Carmina Fernández reclama cesar a Isabel Ayala, informar a los pacientes y blindar la protección de la laguna en el Estatuto de Autonomía

El PSOE ha exigido la dimisión de Fernando López Miras y el cese de la consejera de Salud, Isabel Ayala, por sus responsabilidades políticas en la gestión del denominado caso Prótesis. La portavoz socialista en la Asamblea Regional, Carmina Fernández, reclama una revisión de todos los posibles casos, información individual a los pacientes y la entrega de la documentación solicitada por su grupo. En otra intervención parlamentaria, ha acusado al presidente de rebajar la protección del Mar Menor y ha reiterado la intención del PSRM de llevar esa protección al Estatuto de Autonomía.
Las dos iniciativas sitúan el foco en decisiones del Gobierno regional que los socialistas consideran incompatibles con la protección de la salud y del medio ambiente. En el ámbito sanitario, Fernández cuestiona el nombramiento y mantenimiento de Ayala, anterior directora gerente del Servicio Murciano de Salud (SMS). En el ambiental, denuncia que la reforma sobre el Mar Menor reduce las consecuencias para quienes incumplen las normas.
“Hay decisiones que un presidente firma. Y hay decisiones que un presidente sostiene”, ha afirmado Fernández durante la comparecencia de López Miras sobre la consejera de Salud, solicitada por el Grupo Socialista. La portavoz sostiene que el presidente debe responder tanto por el nombramiento como por su decisión de mantenerlo.
El PSOE reclama aclarar las advertencias y los controles del SMS
Fernández ha centrado parte de su intervención en el recorrido de las alertas internas sobre la compra de productos sanitarios. Ha citado un informe del 11 de abril de 2024, remitido por la directora de Gestión de La Arrixaca al gerente del hospital, que, según su exposición, advertía de irregularidades y de posibles implicaciones para la seguridad de los pacientes.
La portavoz exige conocer qué tratamiento recibió aquella advertencia dentro de la Administración y qué actuaciones se desarrollaron hasta que el asunto llegó a Fiscalía a finales de 2024. Subraya que durante ese periodo Isabel Ayala dirigía el Servicio Murciano de Salud.
También ha recordado que el entonces consejero, Juan José Pedreño, ordenó en noviembre de 2024 una auditoría interna para revisar la gestión del organismo e identificar posibles fraudes. Según el relato socialista, la primera fase de esos trabajos desembocó en una denuncia de la Consejería ante Fiscalía.
Para Fernández, esa secuencia obliga a explicar qué conocían los responsables del SMS y cuándo actuaron. La portavoz cuestiona además la posterior decisión de López Miras de sustituir a Pedreño y nombrar consejera a quien estaba al frente del servicio sanitario.
El PSOE sitúa estas preguntas en el contexto de una investigación que, según los datos policiales citados por Fernández, afecta a quince responsables y examina un perjuicio económico de alrededor de 6,9 millones de euros. La portavoz sostiene que se detectaron sobrecostes que en algunos casos superaban el mil por ciento en la adquisición de prótesis caducadas y no homologadas.
“Estamos ante hechos que obligan a examinar cómo funcionaron durante años los controles de una Administración que usted preside”, ha destacado. Sus exigencias se refieren a las responsabilidades políticas y a la supervisión administrativa, mientras las posibles responsabilidades penales forman parte de la investigación.
Fernández también ha reprochado al Ejecutivo su respuesta inicial tras las detenciones del 20 de mayo. Según recuerda, el Gobierno presentó entonces el asunto como un fraude económico sin afección a los pacientes y afirmó que no constaba la implantación de prótesis caducadas.
La portavoz contrapone esas afirmaciones con la información policial posterior que, según su intervención, acreditó al menos la implantación de un stent caducado. Añade que después se conoció otro posible caso. “Su Gobierno tardó seis días en ser desmentido por la Policía Nacional”, ha declarado.
Información paciente por paciente y explicaciones sobre los ceses
La atención a las personas potencialmente afectadas ocupa otro bloque de las reclamaciones del PSOE. Fernández denuncia que pacientes siguen solicitando sus expedientes y datos sobre los dispositivos implantados sin recibir, según sostiene, la información que necesitan.
