El sindicato acusa al Gobierno municipal de paralizar ofertas de empleo, retrasar nombramientos e incumplir derechos reconocidos a la plantilla
CCOO ha denunciado una situación de “bloqueo” en la gestión de personal del Ayuntamiento de Murcia y acusa al equipo de Gobierno municipal de mantener paralizadas ofertas de empleo público, retrasar durante meses nombramientos e incorporaciones, incumplir derechos laborales reconocidos en el convenio colectivo y bloquear el diálogo social con la representación sindical de la plantilla.
La Sección Sindical de CCOO en el Ayuntamiento de Murcia sostiene que la política de personal está afectando tanto a los trabajadores municipales como al funcionamiento ordinario de los servicios públicos. Según la nota remitida por el sindicato, los retrasos, las decisiones no justificadas y la falta de resolución de expedientes internos están generando incertidumbre entre la plantilla, agravando la interinidad y deteriorando la capacidad de respuesta de la Administración local.
El sindicato denuncia demoras injustificadas en las tomas de posesión del personal fijo y en la incorporación del personal interino procedente de bolsas de trabajo. En el caso del personal fijo, CCOO afirma que en varias ocasiones ha transcurrido más de un mes entre la publicación del nombramiento y la toma de posesión efectiva, pese a tratarse de un trámite que, según la organización sindical, debería resolverse en aproximadamente una semana.
La situación sería todavía más grave en el caso del personal interino. CCOO asegura que se han registrado casos de trabajadores que han esperado cinco o seis meses para incorporarse tras ser convocados desde una bolsa de trabajo. Incluso, según el sindicato, algunas personas habrían recibido notificaciones posteriores informándoles de que la oferta quedaba sin efecto, después de haber sido llamadas para cubrir una plaza.
Para la organización, estos retrasos no son simples problemas administrativos. Según denuncia, han provocado que personas con menor puntuación en bolsa hayan accedido a puestos antes que aspirantes situados por delante en el orden de prelación. CCOO añade que, cuando se realiza el llamamiento a la persona seleccionada, el expediente ya cuenta con el visto bueno del concejal responsable, por lo que atribuye parte de las demoras a la falta de firma de los nombramientos durante semanas o incluso meses.
Ofertas de empleo paralizadas y más interinidad
Uno de los puntos más duros de la denuncia sindical se centra en la paralización de las ofertas de empleo público. CCOO afirma que las convocatorias correspondientes a los años 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 y 2025 carecen actualmente de tribunales designados, salvo algunas categorías de la oferta de empleo público de estabilización de 2022 mediante concurso-oposición.
El sindicato recuerda que esos procesos de estabilización debían estar finalizados por ley a 31 de diciembre de 2024. Sin embargo, según su denuncia, acumulan ya años de retraso, lo que cuestiona la voluntad real del equipo de Gobierno para estabilizar la plantilla municipal y reducir la temporalidad.
CCOO sostiene que la consecuencia directa de esta situación es que la tasa de interinidad es ahora más alta que cuando se iniciaron los procesos de estabilización. La organización advierte de que hay trabajadores interinos que acumulan más de ocho años en esa situación y sin perspectivas de que su caso se resuelva en un plazo razonable.
La denuncia apunta a un problema estructural en la gestión de recursos humanos del Ayuntamiento. Las ofertas de empleo público no solo sirven para cubrir vacantes, sino para garantizar estabilidad, ordenar plantillas, reforzar servicios y reducir la dependencia de nombramientos temporales. Cuando los procesos se bloquean durante años, la Administración queda atrapada en una provisionalidad permanente que afecta a los trabajadores y también a la ciudadanía.
El sindicato también critica la gestión de las bolsas de trabajo, cuya negociación asegura llevar reclamando desde hace años. CCOO acusa al responsable político de personal de adoptar decisiones “arbitrarias y sin justificar”, como la creación de una bolsa para cubrir plazas de ordenanza solo con aspirantes que superaron los cincuenta puntos en el concurso correspondiente, pese a que, según el sindicato, las bases establecen que debía formarse con quienes obtuvieran más de treinta puntos.
CCOO denuncia que esta decisión ha provocado situaciones difíciles de justificar. Según su versión, aspirantes a ordenanza con 49,800 puntos no estarían prestando servicio en el Ayuntamiento, mientras que aspirantes a conserje con 30 puntos en el concurso estarían trabajando como ordenanza, una categoría a la que no se presentaron y que, según el sindicato, ni siquiera tiene los mismos requisitos.
