El gasto en sanidad privada se dispara un 24 % en la Región mientras la pública colapsa

El gasto en sanidad privada se dispara un 24 % en la Región mientras la pública colapsa
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La sanidad pública en la Región de Murcia está en crisis. Desde 2020, el gasto del Gobierno regional en conciertos sanitarios ha crecido un 24 %, alcanzando los 173,1 millones de euros en 2023. Mientras tanto, los hospitales públicos están desbordados, las listas de espera son interminables y las áreas rurales sufren un abandono evidente. Para los murcianos, esta situación no es solo una estadística: afecta directamente a la calidad de la atención que reciben y a su acceso a servicios esenciales.

El gasto en sanidad privada se dispara un 24 % en la Región mientras la pública colapsa
Fuente: Servicio Murciano de Salud

A 30 de junio de 2024, más de 34.000 murcianos estaban en lista de espera para una intervención quirúrgica, con un tiempo medio de 92 días, según los últimos informes del Servicio Murciano de Salud (SMS). Si bien esta cifra está ligeramente por debajo de la media nacional, en especialidades como cirugía plástica y maxilofacial, las esperas pueden superar los 100 días.

Pero lo más alarmante no es solo el tiempo que se espera, sino las consecuencias de este retraso. Cada día, los murcianos se enfrentan a la incertidumbre de no saber cuándo podrán ser atendidos. Según la Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública de la Región de Murcia (ADSP-RM), 40,8 % de los pacientes superan los tiempos máximos legales, y 32,8 % ni siquiera tienen una cita asignada. Esto no es solo un fallo del sistema, es un golpe directo a la vida cotidiana de miles de personas.

Para intentar paliar esta situación, el Gobierno regional ha apostado por externalizar una parte importante de los servicios. En 2023, el 31 % de las intervenciones quirúrgicas de los murcianos se realizaron en hospitales privados, financiadas con fondos públicos. Además, el gasto en pruebas diagnósticas concertadas se disparó un 67 % en apenas cuatro años, pasando de 13,3 millones de euros en 2020 a 22,2 millones en 2023.

Aunque estas medidas alivian temporalmente las listas de espera, no resuelven el problema de fondo. Los murcianos que viven en zonas rurales o menos urbanizadas, como Caravaca, Jumilla o Mazarrón, enfrentan desigualdades significativas en comparación con quienes residen en áreas metropolitanas como Murcia o Cartagena. Estas localidades carecen de especialistas y recursos suficientes, lo que obliga a muchos pacientes a desplazarse o a depender aún más del sector privado.

Mientras el gasto en sanidad privada sigue creciendo, los hospitales públicos en la Región de Murcia enfrentan una realidad muy diferente. El déficit financiero del SMS, que ya supera los 3.600 millones de euros, ha llevado al cierre de plantas y a la suspensión de servicios esenciales en hospitales como el Rosell de Cartagena o el Virgen del Castillo de Yecla. La Atención Primaria, un pilar fundamental del sistema, también está en crisis: los médicos de familia atienden a más de 40 pacientes diarios, lo que deja menos de 10 minutos por consulta.

Para los ciudadanos de Murcia, esto se traduce en colas interminables en los centros de salud, citas que se retrasan semanas y una calidad asistencial que no está a la altura de lo que merecen. Además, los profesionales sanitarios denuncian condiciones laborales precarias y una carga asistencial insoportable, lo que pone en riesgo no solo su bienestar, sino también el de los pacientes.

El impacto de esta gestión ya es palpable en las cifras de negligencias médicas en la Región. En 2024, se registraron 454 reclamaciones, un 11 % más que el año anterior, con 37 casos de fallecimiento relacionados. Estas cifras no son meros números: reflejan el precio que los murcianos están pagando por un sistema sanitario desbordado y mal gestionado.

Además, la falta de planificación territorial está perpetuando desigualdades entre los municipios. Las áreas rurales y menos pobladas, donde vive una parte importante de la población murciana, son las más afectadas por la falta de personal y recursos. Esto pone de manifiesto la desconexión entre las decisiones políticas y las necesidades reales de los ciudadanos.

El Gobierno de López Miras defiende que la externalización es necesaria para garantizar la atención sanitaria en la región. Sin embargo, esta estrategia parece más una apuesta por la privatización encubierta que una solución a largo plazo. En lugar de invertir en recursos humanos, tecnología y ampliación de infraestructuras públicas, los fondos se desvían cada vez más al sector privado, perpetuando una dependencia que compromete la sostenibilidad del sistema público.

Para los ciudadanos de Murcia, el futuro de la sanidad pública no es solo una cuestión política: es una cuestión de calidad de vida. Las decisiones que se tomen en los próximos años serán determinantes para garantizar un acceso equitativo y de calidad a los servicios sanitarios.

El Gobierno de la Región debe replantear su estrategia y apostar por fortalecer el sistema público en lugar de recurrir al sector privado como solución fácil. Los murcianos merecen algo más que parches temporales y cifras maquilladas. Merecen un sistema sanitario que esté a su altura, que priorice sus necesidades y no los beneficios de unos pocos.

En un momento en el que la sanidad pública está al borde del colapso, es fundamental que los murcianos exijan respuestas, pero sobre todo, soluciones. La salud no es un lujo, es un derecho. ¿Responderá el Gobierno regional a esta llamada o seguirá dejando que el sistema público se desmorone?

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