“Nadie les ha dado tranquilidad y seguridad. Nadie les ha dicho qué llevan dentro de su cuerpo. ¿Quién de su Gobierno está protegiendo a las personas? ¿Quién las ha protegido todo este tiempo?”, ha preguntado.
El Grupo Socialista reclama que el SMS informe individualmente a toda persona sobre cuya intervención exista alguna duda. Defiende que esa actuación se realice sin esperar a que termine la investigación judicial y que las comprobaciones abarquen todas las áreas y especialidades necesarias.
La petición busca evitar que la revisión se limite a un único profesional o servicio. Fernández sostiene que cualquier posible afectado debe quedar incluido en las comprobaciones y recibir información sobre su situación.
Junto a esa revisión, el PSOE exige que el Gobierno entregue a la Asamblea toda la documentación que su grupo viene solicitando desde el 25 de mayo. La portavoz vincula el acceso a esos documentos con la necesidad de conocer cómo funcionaron los controles y qué decisiones adoptaron los responsables sanitarios.
Fernández ha cuestionado asimismo los ceses de los subdirectores generales de Asuntos Económicos, Asuntos Jurídicos y Proyectos e Innovación del SMS, producidos pocos días antes de la comparecencia del presidente. Según recoge el comunicado socialista, Salud justificó esos cambios como una renovación.
La portavoz reclama aclarar si guardan relación con las circunstancias investigadas y rechaza que se presenten como una respuesta suficiente sin explicar la gestión anterior. “No puede convertir estos ceses en la prueba de que ahora está poniendo orden sin explicar por qué ese orden no se puso antes”, ha afirmado.
El PSOE interpreta los cambios y los nuevos controles como motivos para exigir responsabilidades a Ayala por su etapa al frente del SMS. Esa valoración política sustenta su petición de cese y la exigencia de dimisión de López Miras por haberla nombrado y mantenido como consejera.
El Mar Menor y el anuncio de una reforma del Estatuto
En su intervención sobre el Mar Menor, Carmina Fernández ha acusado al presidente de incumplir su compromiso de no retroceder en la protección de la laguna. La portavoz cuestiona una reforma que, según denuncia, reduce sanciones y permite que quienes cometan infracciones graves o muy graves puedan seguir accediendo a ayudas públicas y subvenciones.
“No estamos ante una adaptación obligada por el Estado ni por un nuevo criterio científico. Estamos ante una decisión política de López Miras y del PP”, ha señalado.
El PSOE sostiene que reducir las consecuencias del incumplimiento debilita la capacidad protectora de la norma. Fernández recuerda que la ley nació como un consenso de mínimos para responder a una situación límite y reprocha al Gobierno que, seis años después, sigan pendientes instrumentos que considera esenciales.
Entre ellos menciona el Plan de Ordenación Territorial de la Cuenca Vertiente. La portavoz contrapone esa falta de desarrollo con la decisión de modificar el régimen de protección y sostiene que el Mar Menor continúa necesitando medidas permanentes y específicas.
Fernández también ha aludido al rechazo de colectivos que defienden la laguna y a la oposición de su Tutoría. En ese contexto, sitúa el principio de no regresión ambiental como uno de los elementos centrales del debate.
“Después de más de 30 años de gobiernos del Partido Popular, en cuya gestión está el origen del problema de la laguna, no pueden pretender hacernos creer que rebajar las consecuencias para quien incumple, deja intacta la protección del Mar Menor”, ha manifestado.
La portavoz ha relacionado estas críticas con la reclamación del Gobierno regional de asumir más competencias en materia de Costas. A su juicio, el desarrollo pendiente de instrumentos propios y la reforma planteada cuestionan la gestión que el PP haría de esas nuevas atribuciones.
Fernández ha reiterado que el PSRM acudirá a los tribunales si la reforma culmina. Además, ha recordado la iniciativa anunciada por Francisco Lucas para incorporar al Estatuto de Autonomía la protección del Mar Menor y el principio de no regresión ambiental.
“Queremos que la protección del Mar Menor quede blindada en el Estatuto de Autonomía, por encima de cualquier mayoría coyuntural”, ha afirmado. La portavoz plantea esa futura reforma como una decisión ante la que López Miras deberá fijar posición: “Veremos si de verdad quiere blindar el Mar Menor o si, cuando tenga que elegir, volverá a elegir rebajar su protección”.
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