Derechos laborales reconocidos pero sin ejecutar
La Sección Sindical de CCOO también denuncia un incumplimiento generalizado de derechos laborales básicos. Entre los ejemplos citados figuran los retrasos en los reconocimientos de grado de la carrera profesional, el pago de dietas de kilometraje, los traslados entre servicios y la convocatoria de ayudas al estudio.
Según el sindicato, los reconocimientos de grado en la carrera profesional y las dietas de kilometraje acumulan retrasos sistemáticos sin justificación aparente. También asegura que hay traslados entre servicios denegados o demorados sin fecha, pese a que las personas solicitantes cumplirían los requisitos establecidos.
CCOO añade que la convocatoria de ayudas al estudio se ha retrasado más de tres meses tras un primer intento de recortarlas. Para el sindicato, este conjunto de decisiones refleja una práctica preocupante: derechos reconocidos formalmente en el convenio colectivo o en el acuerdo de condiciones de trabajo que después no se aplican por falta de firma o de resolución administrativa.
“¿De qué sirve negociar y firmar un convenio colectivo si luego los derechos que reconoce se niegan en la práctica mediante la sencilla técnica de no firmar las resoluciones necesarias?”, plantea la organización sindical en su comunicado.
La situación que CCOO considera más grave se estaría produciendo en el servicio de atención a la ciudadanía. Según el sindicato, en algunos casos desde hace más de tres años se estaría vulnerando el principio de igualdad salarial. La organización afirma que 27 de los 86 trabajadores que integran este servicio desempeñan las mismas funciones que el resto, pero perciben casi 140 euros menos al mes.
CCOO asegura que esta diferencia ha sido denunciada por el sindicato y admitida y reclamada por el propio servicio desde hace años, pero sigue sin resolverse por la negativa del concejal de Personal. La denuncia tiene especial relevancia porque afecta a un servicio de contacto directo con la ciudadanía, precisamente en un área donde la estabilidad y la igualdad de condiciones laborales inciden en la calidad de la atención pública.
Diálogo social bloqueado y acusaciones de trato discriminatorio
El sindicato también denuncia que el diálogo social se encuentra prácticamente paralizado en el Ayuntamiento de Murcia. Según CCOO, en lo que va de 2026 solo se ha celebrado una reunión de la Mesa General de Negociación, pese a existir una agenda pendiente con múltiples asuntos de interés para el conjunto de la plantilla municipal.
Para la organización, este bloqueo impide resolver de forma negociada los conflictos laborales existentes y deja sin cauce oficial las reivindicaciones de los trabajadores. La Mesa General de Negociación es el espacio donde deben abordarse las condiciones laborales, las ofertas de empleo, las bolsas, los procesos internos y los conflictos que afectan a la plantilla. Si ese órgano no se reúne con normalidad, la gestión de personal se desplaza hacia decisiones unilaterales o expedientes que se eternizan.
CCOO añade una denuncia de especial gravedad: un presunto trato discriminatorio hacia sus responsables y delegados sindicales. Según la Sección Sindical, se les han denegado permisos sin sueldo y prórrogas en la edad de jubilación que sí habrían sido autorizadas a responsables de otras secciones sindicales más “complacientes” con el Gobierno municipal.
La acusación apunta a un posible uso político de la gestión de personal y de las relaciones laborales dentro del Ayuntamiento. El sindicato sostiene que la política actual afecta al conjunto de la plantilla, pero también perjudica a la ciudadanía, que recibe un servicio público deteriorado, y a la propia institución, cuyo funcionamiento normal se ve comprometido.
La denuncia de CCOO sitúa al Gobierno municipal ante una batería de asuntos concretos que requieren explicación: por qué se demoran las tomas de posesión, qué ocurre con los nombramientos de interinos, cuándo se desbloquearán las ofertas de empleo público, por qué no se han designado tribunales en convocatorias acumuladas durante años, qué criterios se están aplicando en las bolsas de trabajo, cuándo se abonarán derechos pendientes y por qué solo se ha celebrado una reunión de negociación en lo que va de año.
La nota sindical no incorpora la versión del equipo de Gobierno municipal sobre las acusaciones formuladas. El fondo del conflicto, sin embargo, afecta a una cuestión central para cualquier administración local: la calidad de los servicios públicos depende también de una plantilla suficiente, estable, reconocida y gestionada con criterios objetivos. Si la política de personal se bloquea, el problema no queda dentro del Ayuntamiento. Termina llegando a cada oficina, a cada trámite y a cada vecino que necesita una respuesta de la Administración municipal.
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