la ciudadanía conocer la evolución real de las demoras y dificulta el control parlamentario y social sobre la gestión del Servicio Murciano de Salud.
El debate sobre las listas de espera afecta a uno de los derechos más sensibles para la población: el acceso efectivo a la atención sanitaria. Para un paciente pendiente de una prueba, una consulta especializada o una operación, la demora no es una cifra estadística. Es tiempo de incertidumbre, dolor, pérdida de calidad de vida y, en determinados casos, agravamiento de patologías. Por eso, la transparencia en estos datos no es un trámite administrativo, sino una obligación democrática y sanitaria.
La viceportavoz socialista ha insistido en que las consecuencias de esta gestión las sufren “todos los ciudadanos y ciudadanas cada vez que necesitan una consulta, se tienen que hacer una prueba o tienen que ser intervenidos”. Esa frase sitúa la denuncia en el terreno cotidiano de miles de familias que dependen de la sanidad pública para resolver problemas de salud que no pueden esperar indefinidamente.
Derivaciones privadas, prótesis y contratos bajo sospecha política
Marisol Sánchez ha vinculado la falta de publicación de las listas de espera con otros asuntos que han golpeado la credibilidad de la gestión sanitaria regional. En concreto, ha citado las derivaciones millonarias a la sanidad privada, el aumento de las demoras y la incertidumbre de pacientes que, según el PSOE, no saben si fueron intervenidos con prótesis caducadas o material no homologado.
“El balance de López Miras es: derivaciones millonarias a la sanidad privada al margen de la ley, aumento de las listas de espera y miles de pacientes que no saben si han sido intervenidos con prótesis caducadas o material no homologado”, ha denunciado Sánchez. La dirigente socialista también ha aludido a “contratos sin licitaciones públicas, hechos a dedo”, que, según su valoración política, habrían permitido operar a la presunta trama de las prótesis.
Estas afirmaciones deben entenderse en el marco de la denuncia política formulada por el PSOE y de las investigaciones abiertas en torno a la gestión de determinadas derivaciones y suministros sanitarios. La propia gravedad de los hechos obliga a un tratamiento prudente: la existencia de investigaciones o sospechas no equivale por sí sola a una condena, pero sí justifica exigir transparencia, auditorías, explicaciones públicas y controles reforzados sobre la contratación sanitaria y los circuitos de derivación.
El PSOE intenta conectar así dos planos de un mismo problema: por un lado, las listas de espera como síntoma de saturación del sistema público; por otro, las derivaciones a centros privados y la gestión de material sanitario como expresión de un modelo que, según los socialistas, ha debilitado la capacidad de respuesta de la sanidad pública regional.
La crítica tiene además una dimensión institucional. Si el Gobierno regional no publica los datos actualizados en plazo, impide comprobar si las medidas anunciadas para reducir demoras están funcionando o si la situación sigue empeorando. Sin datos recientes, la ciudadanía solo dispone de discursos contrapuestos: el relato oficial del Ejecutivo y las denuncias de la oposición, los sindicatos o los colectivos afectados.
El PSOE exige cumplir la ley y publicar los datos
La exigencia central de Marisol Sánchez es que el Gobierno regional cumpla la ley y publique los datos de listas de espera del primer semestre de 2026. Para el PSOE, la transparencia en sanidad no puede depender de la conveniencia política del momento ni de si los datos son buenos o malos para el Ejecutivo. Debe ser una obligación estable, periódica y verificable.
La publicación de las listas de espera permite conocer cuántas personas aguardan una intervención quirúrgica, una primera consulta especializada o una prueba diagnóstica; cuánto tiempo esperan; qué áreas sanitarias acumulan más demora; qué especialidades están más tensionadas; y si se cumplen o no los tiempos máximos garantizados. Sin esa información, cualquier análisis sobre la sanidad regional queda incompleto.
Sánchez ha acusado al Gobierno de López Miras de actuar con un “modus operandi” basado en la opacidad y ha afirmado que la falta de publicación de los datos constituye “otra ilegalidad más”. El PSOE sostiene que esta forma de gestionar se repite tanto en las listas de espera como en la presunta trama de las prótesis, dos asuntos que han colocado la sanidad pública murciana en el centro de la confrontación política regional.
La nota remitida por el PSRM-PSOE no incorpora la versión del Gobierno regional sobre las acusaciones formuladas por Marisol Sánchez. El Ejecutivo autonómico ha defendido en distintas ocasiones su gestión sanitaria y ha atribuido parte de las dificultades del sistema a factores asistenciales, organizativos o coyunturales, pero la denuncia socialista se centra ahora en una cuestión concreta: la obligación de publicar datos actualizados y permitir que la ciudadanía conozca la situación real.
“Desde el Partido Socialista de la Región de Murcia seguiremos defendiendo la salud de todos los ciudadanos y ciudadanas frente a un Gobierno de López Miras que la pone en riesgo continuamente”, ha concluido Sánchez.
El debate vuelve a dejar una pregunta de fondo para la sanidad regional: si las listas de espera están mejorando, el Gobierno debería tener interés en publicar los datos cuanto antes; y si están empeorando, la ciudadanía tiene todavía más derecho a conocerlo. En ambos casos, ocultar o retrasar la información no resuelve el problema. Solo aumenta la desconfianza sobre una gestión sanitaria que afecta directamente a la vida de miles de pacientes en la Región de Murcia.
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